Ecopetrol financia proyectos sociales en Guamal, pero ignora investigación del río Humadea

Mientras la petrolera invierte millones en alianzas con ONG y proyectos productivos, en el municipio de Guamal, departamento del Meta, la comunidad sigue sin fondos para estudios hidrogeológicos que protejan el río, en un momento de amenaza de explotación petrolera en la zona.

El río Humadea se oscureció. Hace unos 10 años, dicen quienes viven cerca, sus aguas eran tan cristalinas que se alcanzaba a ver el fondo adornado con piedras y peces. Su temperatura templada atraía a miles de turistas al año.

“Son un par de características espectaculares que no las tiene ningún otro río aquí en la zona”, cuenta Edgar Humberto Cruz, defensor de derechos humanos, ambientalista e integrante de la Corporación Ambiental y Turística Alas del Humadea (Corpohumadea), desde donde ha liderado una lucha ambiental que lleva más de una década, junto a Marlén Arévalo, delegada en el sector ambiental de la Mesa Nacional de Garantías, y, además, su esposa hace más de 20 años.

De acuerdo con Edgar, el gerente de la región de la Orinoquía de Ecopetrol en ese momento mencionó que la Ley de Garantías, que entraría en vigencia en aproximadamente ocho días o dos semanas debido a las elecciones del Congreso, impedía la realización de los estudios.

Hoy la realidad es distinta. Así lo sienten las y los habitantes del centro poblado Humadea, a orillas del afluente. Relatan que el río ha perdido su transparencia, pues la sedimentación ha teñido sus aguas, su cauce se percibe más arenoso y su vegetación luce apagada. 

El período en que el río empezó a enturbiar coincide con el lapso en que Ecopetrol construyó dos plataformas. En 2012 la petrolera avanzó en fases exploratorias, construyendo Lorito 1, suspendida por orden de la Corte Constitucional al poner en riesgo los derechos al agua, la salud y la vida de más de 300 personas abastecidas por el acueducto comunitario; y Lorito 1 Reubicado, levantada a solo 350 metros del río.

La plataforma de exploración petrolera Lorito 1 fue construida a 95 metros del río Humadea, en la vereda Montecristo, donde existe un acuífero que es una reserva de agua dulce de 1.032 hectáreas de extensión, cuyo nivel freático se encuentra a escasos 60 centímetros de la superficie del suelo en época de verano y en temporada de lluvias se recarga con abundante agua. 

El verdadero motivo del cambio en el estado de las aguas del Humadea sigue siendo incierto, pues nunca se han realizado estudios hidrogeológicos de gran escala que lo revelen, debido a su alto costo.

La exploración petrolera no avanzó en la zona porque la comunidad local se movilizó. “Iniciamos un plantón pacífico en febrero del 2013, que se extendió por un espacio como de 8 meses y medio (para impedir el ingreso de la maquinaria que perforaría Lorito 1), pero el día que iniciamos el plantón pacífico llega el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Guamal de ese momento a decirnos que teníamos que darle ingreso, que dejara entrar la empresa petrolera porque ellos traían el desarrollo”, recuerda Edgar. Pero finalmente, después de un largo proceso, la sentencia fue emitida.  

Ecopetrol no puede entrar a producir en el área cercana a Humadea hasta obtener una licencia ambiental de desarrollo y cumplir las condiciones y restricciones derivadas del fallo T-652 del 2013 y de la gestión del riesgo hídrico del afluente.

Pero, el 18 de junio de 2025, Ecopetrol declaró la comercialidad, ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), sobre el descubrimiento Lorito 1. Según la empresa, esta decisión se debe a los resultados técnicos y operacionales que confirman un volumen de hidrocarburos recuperables estimado en 250 millones de barriles de crudo correspondientes a un Plan de Desarrollo que considera la experiencia adquirida en el área, con el fin de maximizar el recobro, de los cuales 109 millones de barriles de petróleo equivalente (MBPE) son recursos contingentes certificados, netos para Ecopetrol, a diciembre 31 de 2024. El crudo original en sitio estimado es de 2.154 millones de barriles de crudo.

