
Grave crisis humanitaria en el Guaviare: confinamiento, amenazas y bloqueos armados
El departamento registra desapariciones forzadas, menores de edad reclutados y asesinados, y más de 10.000 personas confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de Iván Mordisco y las de Calarcá.
La Defensoría del Pueblo advirtió recientemente, a través de sus redes sociales, sobre la grave crisis humanitaria que enfrenta el departamento del Guaviare. La situación refleja la persistencia de dinámicas de violencia y vulneraciones de derechos humanos, con desaparecidas y desaparecidos, menores de edad reclutados y asesinados, y más de 10.000 personas confinadas debido a enfrentamientos entre estructuras disidentes de las antiguas FARC, bajo el mando de Iván Mordisco y Calarcá. Estos hechos ya habían sido alertados en la Alerta Temprana 001 emitida por la entidad en enero de este año.
A la zozobra que vive la población se suman audios que circulan en redes sociales, cuya veracidad aún no ha sido confirmada. En uno de ellos, un hombre que se identifica como Yimmy Martínez, presunto integrante del Bloque Amazonas de las FARC-EP, ordena el cierre del comercio entre el caserío Barranco Colorado y la vereda Aguabonita.
“¿Motivos?, ya saben cuáles son los motivos, eh, aquí en la confrontación con los paramilitares de Calarcá y pues como ya se está mirando en partes, están sacando por allá remesa de todas esas partes, entonces para que no se presten en esta situación y los que los que ya lo hagan, pues es, si están trabajando con ellos, pues es realmente que echen con ellos, ¿no?”, se escucha en el audio.
El hombre advierte que quienes presuntamente colaboren con ese grupo armado deben retirarse del área por su cuenta, pues no responderán por las consecuencias. También ordena la prohibición total del tránsito por la trocha, señalando que cualquier moto o carro encontrado será incinerado.
En otro audio, se escucha a quien se presenta como el comandante Majin Buu del Frente 44 “Antonio Ricaurte” del Bloque Amazonas, perteneciente a la estructura Manuel Marulanda Vélez, de las FARC-EP, bajo el mando de alias Corea, Guaca, Alexis, Carolina y Boyaco. En su declaración, reitera la orden de no permitir el paso de ningún tipo de vehículo: “no queremos ver ninguna clase de vehículos por la Trocha Ganadera desde Aguabonita hasta Charras, veredas como Guanapalo, Charrasqueras, El Macú, Puerto Mentira, Caño Perro, Caño Blanco, San Luis (…) y ninguna de las demás veredas vecinas”.
Aunque aún no hay claridad frente a estos audios, la Defensoría del Pueblo confirmó que, desde el pasado 26 de mayo, comunidades ubicadas a lo largo de la Trocha Ganadera -una vía que conecta cerca de 60 veredas y unas 10.000 personas- están siendo víctimas de confinamiento forzado debido a un bloqueo armado impuesto por estas estructuras ilegales.
Por su parte, la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su respaldo al pronunciamiento de la Defensoría, manifestando preocupación por la suspensión de clases, la ocupación de escuelas y las vulneraciones contra liderazgos comunales, campesinos y pueblos indígenas como los Nukak, Jiw y Sikuani.
De acuerdo con cifras de la Defensoría, la educación se encuentra suspendida en 43 sedes de siete instituciones educativas. Al menos 170 niños y niñas están sin clases, ocho residencias escolares han sido cerradas, afectando a cerca de 572 menores y jóvenes, y 72 docentes se han visto forzados a abandonar el territorio.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la ONU hicieron un llamado urgente a las estructuras disidentes de las antiguas FARC que incluyen el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Calarcá Córdoba, y el Bloque Amazonas, al mando de Iván Mordisco, para que cesen de inmediato las acciones que ponen en riesgo la vida, integridad y libertad de miles de habitantes de sectores como Charras Boquerón, Interveredal de San Francisco, Guacamayas, Cámbulos y otras veredas del municipio de San José del Guaviare.
Además, la ONU recordó a los grupos armados su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario-DIH y los derechos humanos, haciendo énfasis en el principio de distinción y en el Artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, que establece normas mínimas de protección para las personas afectadas por conflictos armados no internacionales.