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Acoso y hostigamiento por parte de docentes en la Unillanos: denuncia el estudiantado
La denuncia pública de Isabella Chavarro, estudiante de la Universidad de los Llanos, volvió a poner en evidencia las fallas en la atención institucional frente a las violencias basadas en género- VBG. Habría sido víctima de acoso, hostigamiento y difamación por parte del profesor Alexander Cucaita, una situación que, afirma, no ha sido atendida oportunamente.
El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la estudiante Isabella Rozo, estudiante de la Universidad de los Llanos publicó una denuncia por redes sociales en la que asegura haber sido víctima de acoso, hostigamiento y difamación por parte del profesor de Ingeniería Electrónica Alexander Cucaita.
La joven afirma que, tras bloquear de redes sociales al profesor debido a comportamientos que la hacían sentir incómoda, él comenzó a difundir la versión de que ambos mantenían una relación sentimental, hecho que ella desmiente. En su denuncia escrita, la estudiante señala que esa narrativa habría sido utilizada por el docente como un mecanismo para encubrir conductas de acoso que, según afirma, incluyen mensajes insistentes, insinuaciones y comunicaciones no solicitadas.
La publicación también menciona que el profesor habría enviado mensajes a otras personas cercanas a ella, afectando su reputación y provocando un deterioro emocional que la llevó a acudir a rutas institucionales. Hoy 15 de diciembre, el Consejo Estudiantil Universitario -CEU- realizó un mitin exigiendo respuestas oportunas frente a este caso y los demás.
Ruta de atención insuficiente
La Política de Género de la Universidad de los Llanos está establecida mediante el Acuerdo Superior N°008 de 2021. Más adelante, mediante la Resolución Rectoral 1619, se adopta el protocolo y ruta para la prevención, mitigación y atención en los casos de todo tipo de acoso, abuso y violencia por razones de género.
Este protocolo establece que si se es estudiante víctima de alguna VBG , el primer paso es acudir al Programa de Retención Estudiantil -PREU-. Isabella cuenta que al momento de decidir interponer la denuncia contra su presunto agresor, no sabía ante qué dependencia de la institución alertar, lo que implica la primera barrera: el desconocimiento.
Posteriormente logró acudir a psicólogos del PREU que le expresaron que la ruta ya estaba cerrada: “eso ya queda para el otro año”, le dijeron a Isabella. El CEU ya había alertado sobre este cierre antes de la finalización oficial del semestre académico, preguntando “¿acaso en estas fechas no nos acosan?”.
Luego de esta negativa, Isabella decide hacer la denuncia pública por medio de sus redes sociales, lo que la llevó a recibir mensajes y llamadas, entre ellas las de docentes que la cuestionaron: “¿por qué publicó eso?”. Por su parte, desde la Universidad también se comunicaron con ella: “vamos a ver qué se puede hacer, si llamamos al psicólogo de salud ocupacional para que te atienda mientras los del PREU están de vacaciones”, le dijeron.
Isabella también le envió una carta al Consejo Superior Universitario y al Consejo Académico para que se abriera un proceso de investigación disciplinaria contra su presunto victimario y lo que le dijeron fue que esa solicitud pasó a Control Interno Disciplinario el pasado viernes 28 de noviembre.
La Política de Género de la Universidad de los Llanos está establecida mediante el Acuerdo Superior N°008 de 2021. Más adelante, mediante la Resolución Rectoral 1619, se adopta el protocolo y ruta para la prevención, mitigación y atención en los casos de todo tipo de acoso, abuso y violencia por razones de género.
Este protocolo establece que si se es estudiante víctima de alguna VBG , el primer paso es acudir al Programa de Retención Estudiantil -PREU-. Isabella cuenta que al momento de decidir interponer la denuncia contra su presunto agresor, no sabía ante qué dependencia de la institución alertar, lo que implica la primera barrera: el desconocimiento.
Posteriormente logró acudir a psicólogos del PREU que le expresaron que la ruta ya estaba cerrada: “eso ya queda para el otro año”, le dijeron a Isabella. El CEU ya había alertado sobre este cierre antes de la finalización oficial del semestre académico, preguntando “¿acaso en estas fechas no nos acosan?”.
