El pasado 01 de julio fue radicado ante el Consejo de Estado un incidente de desacato frente Decreto 328 que reglamenta los proyectos piloto de investigación de fracking en Colombia, expedido en el mes de febrero de 2020. Esta acción se basa en argumentos que indican que el documento va en contra de la medida cautelar impuesta por este mismo tribunal en 2018, cuando prohibió de manera contundente el desarrollo de este tipo de actividades extractivas en territorio nacional. El desacato fue liderado por la Alianza Colombia libre de Fracking y 20 congresistas de diferentes partidos políticos.
Desde el 08 de noviembre de 2018 el Consejo de Estado a través de una medida cautelar suspendió el Decreto 3004 y la Resolución 90341, las cuales disponen los parámetros técnicos y procedimentales para la explotación y exploración en yacimientos no convencionales en Colombia; es por eso que actualmente no se puede hacer fracking en Colombia con fines comerciales.
El Gobierno Nacional autorizó el avance en proyectos pilotos de investigación integral únicamente con fines investigativos. También los condicionó al cumplimento exhaustivo de las recomendaciones realizadas por el panel de expertos en 2019 para el desarrollo de esta actividad.
Sin embargo, con el Decreto 328 de este año, se dio vía libre a las empresas mineras para que se adelanten proyectos piloto de investigación de Fracking. Inmediatamente organizaciones sociales que defienden el territorio, rechazaron de manera tajante la decisión tomada por parte del Gobierno Nacional y organizaron de manera articulada el trabajo con sectores de la institucionalidad como el Congreso, para lograr a través de un desacato, la prohibición nuevamente de este tipo de actividades.
El documento debe tener una línea base de atención social y económica para las comunidades de los territorios en donde se vaya a desarrollar el fracking. Además, se deben garantizar las condiciones de seguridad de manera eficaz para los pobladores de la zona. Sin embrago, según lo manifestó Juan Luis Castro, senador de la república en una rueda de prensa virtual frente al tema, “El decreto no contempla un sistema de gestión de riesgo dinámico y abierto a la ciudadanía, es la sociedad civil a la que se le tiene que garantizar todas las condiciones de seguridad en materia de riesgo cuando se adelante este proceso de explotación”.
Dentro de las consecuencias que implica la aprobación de este tipo de proyectos pilotos, está la afectación medio ambiental, en materia de riqueza hídrica, ecosistémica y sobre todo de seguridad alimentaria para los pobladores. “No tenemos un inventario completo de fauna y flora, no hay un estudio científico detallado sobre las consecuencias que pueda tener en el desarrollo del fracking en la salud de los pobladores. Es por eso que se debe proteger el bienestar de estos territorios. El fracking no se va a dar Bogotá, Cali, Medellín o Barranquilla, se va a dar en municipios pequeños donde están los ciudadanos indefensos” afirmó Jorge Londoño, senador.
Por otra parte, estas licencias de explotación con fines investigativos instan de manera directa o indirecta a una crisis social dentro de las poblaciones, que deriva muchas veces en marchas y manifestaciones pacíficas. “Los campesinos y campesinas deben salir a defender su territorio con azadón en mano, salen a defender la tierra y el agua. Este decreto no establece un concepto de licencia social, que sí exige el Consejo de Estado para adelantar estas actividades de Fracking” así lo afirmó Wilmer Leal, representante a la Cámara por el partido Verde.
Según Carlos Andrés Santiago, miembro de CORDATEC y miembro de la Alianza Colombia Libre de Fracking, el Gobierno Nacional a través de entidades como la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Minas y Energía, han seguido avanzando en el proceso en acuerdos de contratos, términos de referencia y expedición de lineamientos técnicos para el desarrollo de los proyectos piloto. Esto, sin ninguna garantía de vigilancia por parte de los entes jurídicos correspondientes.
Finalmente esta decisión está en manos del Consejo de Estado, el tiempo estimado de respuesta a este incidente de desacato es de tres meses. Sin embargo, de salir en contra, el fallo por parte del alto tribunal, la Alianza Colombia Libre de Fracking indicó que llevarán el caso a instancias internacionales donde se garantice la imparcialidad de la decisión. Además, impulsarán el desarrollo de actividades y manifestaciones pacíficas en los territorios para mantener la lucha permanente en contra de lo pilotos de fracking en Colombia.
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