Las confrontaciones que según la denuncia, llevan más de 10 días, gira en torno a la erradicación forzada por parte del Ejército sin garantías de subsistencia para las y los campesinos, lo que representa el incumplimiento al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, pactado dentro del Acuerdo de Paz.
Desde el pasado 26 de mayo, el colectivo Voces del Guayabero ya venía dando a conocer los ataques del Ejército Nacional contra los campesinos agrupados en la vereda Tercer Milenio, quienes habrían disparado indiscriminadamente contra la población civil desarmada.
El suceso, dejó tres heridos producto de las ráfagas del fusil, “lo que podemos caracterizar como intento de homicidio, hecho violatorio de los derechos humanos y del DIH (Derecho Internacional Humanitario), puesto que están violando el principio de distinción entre población civil desarmada y objetivos militares o personal combatiente”, dice un comunicado de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Luego, el pasado 4 de junio, un video publicado por Voces del Guayabero, muestra la llegada sobre las 5:00 a.m., de 11 helicópteros cargados de tropas integradas por cerca de 300 hombres portando indumentaria del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD pero sin llevar distintivos oficiales de esa institución, según informó el colectivo en un comunicado de prensa.
Tal como registra el video, las tropas arremetieron contra la población civil desarmada con bombas aturdidoras, gases lacrimógenos, garrotes, ráfagas de fusiles y ametralladoras. El colectivo de campesinos aseguró que los miembros de la Fuerza Pública apuntaban directamente al pecho de los manifestantes, especialmente de quienes identificaron como líderes.
Los integrantes de la Fuerza Pública, también habrían quemado casas y maletas de las y los campesinos. Aunado a eso, los militares al parecer afirmaban que “a eso los mandó el General Flores, a matar esos guerrilleros hijueputas”.
En medio de los ataques, resultó herido Fernando Montes Osorio, periodista popular que hace parte de Voces del Guayabero. El afectado recibió dos impactos de bala, “producto de disparos de alta precisión dirigidos por francotiradores del Ejército”, aseguró el colectivo.
El primer disparo le destrozó parte de la mano a Montes, por lo que perdió dos dedos y de empeorar la herida, perdería esta extremidad por completo. El segundo lo recibió el bolso de la cámara que portaba mientras registraba los hechos, “por lo que se presume que (el ESMAD) llevaba la clara intención de dañar el material de trabajo”. Ante lo sucedido, el colectivo considera que los hechos reflejan también un ataque directo a la libertad de prensa.
Los comunicadores populares aseguraron además que, en una protesta pacífica y sobretodo cuando se presentan confrontaciones, “se estrecha la multitud creando el ambiente favorable para la propagación del virus CVID-19 (…) Por lo tanto, al más mínimo indicio de contaminación de la pandemia del coronavirus en nuestro territorio, las comunidades en su comunicado público responsabilizan directamente al general Raúl Hernando Flores, ya que dieron resultados positivos en las pruebas del COVID-19, dos soldados adscritos a la brigada número uno de la Macarena, Meta”.
Por su parte, el Comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, informó en un comunicado de prensa que “en cumplimiento de esta misión de erradicación, las tropas el día 26 de mayo y hoy 04 de junio del año en curso, nuevamente son constreñidas y obstruidas mediante asonada violenta con vías de hecho, por lo cual se requirió el uso de medidas disuasivas empleando personal de la Policía Nacional, adscrito al Escuadrón Móvil de Antidisturbios (ESMAD)”.
El documento añade que “los pobladores de la región adelantan esta acción hacia las tropas, bajo la presión ejercida por los alias Gentil Duarte, Maneto, Leopoldo, integrantes del Grupo Armado Organizado Residual, (GAO-r), Estructura Séptima”.
Sin embargo, Voces del Guayabero señaló que estas afirmaciones son falsas y que Oscar Ojeda Erazo, a quien la población reconoce como ‘Leopoldo’ dado que ese era su alias durante el tiempo que integró las filas del ahora inexistente grupo guerrillero FARC-EP y de donde salió reincorporado con el proceso de desmovilización y entrega de armas, está siendo acusado en realidad por su labor como líder campesino y asesor político de las comunidades.
Las y los campesinos también aseguraron no estar atacando violentamente a la Fuerza Pública, pues según ellos, solo portan «un palo con el simbolizan sus protestas». Afirmaron que tampoco son guerrilleros.
Las y los campesinos de la zona aseguran que la situación no se trata de un conflicto interno, sino de reivindicación social con respecto a la erradicación de cultivos de uso ilícito, ganadería legal en zona de parques y el derecho a la tierra y su propiedad individual o asociativa, para la subsistencia de la población campesina. “Aquí hace mucho años no hay presencia del Estado, eso es lo que nos tiene volcados en los potreros, trabajando en este medio (siembra de coca)”, señaló uno de los afectados por los ataques de la Fuerza Pública.