Luego de esta negativa, Isabella decide hacer la denuncia pública por medio de sus redes sociales, lo que la llevó a recibir mensajes y llamadas, entre ellas las de docentes que la cuestionaron: “¿por qué publicó eso?”. Por su parte, desde la Universidad también se comunicaron con ella: “vamos a ver qué se puede hacer, si llamamos al psicólogo de salud ocupacional para que te atienda mientras los del PREU están de vacaciones”, le dijeron.
Isabella también le envió una carta al Consejo Superior Universitario y al Consejo Académico para que se abriera un proceso de investigación disciplinaria contra su presunto victimario y lo que le dijeron fue que esa solicitud pasó a Control Interno Disciplinario el pasado viernes 28 de noviembre.
El 10 de diciembre le respondieron desde la Oficina de Control Interno Disciplinario diciéndole que al ser un docente ocasional, la universidad no cuenta con las competencias para investigar al docente y por eso le remite la información a la Procuraduría Regional del Meta.
Por su parte también instauró una denuncia penal en contra del docente Alexander Cucaita en la Fiscalía General de la Nación. Ya está el proceso abierto y a la espera que se le asigne un fiscal al caso, pero para este proceso no tuvo acompañamiento de la universidad.
“Considero que estos protocolos de atención son totalmente insuficientes y desconectados de la realidad, porque le ponen a uno en el papel que hay rutas para enviar correos, pero al final no hay medidas contra los docentes”, exclama la estudiante. Además también hace énfasis en que las estudiantes tienen que seguir viendo a los profesores en los pasillos mientras hay una denuncia de por medio.
En la publicación donde se hace la denuncia, Isabella cuenta que recibió comentarios y reacciones en un tiempo corto, de perfiles con nombres e información con sistema de escritura no latina, lo que la hizo pensar que fueron “bots” o robots digitales utilizados en algunos casos como spam o para generar desinformación.
Por su parte también instauró una denuncia penal en contra del docente Alexander Cucaita en la Fiscalía General de la Nación. Ya está el proceso abierto y a la espera que se le asigne un fiscal al caso, pero para este proceso no tuvo acompañamiento de la universidad.
“Considero que estos protocolos de atención son totalmente insuficientes y desconectados de la realidad, porque le ponen a uno en el papel que hay rutas para enviar correos, pero al final no hay medidas contra los docentes”, exclama la estudiante. Además también hace énfasis en que las estudiantes tienen que seguir viendo a los profesores en los pasillos mientras hay una denuncia de por medio.
En la publicación donde se hace la denuncia, Isabella cuenta que recibió comentarios y reacciones en un tiempo corto, de perfiles con nombres e información con sistema de escritura no latina, lo que la hizo pensar que fueron “bots” o robots digitales utilizados en algunos casos como spam o para generar desinformación.
Por su parte, el rector de la universidad, Charles Aroca, le dijo a El Cuarto Mosquetero que estos casos están efectivamente en la ruta y que desde allí “se protege a las víctimas, se les da garantías y se tiene mucho cuidado con el debido proceso”. Sin embargo, manifestó no poder dar información puntual de las denuncias, por lo cual sugirió contactar al director de bienestar Jhon Fredy Monrroy, quien respondió estar “ocupado con asuntos institucionales».
El CEU hizo un llamado a que la universidad fortalezca los mecanismos de prevención de estos casos y a que esta denuncia no quede en la impunidad: “no puede volver a suceder que una compañera sea acosada por un docente (porque no es solo este caso, hay muchos que recorren los pasillos)”.
El 14 de diciembre, publicaron un comunicado en donde exigen la aplicación de la directiva N° 016 de la Procuraduría General de la Nación donde dice que se deben tener medidas de protección en estos casos, la no renovación de la vinculación de docentes ocasionales y catedráticos implicados en denuncias públicas y la actualización de la normativa.
En el mensaje se expone que hasta la fecha este año se presentaron 31 casos de acoso y violencia de género donde “no hay claridad en la información sobre el estado de los procesos”. El estudiantado además identificó que la mayor parte de las denuncias se presentaron “cuando las presuntas víctimas han culminado su procesos universitario evidenciando un cuidado por posibles represalias por parte de los denunciados”.
El CEU hizo un llamado a que la universidad fortalezca los mecanismos de prevención de estos casos y a que esta denuncia no quede en la impunidad: “no puede volver a suceder que una compañera sea acosada por un docente (porque no es solo este caso, hay muchos que recorren los pasillos)”.
