Habitantes de Loma Linda y Laureles en Vista Hermosa, Meta denuncian que en el marco de Operación Artemisa les dinamitaron cuatro viviendas y hay desaparecidas cuatro personas.
El operativo que se realizó en horas de la mañana tiene consternada a la comunidad ya que, ad portas de elecciones para el Congreso de la República adelantan estos procedimientos cuando no se puede garantizar ni la presencia de Defensoría del Pueblo. Solicitan apoyo de organizaciones sociales para conocer el paradero de los cuatro integrantes de su comunidad y saber cómo proceder en este momento donde se quedaron sin absolutamente nada y les fue arrebatado su derecho a la vivienda digna.
Este medio conoció que dos de las cuatro personas fueron capturadas por parte de la fuerza pública -Policía y Ejército- y trasladados inicialmente a Puerto Rico y posteriormente a San José del Guaviare done serán imputados por delitos ambientales. De las otras dos personas se desconoce su paradero.
Recordemos que la Operación Artemisa busca frenar la deforestación en Parques Nacionales Naturales y/o sus zonas de amortización. Sin embargo, organizaciones sociales y comunidad denuncian que se ha convertido en un instrumento para despojar y judicializar al campesinado pero no resuelve los problemas de fondo.
La semana pasada en Caño Yeimy en San José del Guaviare fueron dinamitados dos puntos de la carretera e intentaron sin éxito capturar a dos personas. Días después, en El Triunfo entre el Meta y Caquetá, capturaron a cinco personas, tres fueron liberadas, dos imputadas por invasión de áreas de especial importancia ecológica, deforestación, daños en los recursos naturales y ecocidio y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables. En el marco de este operativo dinamitaron dos viviendas de población campesina y del resguardo indígena La Esperanza. Allí fue asesinado un campesino -la investigación por parte de la Procuraduría estaría en curso-, cuatro mas resultaron con heridas en el pecho y piernas y durante alrededor de 72 horas comunidad tuvo retenido al soldado Sebastián Bonilla Melo hasta que fue regresado en la noche del miércoles al Ejército Nacional, después de haber recibido el castigo impuesto por el resguardo indígena de 15 azotes como decisión de la Justicia Indígena. Por su parte la fuerza pública puso una demanda por secuestro.
Este conflicto socioambiental en el sur del Meta, Guaviare y Caquetá parece no tener solución entre un Gobierno que insiste en priorizar la vía represiva para buscar frenar la deforestación pasando por encima de los derechos de las comunidades y por su parte, campesinos, campesinas e indígenas se niegan a irse de los territorios que consideran su hogar.
