“Me vine a Chiquinquirá [Boyacá] para estar más cerca de ella. No me fui al occidente, a Coscuez, porque allá los mineros son cosa complicada. Le habían dicho a mi padrastro –un man de por allá– que yo tenía que ser de él, a la fuerza, no es si a uno le gusta alguien, es porque sí, porque tocaba dejarle las hijas. Entonces por eso yo me quedé acá viviendo”. María Victoria llegó a ese municipio de Boyacá para estar cerca de su madre. Ella es una mujer víctima de la violencia que durante años estuvo de lugar en lugar, realizando muchos oficios para ganarse la vida.
Para el Estado colombiano el 47% de las personas desplazadas reportadas en el Registro Único de Víctimas RUV lograron la reunificación familiar cuando la solicitaron a las entidades del Estado. Así mismo, ese porcentaje equivale a que tan solo un 67% de todas las víctimas del conflicto está registrado ya que no se logró tener el 100% de estas personas en la base de datos RUV. Esto quiere decir que el subregistro vuelve a marcar un punto importante en el estudio de los impactos de la guerra en Colombia.
Ahora bien, y regresando a las reunificaciones, la anterior cifra no revela los lugares de los reencuentros, por lo que también es complejo de establecer si las personas que retornaron se volvieron a encontrar, si lo hicieron en los lugares de acogida o en dónde y bajo qué circunstancias. Así mismo, la Corte Constitucional concluyó usando como base un estudio de impacto de víctimas del DANE, que el 78% de quienes retornaron lo hicieron y lo hacen sin acompañamiento institucional.
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En ese mismo análisis de la Corte, se ha definido que han sido unos 94.318 hogares los que se han reencontrado, hasta diciembre de 2015. En el caso de los niños, niñas y adolescentes se calcula que tan solo el 0.3% de los 802.812 menores desplazados, regresaron al seno de sus hogares. Así mismo, de las cerca de 9.176 víctimas de desplazamiento escuchadas por la Comisión de la Verdad, el 66% han regresado, y de las personas que sufrieron este hecho siendo menores de dieciocho años, tan solo un porcentaje cercano el 30% han podido volver.
Lo anterior no solo refleja el deterioro en las familias, además de las escasas garantías de quienes en su momento eran jóvenes (o incluso lo siguen siendo) para regresar a sus territorios o volver al reencuentro con las familias, gozando sus vidas en pleno derecho y se han quedado en la mayoría de los casos en las grandes ciudades, rompiéndose con el tejido social de la ruralidad.
De acuerdo a cifras del RUPD (Registro Único de Población Desplazada) tan solo el 8.8% desea retornar, un 89% no lo desea y el restante no sabe aún. En cuanto a los jóvenes, tan solo el 7.8% desean regresar y el 89.5% no lo quiere hacer. La composición demográfica del campesinado colombiano ha cambiado de manera profunda, por ejemplo, en el año 1985 la población rural menor de 29 años era el 65% del total, mientras que para el año 2020 ese mismo grupo población representaba un 51%.
En las últimas tres décadas la población de infantes, niños, niñas y adolescentes en la ruralidad colombiana ha decrecido de manera significativa. En estos momentos los niños en el campo representanta un poco más del 30%, mientras que para los 80s esta población equivalía a un 48%. Esto quiere decir que en los campos colombianos la población más joven equivale a unos 4 millones de personas, lo que permite inferir que las nuevas generaciones llamadas a ocupar el lugar de sus padres para trabajar en la cadena productiva que impulsa el campesinado del país, se está reduciendo de manera significativa.
Muchos menores ahora jóvenes o adultos regresaron, pero las condiciones de vida no fueron las mismas si se compara al momento de la salida del territorio, en primer lugar, porque las secuelas no se borran tan fácil, así como el dolor, angustias y trabajos que pasaron mientras estaban en las ciudades o cabeceras urbanas. Por otro lado, porque al regresar las condiciones de vida, sobre todo las económicas habían cambiado de manera radical y las dinámicas no volvieron a ser las de antes, ocasionando que las penurias en muchos de los casos no se solucionaran.
Las víctimas menores de edad y ahora adultos evidencian que las medidas de protección del Estado fueron muy ineficientes, si en su momento no funcionaron, cuando eran menores y el Estado estaba en la obligación de brindarles amparo, ahora, en la vida adulta, esas políticas y medidas son casi que inexistentes.