El 14 de diciembre, publicaron un comunicado en donde exigen la aplicación de la directiva N° 016 de la Procuraduría General de la Nación donde dice que se deben tener medidas de protección en estos casos, la no renovación de la vinculación de docentes ocasionales y catedráticos implicados en denuncias públicas y la actualización de la normativa.
En el mensaje se expone que hasta la fecha este año se presentaron 31 casos de acoso y violencia de género donde “no hay claridad en la información sobre el estado de los procesos”. El estudiantado además identificó que la mayor parte de las denuncias se presentaron “cuando las presuntas víctimas han culminado su procesos universitario evidenciando un cuidado por posibles represalias por parte de los denunciados”.
Violencia sistemática en la universidad
Luego de la denuncia publicada por Isabella, más mujeres han alzado la voz para contar historias en donde son víctimas de violencia basada en género por parte del profesor Alexander Cucaita. Las estudiantes mencionan que estas conductas violentas están normalizadas en la universidad y sobre todo en la facultad de ingeniería.
“Jóvenes me comentan que siendo menores de edad también las han acosado y no se ha hecho nada, por el mismo miedo, porque nos dicen que debemos tener pruebas, ¿y el testimonio de la víctima no es válido?”, relata Isabella, quien además afirma que en la facultad de ingeniería “se sabía de estos comportamientos del docente, estaban enterados, lo murmuraban, y nadie hizo nada”.
Además, también hace un llamado de alerta debido a que Alexander Cucaita no sería el único docente. Hay varios testimonios, según Isabella, de jóvenes de 16, 17, 18 años, donde no saben qué hacer por miedo a las jerarquías o perder las materias. También de personas que ya se graduaron y pasaron por la facultad de ingeniería, recibieron fotos íntimas sin pedirlas y sin haber consentimiento. “Hay muchos profesores que llevan haciendo eso, que tienen antecedentes y no se detienen y como no hay consecuencias, siguen”, comenta.
La abogada e integrante de la Veeduría Mujeres Libres de Violencia de Villavicencio, María José Zabala, concuerda con Isabella: “los protocolos internos son importantes y necesarios pero han sido insuficientes no solo porque no se han socializado sino porque no salvaguardan la integridad de quien denuncia”.
También afirma que en este tipo de casos no se salvaguarda la información y las mujeres víctimas terminan siendo señaladas. “Vemos profesores que son muy antiguos y que las denuncias han sido reiterativas pero no pasa nada. Siempre se ha guardado silencio respecto al acoso y no hay avances significativos”, expresa María José.
En programas donde mayoritariamente son hombres los estudiantes y hay pocas mujeres, como en esta Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, María José explica que “el acoso es mucho más evidente, pero también esa relación de poder que hay entre profesores y alumnas. Ahí se ve claramente lo insuficiente que es la ruta, lo ineficaz y lo poco que representa para las mujeres en materia de derechos y de acceso a la justicia desde lo administrativo y lo universitario”.
Luego de la denuncia publicada por Isabella, más mujeres han alzado la voz para contar historias en donde son víctimas de violencia basada en género por parte del profesor Alexander Cucaita. Las estudiantes mencionan que estas conductas violentas están normalizadas en la universidad y sobre todo en la facultad de ingeniería.
“Jóvenes me comentan que siendo menores de edad también las han acosado y no se ha hecho nada, por el mismo miedo, porque nos dicen que debemos tener pruebas, ¿y el testimonio de la víctima no es válido?”, relata Isabella, quien además afirma que en la facultad de ingeniería “se sabía de estos comportamientos del docente, estaban enterados, lo murmuraban, y nadie hizo nada”.
Además, también hace un llamado de alerta debido a que Alexander Cucaita no sería el único docente. Hay varios testimonios, según Isabella, de jóvenes de 16, 17, 18 años, donde no saben qué hacer por miedo a las jerarquías o perder las materias. También de personas que ya se graduaron y pasaron por la facultad de ingeniería, recibieron fotos íntimas sin pedirlas y sin haber consentimiento. “Hay muchos profesores que llevan haciendo eso, que tienen antecedentes y no se detienen y como no hay consecuencias, siguen”, comenta.