Ante la posibilidad de que la petrolera retome actividades en el territorio, la comunidad teme por la seguridad del río. Los y las habitantes piden estudios técnicos sobre el estado actual de las aguas, pero su alto costo dificulta la realización. Se propuso que Ecopetrol financie este análisis, pero la empresa no respondió a la solicitud. En cambio, invierte en proyectos sociales implementados en Guamal por instituciones reconocidas internacionalmente, lo que le permite asociar su nombre a iniciativas positivas.

Estudios necesarios, pero sin financiación

Para conocer el estado de las aguas del Humadea, la comunidad buscó, de manera independiente, el acompañamiento de profesionales especializados. Estos expertos les indicaron que era necesario realizar estudios hidrogeológicos, advirtiendo además que su costo resultaba sumamente elevado.

En una reunión de la mesa de temas ambientales con la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), Ecopetrol propuso financiar los estudios técnicos en el río, pero con la condición de que fueran realizados por el laboratorio de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, las y los representantes de la comunidad rechazaron esta propuesta, argumentando que la entidad encargada de realizar los estudios debía ser el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional, o un laboratorio extranjero completamente independiente de la industria de hidrocarburos.

En una reunión en la que la Gobernación del Meta firmó un convenio con la Embajada de Canadá por 11 millones de dólares canadienses, afirma Edgar, levantó la mano y pidió la palabra con el fin de sugerir que ese dinero se use para cubrir los costos de los estudios hidrogeológicos y geoeléctricos de toda la Orinoquía. Esta propuesta, dice él, fue rechazada por la Secretaría de Ambiente del Meta. 

Según estándares internacionales, un estudio hidrogeológico integral para proyectos extractivos debería incluir la perforación de pozos exploratorios y piezómetros en distintos puntos de la cuenca para medir calidad y cantidad del agua subterránea; la modelación hidrogeológica computacional para entender la dinámica de recarga y flujo entre aguas superficiales y subterráneas, así como los riesgos de contaminación en caso de derrames; el monitoreo multianual de caudales, niveles freáticos y recarga de acuíferos, con estaciones automáticas de transmisión de datos; y análisis de laboratorio avanzados para identificar hidrocarburos, metales pesados e isótopos de agua. Estos últimos recomendados por el Organismo Internacional de Energía Atómica para rastrear el origen y vulnerabilidad de los acuíferos. 

La Agencia Internacional de Energía (IEA) y la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), definen que los estudios hidrogeológicos para proyectos petroleros o ambientales de gran escala requieren un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales en geología, hidrología, ingeniería, biología, química y ciencias sociales, con maquinaria de perforación, redes de monitoreo de aguas subterráneas y laboratorios de alta complejidad. Estos estudios pueden costar decenas o incluso cientos de millones de dólares, dependiendo de la extensión de la cuenca y el nivel de modelación requerido.

En Colombia no existen estimaciones públicas que alcancen esos niveles de costo para estudios hidrogeológicos integrales en cuencas completas, pero hay referencias parciales como las del Estudio Nacional del Agua 2022, que señala que el  inventario de puntos de agua subterránea a nivel nacional “sigue siendo insuficiente y nos lleva a concluir que el país desconoce los dominios de aprovechamiento del agua subterránea en Colombia”. En términos generales, “el conocimiento hidrogeológico es incipiente en Colombia y en especial en la Orinoquía”.

Entonces, tomando como referencia estimaciones internacionales, un trabajo de este tipo en el Humadea podría oscilar entre tres a ocho millones de dólares (aproximadamente 12.000 a 32.000 millones de pesos colombianos), teniendo en cuenta el alcance de la investigación y la entidad que lo contrate, ya sea una petrolera o un organismo internacional. 

Ecopetrol invierte en proyectos sociales en la región

En 2017, la Société de Coopération pour le Développement International (Socodevi), organización de cooperación internacional canadiense fundada en 1985 en Quebec, se puso en contacto con una asociación de agricultores de Guamal, y se comprometió a aumentar su producción de cacao y a abrir el mercado internacional para las y los productores. 

