Colombia sigue en pie de lucha durante el Paro Nacional indefinido pese a represión policial

La indignación de los colombianos y colombianas se desató cuando se dio a conocer el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, es decir, una Reforma Tributaria que en plena crisis económica derivada de la pandemia, afectaría a la clase trabajadora del país. En consecuencia, sindicatos y diferentes sectores sociales a nivel nacional convocaron a una protesta pacífica para el 28 de abril. 

El día pactado para el Paro Nacional llegó y en gran parte del territorio nacional las calles se vieron abarrotadas con el poderío de un pueblo indignado que exigía que se hunda la Reforma Tributaria. Desde entonces, la movilización social no ha parado. Sin embargo, la represión policial ha provocado estragos aun cuando el derecho a la protesta es protegido por la Corte Constitucional. Tan solo en Cali, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías informó haber recibido la denuncia de 14 personas asesinadas por disparos de integrantes de la Policía Nacional, pero el Ministerio de Defensa constató un fallecimiento. 

Violencia policial durante las manifestaciones

Por su parte, la ONG Temblores reportó más de 1.181 casos de violencia policial. En su más reciente informe, la organización reveló la cifra de violaciones a los derechos humanos que han podido verificar durante el paro nacional. Se detalló que estos casos fueron denunciados en Grita, una plataforma de la entidad, entre las 6:00 a. m. del 28 de abril y las 10:00 a. m. del 3 de mayo de 2021.

La ONG denuncia que dentro de esta cifra se evidencia varios casos de muertes perpetradas ya sea por miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) o por la Policía Nacional. Los casos de violencia se clasificaron así: 

— 142 víctimas de violencia física por parte de la Policía.

— 26 víctimas de violencia homicida por parte de la Policía.

— 761 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes.

— 216 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública en protestas pacíficas.

— 17 víctimas de agresiones oculares.

— 56 casos de disparos de arma de fuego por parte de la Policía.

— 9 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.

— 56 denuncias de desapariciones en el contexto de las movilizaciones.

A todos estos hechos, se suma que, según la organización, la fuerza pública también ha atentado contra personas que se resguardan en casas. Incluso, en varias ocasiones los uniformados han evitado que las y los civiles heridos reciban atención médica oportuna. “Hemos podido constatar que, en distintas zonas del país, el Esmad ha lanzado gases lacrimógenos al interior de las viviendas, se han presentado cortes de luz simultáneos y ráfaga de disparos posteriores y la obstrucción deliberada por parte del Ejército Nacional para que los heridos por parte de la fuerza pública no puedan acceder a la atención médica”, indicó la ONG en un comunicado. 

A todos estos abusos se suma la denuncia de una joven que reveló haber sido víctima de violencia sexual por parte de un agente del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), cuando hacia parte de las manifestaciones. En Facebook escribió: «Como muchos que me conocen, saben que siempre muestro mi respeto hacia la fuerza pública, pues mi padre pertenece a ella. Siempre creí que actuaba por provocación de la comunidad, pero hoy fui víctima de un hecho que hizo merecedor de perder el respeto por el Esmad». 

Lo que dice la Policía

Cabe recalcar que, la información que se conoce sobre las y los civiles vulnerados solo ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos, pues las autoridades no se han referido a estos casos. Los últimos datos de afectaciones por las marchas revelados por el Gobierno, específicamente por la Policía Nacional, solo muestran los afectados/as pertenecientes a la fuerza pública.

Según esos datos, durante los cinco días de marchas ha resultado un uniformado muerto y 506 heridos, de los cuales la mayoría presentan contusiones, 60 fueron atacados con arma cortopunzante, siete tienen fracturas y uno recibió una bala. Entre estos, 21 uniformados están hospitalizados.

Tras intensos días de protesta e innumerables denuncias de violación a los derechos humanos, se pronunció el Defensor del Pueblo, rechazando el «vandalismo». Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano afirmó el pasado viernes que las autoridades solo tienen conocimiento de un manifestante muerto, y aludió al terrorismo y grupos armados ilegales siendo los que provocan la violencia en las manifestaciones.

Los daños materiales también fueron reportados. Se destacan 36 CAI afectados,18 CAI totalmente destruidos; daños en 20 vehículos institucionales, incineración de 20 buses de transporte público, destrucción de 87 bancos y 254 locales de comercio. Así mismo, fueron dañados 12 peajes, cuatro estatuas, 69 estaciones de transporte, 27 cajeros, dos gobernaciones y 29 cámaras de fotomulta.

En cuanto a los perjuicios ocasionados a civiles, la Policía aseguró que, por el momento, la Inspección General de la institución tiene abiertas 26 investigaciones disciplinarias por lesiones personales, abuso de autoridad, manipulación de armas, y otros hechos contrarios a la norma, al parecer, cometidos por uniformados. De las más de 20 indagaciones, se reveló que dos policías ya están vinculados a sus delitos formalmente. Así mismo, siete están en manos de la Fiscalía General de la Nación, y cinco recaen en los expedientes de la Justicia Penal Militar.

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Un avance mas no una victoria 

Aunque el 2 de mayo, el presidente Iván Duque, anunció que le pedirá al Congreso que retire el proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible, aclaró que presentará una nueva construida a partir del diálogo con partidos y movimientos. «La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales», afirmó el mandatario. La declaración no cayó bien entre las y los manifestantes, que exigieron el retiro definitivo de este proyecto. 

Por eso, los ánimos de protesta no decaen. En redes sociales se han posicionado los hashtag #ParoIndefinido2021 y #ElParoNOPara. Las y los colombianos insisten en salir a las calles, exigiendo en que la Reforma Tributaria sea retirada por completo y en que aún deben luchar contra el proyecto de ley 010, una reforma a la salud que ha recibido diversas críticas porque se considera que “el proyecto tiene como objetivo esencial la privatización del sistema de salud, lo cual no corresponde a una reforma estructural al sistema de salud”, afirmó Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, en diálogo con Portafolio.

Renuncia el Ministro de Hacienda 

Entre tanto, con la indignación colectiva por una Reforma Tributaria que las y los manifestantes han calificado como “regresiva”, una de las exigencias del Paro Nacional era la renuncia del Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, autor y gestor de este proyecto. Además de Carrasquilla, el viceministro Juan Alberto Londoño también presentó su dimisión, quien también participó en la construcción del proyecto de ley.

El compilado de las peticiones que ahora motivan y mantienen en pie la movilización social fueron dados a conocer por el Comité Nacional de Paro (CNP) este 3 de mayo: 

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. 
2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. 
3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial,

artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una

política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa. 
5. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica 
6. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174.
7. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas

con glifosato.

Ahora, la tensa situación que se vive en el país, se ha tornado compleja debido a que grupos armados ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las disidencias de las FARC han anunciado su apoyo al Paro Nacional, situación que intesificaría la violencia en el territorio nacional. Eso, sin tener en cuenta que en Cali, la ciudad donde más se han registrado abusos y asesinatos por parte de las autoridades, ya están actuando bandas delincuenciales urbanas. 

Asimismo, el CNP sugirió alternativas para no recurrir a la Reforma Tributaria, como préstamos del Banco de la República, uso de las reservas internacionales, renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes empresas nacionales y extranjeras, y controles de evasión a los paraísos fiscales y a la corrupción. Finalmente la organización convocó el 5 de mayo una gran

movilización democrática, pacífica y civilizada que, manteniendo las normas de bioseguridad, le exija al Gobierno el cumplimiento de las ya citadas peticiones.