La abogada e integrante de la Veeduría Mujeres Libres de Violencia de Villavicencio, María José Zabala, concuerda con Isabella: “los protocolos internos son importantes y necesarios pero han sido insuficientes no solo porque no se han socializado sino porque no salvaguardan la integridad de quien denuncia”.
También afirma que en este tipo de casos no se salvaguarda la información y las mujeres víctimas terminan siendo señaladas. “Vemos profesores que son muy antiguos y que las denuncias han sido reiterativas pero no pasa nada. Siempre se ha guardado silencio respecto al acoso y no hay avances significativos”, expresa María José.
En programas donde mayoritariamente son hombres los estudiantes y hay pocas mujeres, como en esta Facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería, María José explica que “el acoso es mucho más evidente, pero también esa relación de poder que hay entre profesores y alumnas. Ahí se ve claramente lo insuficiente que es la ruta, lo ineficaz y lo poco que representa para las mujeres en materia de derechos y de acceso a la justicia desde lo administrativo y lo universitario”.
Debido a la falta de resultados, muchas guardan silencio, u otras prefieren hacerlo por otros canales, como lo son las redes sociales, según María José, porque no se les brindan las garantías. “Este no es el primer caso que pasa en la unillanos, se han presentado muchos y aunque la universidad se ha mostrado abierta por ser de carácter pública, en la realidad se ve que no se garantizan los derechos de las mujeres. De nada sirve que en papel haya un protocolo, si las estudiantes no lo conocen y no se tramitan las denuncias de forma idónea”, concluye la abogada.
En el informe Acoso sexual, universidades y futuros posibles: enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las soluciones, del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dejusticia, se expone que las universidades son “instituciones que legitiman distribuciones inequitativas de poder y que reflejan los arreglos jerárquicos que existen en el plano social (…) Quizás, debido a un entendimiento aún incompleto de las manifestaciones de la violencia y de los lugares donde ocurre, muchas de las soluciones institucionales no parecen cambiar de forma radical el panorama de lo posible”.
Prueba de esta violencia sistemática y estructural que atraviesan las universidad es por ejemplo el hecho de que profesores como Wilmar Andrés Morales López, que cuenta con denuncias por acoso en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ahora este en la Universidad de los Llanos.
Además, las violencias en entornos universitarios no sólo se tienen que erradicar cuando suceden entre profesores y estudiantes: también pasa entre estudiantes y prueba de ello es el feminicidio de Paula Natalia Fernández Montoya, quien era estudiante de ingeniería de sistemas y en el 2020 fue asesinada por su expareja sentimental Carlos Andrés Sandoval, que también era estudiante de la Universidad de los Llanos.
La denuncia pública realizada por Isabella se suma a exigencias expresadas por estudiantes en distintas universidades del país: la necesidad de espacios seguros, acciones diligentes ante violencias y una institucionalidad que responda con perspectiva de género.
Lea también: Las denuncias de acoso sexual contra el director de la AICS en Colombia que quedaron en veremos
En el informe Acoso sexual, universidades y futuros posibles: enunciaciones críticas sobre las conductas, los lugares y las soluciones, del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales Dejusticia, se expone que las universidades son “instituciones que legitiman distribuciones inequitativas de poder y que reflejan los arreglos jerárquicos que existen en el plano social (…) Quizás, debido a un entendimiento aún incompleto de las manifestaciones de la violencia y de los lugares donde ocurre, muchas de las soluciones institucionales no parecen cambiar de forma radical el panorama de lo posible”.
Prueba de esta violencia sistemática y estructural que atraviesan las universidad es por ejemplo el hecho de que profesores como Wilmar Andrés Morales López, que cuenta con denuncias por acoso en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ahora este en la Universidad de los Llanos.
Además, las violencias en entornos universitarios no sólo se tienen que erradicar cuando suceden entre profesores y estudiantes: también pasa entre estudiantes y prueba de ello es el feminicidio de Paula Natalia Fernández Montoya, quien era estudiante de ingeniería de sistemas y en el 2020 fue asesinada por su expareja sentimental Carlos Andrés Sandoval, que también era estudiante de la Universidad de los Llanos.
La denuncia pública realizada por Isabella se suma a exigencias expresadas por estudiantes en distintas universidades del país: la necesidad de espacios seguros, acciones diligentes ante violencias y una institucionalidad que responda con perspectiva de género.
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