El periodista Julián Martínez, investigador de La Nueva Prensa, publicó una investigación en la que señala que, el apartamento donde funciona la ‘bodega uribista’ administrada por Carlos Escobar Marín “el Hacker”, es un inmueble al que se le practicó proceso de extinción de dominio al narcotráfico, específicamente a la Oficina de Envigado. El contrato de arrendamiento del inmueble entregado por la Sociedad de Activos Especiales SAS, tiene un valor mensual de tres millones trescientos cuarenta mil pesos, pero, y a juzgar por el sector y la Metodología de Administración de los Bienes del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), el arrendamiento debería estar oscilando entre los 7 a los 10 millones de pesos. Esto supone un favorecimiento desde el gobierno nacional a Escobar Marín.
Muchas personalidades visitan el apartamento, especialmente políticos como el senador Jhonatan Tamayo ‘Manguito’ y quien espere reelegirse este domingo 13 de marzo por la lista del Centro Democrático. Fuentes aseguran que ‘Manguito’ va a la ‘bodega uribista’ a recibir información por parte del ‘Hacker’ de acciones digitales contra Gustavo Petro, Hollman Morris y Gustavo Bolívar. En ese lugar y según la denuncia, se configurarían campañas de desprestigio, de noticias falsas, calumnias y toda clase de acciones de ‘guerra’ en redes sociales para minar la credibilidad de los opositores del uribismo y sus más cercanos allegados, como el senador Tamayo.
En este mismo apartamento se coordinarían ataques y acosos en redes sociales a las personas que aparecen en un listado del Ejército Nacional que se llama “perfilamientos”, la cual es una operación ilegal que ya ha sido denunciada a las autoridades. En esa “operación” se reuniría información, sin orden judicial, de periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, abogados y organizaciones sociales del país. El común denominador de estas personas es tener posiciones contrarias al gobierno de Iván Duque.
Según un documento revelado de Contraloría General de la República, el periodista Julián Martínez sería uno de los perfilados o investigados por sus acciones de investigación periodística que, entre otras cosas, destapó el escándalo de la ñeñe política, que sacudió fuertemente al presidente de la República. Los informes o resultados de esa operación, estarían siendo comunicados al gobierno nacional y a políticos del Centro Democrático.
Además, el ‘Hacker’ Escobar le habría realizado estrategias a quien era comandante del Ejército Nacional, el general Nicasio Martínez, con el fin de distorsionar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, interceptaciones ilegales y otras violaciones de derechos humanos. Por estas acciones, la procuradora general de la República archivó las investigaciones contra Nicasio Martínez.
El contrato de arrendamiento del inmueble suscrito bajo el número 8580 del 20 de mayo de 2021, tiene una duración de 60 meses. Desde esa fecha los vecinos del sector, especialmente del mismo edificio, llevan meses quejándose por los comportamientos de quienes residen en el mencionado apartamento; denuncias de ruido excesivo, fiestas hasta altas horas de la madrugada y hasta amenazas de muerte por parte de Escobar Marín a personas que viven en el edificio.
Las fiestas que suceden cualquier día de la semana y que perturba el descanso de los vecinos, llegaron a su punto más álgido el pasado 27 de octubre, cuando miembros de la Policía Nacional tuvieron que entrar a la fuerza al apartamento, porque Escobar Marín “estaba enloquecido y lanzando una nevera desde la terraza, tirando comida, ropa y papeletas con cocaína”, cuenta uno de los denunciantes. Según los vecinos que aportaron información para la investigación de La Nueva Prensa, uno de los continuos asistentes a las fiestas que se hacen en el inmueble, es Jhonatan Tamayo ‘Manguito’.
La SAE no se ha pronunciado de fondo sobre las denuncias y quejas hechas por los vecinos del sector, aparentemente la influencia política de Escobar es tan alta que todas las acciones en su contra no prosperan. Por lo pronto, los denunciantes esperan que las reuniones se mantengan y la campaña de guerra sucia a los opositores del gobierno continue.
