La comunidad LGBTI del Meta denunció que tras problemas y retrasos con el cumplimiento de un proyecto de la Gobernación para esa población, no se les ha brindado ninguna compensación.
En noviembre del 2019, se inició una convocatoria a nivel departamental dirigida a la población LGBTI, de la cual se seleccionaron a 30 personas para ser parte de un proyecto de fortalecimiento de emprendimientos, liderado por la Gobernación del Meta.
En diciembre de ese mismo año se llevaron a cabo unas capacitaciones sobre emprendimiento, servicio al cliente y manejo de presupuestos durante tres días en el hotel Sol Dorado de Villavicencio. Allí acudieron las y los beneficiarios del proyecto, provenientes de Villavicencio, Acacías, Vista Hermosa, Granada, Restrepo y San Martín.
Este proyecto se llevaría a cabo bajo el Contrato 2300 de 2019 cuyo objeto era “Generar espacios de inclusión para la prevención de violencias basadas en género y fortalecimiento de iniciativas productivas para la población LGBT del Meta”, celebrado entre la Gobernación del Meta y la IPS Región Viva S.A.S., por $122.000.000 menos los impuestos, es decir, $104.000.000.
Floralba Moscoso, mayormente conocida como Dora, es artesana de profesión de Villavicencio y una de las beneficiarias del proyecto. Ella le comentó a El Cuarto Mosquetero que se enteró de la iniciativa cuando aún Norma Vélez era Secretaria de la Mujer del Meta, quien le habló de la iniciativa y le sugirió postularse.
La artesana dijo no haber quedado conforme con las capacitaciones, pues cree que para instruirse adecuadamente sobre el manejo de una empresa, se necesitan más de tres días. Pero lo que más le frustró de esta situación, es el incumplimiento del contratista.
“En las capacitaciones nos hacían firmar unas hojas en blanco, nosotros no sabíamos que era”, relató la mujer, que tiempo después pudo acceder a un documento en el que comprobó que el operador del contrato facturó el tinto suministrado a las 30 personas durante los tres días de talleres por $600.000. “Por mucho uno se tomaba dos o tres tintos, no teníamos tiempo para tomar más”, explicó, ya que consideró exagerado el valor presentado por el contratista.
Dora mencionó también que, el operador del contrato pasó un valor de hospedaje equivalente a 30 personas, pero que en realidad, fueron menos, pues gran parte de los beneficiarios viven en Villavicencio. Asegura que tampoco es cierto que el transporte se le haya brindado a la totalidad de los beneficiarios, que fue solo a quienes venían de otros municipios, pero el contratista, asegura, facturó pasajes para la totalidad de las y los beneficiarios.
Además, en cuanto se terminaron las capacitaciones, el contratista debía entregar a cada beneficiario un estímulo que podría variar de $1’200.000 a $1’800.000, representado en los insumos que necesitaría cada emprendimiento. Sin embargo, él manifestó tener que entregar menos de ese valor porque debía pagar una serie de impuestos relacionados con el contrato.
“Antes de terminar hizo unas compras, compró un secador de lo más ordinario, y lo hizo pasar como una marca fina para aplicarle un valor bien caro”, afirmó Dora, y recordó que a ella le entregó una mesa y poco de material para su trabajo, y lo facturó en $1’200.000.
Esto alteró aún más los ánimos entre las y los beneficiarios, que al ver la serie de irregularidades, decidieron actuar. Algunos se acercaron a la Gobernación del Meta, y hablaron con Yenny Montaño, actual Secretaria de la Mujer del Meta y Erika Cañón, supervisora del proyecto, para exigir respuestas. Ellas, ante la insistencia de las y los reclamantes, informaron que debido a los problemas que hubo con el contratista, se terminó el contrato de manera unilateral.
El 4 de septiembre de este año, a los beneficiarios se les envió un correo informando acerca de la terminación del contrato e invitándolos a registrarse en un formulario disponible en la página de la Gobernación del Meta, el cual serviría para base de focalización de los beneficiarios de los proyectos que ejecute la Secretaría de la Mujer Departamental a futuro.