En 2020, Socodevi firmó una alianza de cooperación junto a Repsol y el Gobierno de Canadá, orientado al fortalecimiento de cadenas productivas rurales mediante el programa AgroEmprende Cacao. Según la respuesta de Ecopetrol a este reportaje, el acuerdo corresponde al Convenio No. 3029302 (Acuerdo de cooperación No. 4), derivado del Convenio Marco No. 3008158, que fue formalizado con acta de inicio el 23 de enero de 2020 y tiene una vigencia de seis años, hasta el 23 de enero de 2026. 

El aporte de Ecopetrol para el proyecto fue de 13.540.626.620 pesos colombianos, mientras que Socodevi destinó $7.987.376.454 para un total de $21.528.003.074. 

Fabián León, director de la oficina del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos  (CIEDH) en Colombia, analiza que, en estos casos, el impacto de cualquier actividad empresarial debe medirse con criterios técnicos, y las compensaciones deben responder de manera proporcional y efectiva a esos impactos. “Por ejemplo, regalar plántulas puede ser una estrategia comercial, pero no necesariamente responde al impacto ambiental de la actividad”, afirma.

Por su parte, Lucca Rizzo, especialista senior en Financiamiento Climático del Instituto Clima y Sociedad (iCS), explicó que frente a la financiación, por parte de petroleras, de proyectos sociales, existen dos posturas: una que dice que no se puede trabajar con estas empresas, y otra que sostiene que se debe trabajar con ellas para financiar acciones climáticas. “Porque estas empresas tienen recursos, y deben comenzar no solo a reducir su producción de petróleo y gas, sino a invertir realmente en la transición energética”, sugiere. 

“En mi opinión, aunque sé que hay divergencias y personas que piensan distinto, sí es posible trabajar con las petroleras en este aspecto, aprovechar sus recursos para ampliar el financiamiento destinado al desarrollo y a la agenda climática”, dice Lucca. Como ejemplo, puso el caso de Petrobras en Brasil. La empresa financia proyectos de restauración de tierras degradadas en las que nadie invertía por su alto costo, y a cambio puede recibir créditos de carbono. 

Eso sí, insistió en que no se trata de que se aumente la producción de petróleo y, al mismo tiempo, se financie en la transición energética: “Tienes que reducir por un lado, y aumentar por el otro, hasta que la economía misma haga esa transición. Es decir, que los trabajadores de esas empresas puedan reubicarse en otros sectores, en lo que llamamos la economía verde”.

Alianza entre la FAO y Ecopetrol

Hace unos cinco años, recuerda Edgar, se encontró en Villavicencio con un amigo que había empezado a trabajar con la FAO, a quien le preguntó cuándo la entidad iba a apoyar proyectos productivos en Guamal. Él le contestó que, en realidad, ya llevaban seis meses trabajando allí y que los recursos del proyecto provenían de Ecopetrol.

Otro funcionario que quería vincular a Corpohumadea a uno de sus proyectos, explicó que Ecopetrol llevaba años intentando articular con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) sin éxito, hasta que la agencia aceptó, con la condición de que la petrolera entregaría el dinero únicamente como donación, sin intervenir en la ejecución. Pero en uno de los encuentros, Marlén Arévalo, delegada del sector ambiental en la Mesa Nacional de Garantías e integrante también de la corporación ambiental, recibió tres formatos de asistencia: dos con logos de Ecopetrol y uno de la agencia, por lo que se negó a firmar los que incluían a la petrolera. Le reclamó al funcionario, recordándole que una de las condiciones para su participación en la iniciativa, era no agregar a Ecopetrol en la ejecución. 

Para Nelson Vivas, ambientalista e integrante de la corporación Cabildo Verde, estas alianzas representan una jugada contradictoria. “Definitivamente uno, o mantiene una posición erguida y consecuente, o sencillamente se hace un lado y no le miente a la ciudadanía. Es increíble ver que aquí, de palabra, se está contra el cambio climático, pero, de hecho, apoyan la explotación petrolera, la explotación de la minería de combustibles fósiles”, afirma Nelson.