“Eso se pasaban la pelota el uno al otro, porque aunque la Gobernación no tenía la culpa del incumplimiento del contratista, tampoco buscó la forma de concluir el proyecto”, aseveró Dora, que además cuestionó el porque la Administración Departamental adquirió los servicios de la IPS Región Viva S.A.S cuando ya contaba con antecedentes que no le dejaban bien parada.
Según el medio digital El Morichal, en 2019, faltando cuatro meses y medio para terminar el año, la Alcaldía de Cumaribo firmó un contrato con la IPS Región Viva para la ejecución del Programa de Intervenciones Colectivas – PIC, por un valor de $2.281 millones de pesos.
El Morichal afirma que accedió a un documento de la Secretaría de Salud del Vichada, en el que se evidencia que dicha contratación está llena de irregularidades. Las que más resaltan, son que:
- Entre los documentos adjuntados por Región Viva SAS, no se entregó la evaluación de ejecución técnica y financiera del último contrato suscrito con una entidad territorial. Lo que la IPS aportó fue una certificación firmada por el Secretario de Gobierno del Municipio de La Macarena – Meta, referente a un contrato de prestación de servicios ejecutado en 2011. Sin embargo, dicha certificación no cumple algunos de los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones del contrato de selección abreviada con el que se contrató el PIC vigencia 2019.
- La IPS Región Viva SAS omitió entre su experiencia un contrato ejecutado en 2018 con la Secretaría de Salud de Vichada, a través de la Unión Temporal Región Viva, por un valor de $435 millones. Este pretendía fortalecer varias acciones diferenciales en materia de salud para los grupos vulnerables en el departamento. No obstante, para octubre del 2019, se encontraba en proceso de liquidación y solo se logró demostrar la ejecución del 24.1% de las actividades; es decir que se evidencia un incumplimiento del 75.9%.
- Según la Resolución 518 de 2015, “en el evento de que las IPS públicas no cuenten con la capacidad técnica y operativa, la entidad territorial podrá contratar las acciones PIC con instituciones prestadoras de salud privadas ubicadas en el municipio”. No obstante, en una visita realizada por la Coordinadora de Salud Pública de la Secretaría a las instalaciones de la IPS en el municipio de Cumaribo, la funcionaria evidenció que en la dirección suministrada por Región Viva, funcionaba un restaurante. Dicha versión coincide con la de un habitante de Cumaribo consultado por El Morichal, quien expresó que el lugar fue acondicionado por la IPS una vez firmó el contrato del PIC.
El medio de comunicación afirmó que dicha información, junto con los documentos que la soportan, ya está en manos de la Procuraduría General de la Nación.
Por su parte, Víctor Javier Salazar, quien tiene una peluquería en Villavicencio y fue otro de los beneficiarios, le comentó a este medio que, tras las capacitaciones y luego de esperar esperar a que los llamaran para la entrega de los insumos, decidió investigar lo que sucedía. Entonces descubrió que el contrato se vencía el 28 de diciembre y que el operador nunca pasó cotizaciones a tiempo.
Luego accedió a un documento en el que evidenció, entre otros tantos sobrecostos, el registro de un cortacuellero por $480.000, cuando en realidad, cuesta cerca de $20.000. Ante esto, la supervisora del proyecto, afirmó no poder autorizar dicha cotización, pues podría ser demandada. En consecuencia, la entrega de insumos siguió teniendo retrasos.
Al contratista se le dio una prórroga hasta el 28 de enero para presentar los informes y ejecutar las entregas de los insumos. Pero un día antes de la fecha pactada, acudió a la Gobernación del Meta para pedir otra prórroga, a lo cual la Administración Departamental se negó y decidió terminar el contrato de manera unilateral, situación que se les informó a los beneficiarios mucho tiempo después, como lo evidencia el correo enviado a las y los beneficiarios. “Si no es porque nosotros vamos allá a insistir, a nosotros no nos notifican nada”, afirmó Salazar.
Javier explicó que en la Gobernación del Meta, le dijeron que lo planeado era abrir nuevamente una licitación para elegir otro contratista con el fin de que culminara el proyecto, pero eso no sucedió.
Cansado de no obtener respuestas contundentes, decidió junto a otros compañeros/as, instaurar la denuncia ante la Contraloría del Meta, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo desde hace más de dos meses, pero la única entidad que se pronunció, fue la Procuraduría, con un anuncio que para las y los beneficiarios, no resultó alentador.
Javier había solicitado a la Procuraduría que se realice una investigación, fiscalización y seguimiento al ya mencionado contrato, pero el ente le notificó el pasado 13 de octubre, que no tomará ninguna acción y que remitirá el caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Meta.
“Nos hicieron cerrar nuestros negocios para las capacitaciones durante tres días, invertimos tiempo y dinero, lo que hicieron fue ilusionarnos y mandarnos a andar por todo Villavicencio a cotizar los productos para nuestros emprendimientos”, mencionó Víctor, y agregó que durante el tiempo que estuvieron insistiendo y exigiendo respuestas en la Secretaría de la Mujer del Meta, intentaron tranquilizarlos prometiéndoles un nuevo proyecto.
“Nos decían que esperáramos, que no peleáramos, que entre agosto y septiembre de este año iba a salir otro proyecto pero que solo beneficiaría a algunas de las 30 personas”, afirmó. Sin embargo, finalizó septiembre y nunca los llamaron.
Este contrato, -que se dividió en dos, siendo la primera fase exitosa. La segunda corresponde al proyecto de emprendimiento- sería el primero que se llevaría a cabo para ejecutar la Política Pública para la Inclusión de la Población LGBTI del Departamento del Meta, la cual debe cumplirse en el periodo comprendido de 2019 al 2029.
Esta política pública, en uno de sus apartados afirma que “El Estado debe propender por generar contextos culturales, sociales y económicos para el respeto y la realización de los derechos de los sectores sociales LGBTI. Gracias a esto pueden potencializar sus capacidades sociales, económicas y culturales, junto con el cambio de imaginarios asociados a su vivencia”.
Asimismo, en uno de sus puntos establece que desarrollará estrategias de generación de entornos laborales libres de discriminación, la generación de oportunidades económicas incluyentes y la protección del trabajo sexual. Por eso, las y los beneficiarios, consideran que el incumplimiento de este proyecto, se está faltando a la Política Pública establecida para la población LGBTI del Meta.
Dada la situación, Víctor exigió saber qué sucedió con los recursos destinados para ejecutar este contrato. “Hay más de 100 millones de pesos embolatados, si se gastaron para atender la pandemia, deben existir documentos que lo evidencien. Si no es posible que se culmine el proyecto, al menos queremos saber qué pasó con esos recursos”, solicitó Salazar.
Desde El Cuarto Mosquetero consultamos a Carlos Alberto López, contralor departamental, quien comentó que lo sucedido con los recursos destinados para este contrato, debe ser resuelto en primera medida por la Secretaría de la Mujer del Meta. Sin embargo, Salazar aseguró que de manera no oficial, el funcionario les aseguró que “Esa platica se perdió”.
Por su parte, Floralba, mencionó que en medio de la pandemia, el incentivo del proyecto le habría servido ahora, en esta etapa crucial de reactivación económica, por lo tanto, le solicitó al gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que le escuche no solo a ella, sino a sus compañeros/as y atienda sus inconformidades.
Este medio se comunicó con la Secretaria de la Mujer del Meta, Yenny Montaño, quien aseguró que el recurso destinado para este proyecto no se ha perdido, pues nunca hubo desembolso del pago correspondiente al Contrato 2300 del 2019. Según ella, luego de la terminación unilateral de este, el dinero se trasladó a la Secretaría de Hacienda Departamental, la cual, reincorporará el recurso que deberá usarse para proyectos en beneficio de la población LGBTI del Meta.
Con respecto al proyecto que se le había prometido a las y los beneficiarios para ejecutarse entre agosto y septiembre de este año, la funcionaria señaló que debido a que el Plan de Desarrollo Departamental se aprobó en mayo, y la armonización de presupuesto se hizo hace poco, no se han podido generar proyectos para esta población.
Recalcó que debido a la pandemia, los recursos son escasos y que “Estamos absolutamente golpeados financieramente”. Por último, señaló que la Secretaría de la Mujer del Meta está a la espera de que la Secretaría de Hacienda Departamental le notifique la liberación del presupuesto antes mencionado para empezar a ejecutar la política pública en armonización con las metas dispuestas en el PDD para la población LGBTI del Meta.