Este proyecto actualmente funciona bajo el convenio No. 3053741 para la consolidación de la Red de Abastecimiento de Alimentos, iniciando en abril de 2023 y con fecha de finalización en agosto de 2026. Tiene como objetivo la consolidación del modelo inclusivo de abastecimiento territorial de alimentos con pequeños y medianos productores en los municipios de Acacías, Castilla La Nueva, Guamal, Villavicencio, Cubarral y Puerto Gaitán del departamento del Meta.

La inversión total es de 47.851.118.262 de pesos colombianos, siendo $38.272.929.727 aportados por Ecopetrol, mientras que la FAO sumó $9.578.188.535, esta última cifra incluye aspectos técnicos, financieros y en especie. El valor invertido por la petrolera podría cubrir los costos del análisis del río que solicita la comunidad. 

La Red de Abastecimiento de Alimentos, según la FAO, es una iniciativa impulsada desde 2019 que hoy reúne a más de 3.000 pequeños y medianos productores, 247 emprendimientos familiares y 32 asociaciones de los municipios de Villavicencio, Acacías, Guamal, Castilla La Nueva, San Luis de Cubarral y Puerto Gaitán, en el Meta.

Para Fabián, instituciones como la FAO, que están cimentadas en el multilateralismo, tienen el compromiso, desde su origen y funcionamiento, de promover procesos de vida digna, garantizar el respeto a los derechos humanos y asegurar que en el marco de sus operaciones no existan vínculos con empresas o actores que puedan vulnerarlos. “Uno esperaría una postura un poco más neutral, si se quiere, y mucho más diligente en materia de derechos humanos (…) que estos organismos multilaterales sean diligentes a la hora de construir las relaciones, de a quién financian y cuál es el impacto que podrían tener sus proyectos”, afirma.

Una nueva amenaza de explotación petrolera

En Lorito 1, el área sobre la cual Ecopetrol declaró recientemente la comercialidad – aunque en el yacimiento hay un volumen original estimado de 2.154 millones de barriles – solo una parte relativamente pequeña puede aprovecharse, es decir, cerca de 250 millones (12%) son técnicamente recuperables, mientras que el resto (88%) permanecerá bajo tierra porque las tecnologías actuales no permiten extraerlo. Es decir, pese al enorme tamaño del yacimiento, la ganancia real es limitada. La explotación implica riesgos socioambientales, especialmente en una zona sensible como la del río Humadea.

“Es increíble que Ecopetrol, a pesar de estar en un gobierno que piensa distinto a lo que piensa Ecopetrol, no se ha podido transformar. Sí se ha detenido la extracción de petróleo. Hoy por hoy se lamentan de que no se extraiga más petróleo. A mí me parece que si hay que renunciar a una riqueza por proteger la vida, hay que hacerlo”, opina Nelson.

Y es que, el anuncio sobre Lorito 1 se da en medio del Gobierno de Gustavo Petro, quien desde la campaña abanderó la transición a energías limpias. El año pasado, durante el XXI Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por la Cámara Colombiana de Infraestructura, señaló que el país se basa en un modelo económico de carbón y petróleo que fue adoptado en los últimos 50 años, dejando de lado otros sectores de la economía cafetera y rural. 

“Ecopetrol tiene un papel: que el chip de Ecopetrol se vaya volviendo a energías limpias”, dijo Petro en julio de este año durante el evento “Transición energética: geotermia para la vida”. Aunque la petrolera ha venido realizando acciones para hacer ese cambio como invertir en energías renovables y apostarle a la generación de energías limpias; sigue dependiendo mayoritariamente de la extracción de petróleo. 

Socodevi, la FAO, la Embajada de Canadá y la Gobernación del Meta, fueron contactadas para conocer su posición, pero hasta el cierre de esta publicación no respondieron. Por su parte, Ecopetrol se limitó a dar explicaciones de carácter técnico y económico, sin pronunciarse frente a los señalamientos expuestos en este reportaje.

Al final, estas alianzas con Ecopetrol, acusada de afectar al territorio y sus comunidades, agudizan la desconfianza de la población en las instituciones, la cual se enfrenta a cifras de inversión y discursos de sostenibilidad. Este panorama invita a cuestionarse quién realmente vela por los derechos de las comunidades.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina