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Más de 2.000 personas en riesgo de desalojo en Puerto Gaitán, Meta
Una sentencia de restitución de tierras ha generado incertidumbre en la comunidad de la vereda La Cristalina, en zona rural de Puerto Gaitán, Meta. Familias que aseguran habitar el territorio desde hace décadas rechazan la orden de desalojo y piden la modulación del fallo, al considerar que no se tuvo en cuenta su arraigo histórico ni las transformaciones que ha vivido el sector con el paso del tiempo.
En la vereda La Cristalina, zona rural de Puerto Gaitán, Meta, una disputa por la tenencia de la tierra mantiene en incertidumbre a varias familias que aseguran haber habitado el predio por más de cuatro décadas.
Según el relato de una de las afectadas, Camila Narváez, su madre y su padre llegaron a la finca en 1981 como encargados, tras ser llevados por el entonces propietario, Darío Cuevas Silvas. Luego de la muerte del dueño, en 1991, la situación del predio se volvió confusa y esta familia continuó viviendo y trabajando allí «sin recibir pago alguno», afirma Narváez.
A finales de los años noventa, en medio del conflicto armado, la finca fue incendiada por la guerrilla, lo que obligó a varias familias a desplazarse temporalmente por razones de orden público. Al regresar, la reclamante del predio se presentó como propietaria, compañera permanente del difunto Darío Cuevas Silvas y promovió acciones legales que derivaron en una sentencia de restitución de tierras emitida el pasado 24 de junio de 2025 con número de radicado 50001312100220140022801 y número acomulado 50001312100120210000101 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C y su Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras.
La sentencia ordena el desalojo de la comunidad. Camila Narváez, señalada como una de las responsables del supuesto despojo niega los hechos y asegura que nunca hubo una ocupación violenta ni presencia armada. Afirma que su actuación se limitó a defender la permanencia de su madre y su padre en la finca.
Con la llegada de una empresa petrolera a la zona, empresas palmeras y la comunidad menonita, la población de la vereda ha aumentado considerablemente. Actualmente, al menos cinco personas figuran como responsables del despojo, situación que es rechazada por quienes habitan este territorio, que según cálculos de Camila Narváez, pueden ser más de 2.000 personas, quienes se reconocen como poseedores de buena fe y niegan la existencia de invasiones.
Modular la sentencia
El pasado 09 de febrero, se intentó notificar a la comunidad de la orden de desalojo estipulada en la sentencia. Sin embargo, la comunidad realizó una manifestación pacífica en rechazo a la notificación, por lo cual la Alcaldía de Puerto Gaitán hizo presencia en el lugar.
Uno de los líderes del territorio, Martín Noriega, explicó que la comunidad no desconoce la autoridad judicial, pero exige la revisión del fallo mediante la modulación de la sentencia. Según señaló, esta figura permitiría corregir presuntos errores de hecho, inconsistencias en testimonios y falta de contraste de fuentes dentro del proceso.
“Las exigencias de la comunidad son la no aceptación del fallo en las condiciones actuales y la modulación de la sentencia con base en errores históricos y testimoniales. No se escuchó a quienes llevan 20 o 30 años trabajando y viviendo en el territorio, eso vulneró el debido proceso al no garantizar la participación plena”, aseguró Noriega.
Indicó además que entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y la Alcaldía habrían entregado información desactualizada al despacho judicial sobre la situación del territorio.
Humberto Urrego Sánchez, defensor de derechos humanos, ha estado presente en el territorio visibilizando las exigencias de las comunidades:
El pasado 09 de febrero, se intentó notificar a la comunidad de la orden de desalojo estipulada en la sentencia. Sin embargo, la comunidad realizó una manifestación pacífica en rechazo a la notificación, por lo cual la Alcaldía de Puerto Gaitán hizo presencia en el lugar.
Uno de los líderes del territorio, Martín Noriega, explicó que la comunidad no desconoce la autoridad judicial, pero exige la revisión del fallo mediante la modulación de la sentencia. Según señaló, esta figura permitiría corregir presuntos errores de hecho, inconsistencias en testimonios y falta de contraste de fuentes dentro del proceso.
“Las exigencias de la comunidad son la no aceptación del fallo en las condiciones actuales y la modulación de la sentencia con base en errores históricos y testimoniales. No se escuchó a quienes llevan 20 o 30 años trabajando y viviendo en el territorio, eso vulneró el debido proceso al no garantizar la participación plena”, aseguró Noriega.
Indicó además que entidades como la Unidad de Restitución de Tierras, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- y la Alcaldía habrían entregado información desactualizada al despacho judicial sobre la situación del territorio.
Humberto Urrego Sánchez, defensor de derechos humanos, ha estado presente en el territorio visibilizando las exigencias de las comunidades:
Por su parte, desde la Secretaría de Planeación, según Martín Noriega, se afirmó que se radicaría en no más de 20 días la solicitud de modulación de la sentencia para que se garantice el debido proceso de las comunidades. El segundo compromiso adquirido por la administración fue no instalar avisos de desalojo y además realizar el respectivo censo para identificar verdaderamente cuántas personas y familias habitan en La Cristalina.
Actualmente, el caso cuenta con una tutela que permitió suspender temporalmente la orden de desalojo por tres meses, como medida humanitaria, mientras se revisa el proceso. Además, esta acción permitió instalar una Mesa Técnica desde el pasado 24 de octubre, integrada por la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Gobernación del Meta y la empresa Hocol S.A., filial del Grupo Ecopetrol, como garante logístico. Allí se discuten posibles soluciones, entre ellas la propuesta de que el Estado compre el terreno a la reclamante para formalizar la propiedad en favor de las comunidades.
Según Noriega, dentro de la sentencia también se establece que el crecimiento poblacional del sector estuvo influenciado por inversiones públicas como construcción de la escuela, el puesto de salud, vías y redes eléctricas, lo que generó confianza en quienes habitan el sector para invertir en el territorio. Sin embargo, el fallo ordena la reubicación de las comunidades.
“Es más difícil trasladar un pueblo de miles de personas que buscar soluciones donde actualmente viven”, señaló el líder social, quien también expresó que se solicita la presencia de entidades nacionales como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales para acompañar el proceso y garantizar la protección de los derechos del campesinado.
Además, el líder social insta a las instituciones a que se tenga en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2023 en el que se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y se dictamina que «es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa».
Mientras avanzan los recursos jurídicos y las mesas de diálogo, quienes habitan La Cristalina permanecen a la espera de la decisión judicial definitiva. La comunidad afirma que su principal interés es permanecer en el territorio donde han construido sus proyectos de vida.
Foto principal: cortesía de la comunidad.
Lea también: Identifican la posible fosa común más grande registrada en el Meta
Actualmente, el caso cuenta con una tutela que permitió suspender temporalmente la orden de desalojo por tres meses, como medida humanitaria, mientras se revisa el proceso. Además, esta acción permitió instalar una Mesa Técnica desde el pasado 24 de octubre, integrada por la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Gobernación del Meta y la empresa Hocol S.A., filial del Grupo Ecopetrol, como garante logístico. Allí se discuten posibles soluciones, entre ellas la propuesta de que el Estado compre el terreno a la reclamante para formalizar la propiedad en favor de las comunidades.
Según Noriega, dentro de la sentencia también se establece que el crecimiento poblacional del sector estuvo influenciado por inversiones públicas como construcción de la escuela, el puesto de salud, vías y redes eléctricas, lo que generó confianza en quienes habitan el sector para invertir en el territorio. Sin embargo, el fallo ordena la reubicación de las comunidades.
“Es más difícil trasladar un pueblo de miles de personas que buscar soluciones donde actualmente viven”, señaló el líder social, quien también expresó que se solicita la presencia de entidades nacionales como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales para acompañar el proceso y garantizar la protección de los derechos del campesinado.
Además, el líder social insta a las instituciones a que se tenga en cuenta el Acto Legislativo 01 de 2023 en el que se reconoce al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y se dictamina que «es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado y de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa».
Mientras avanzan los recursos jurídicos y las mesas de diálogo, quienes habitan La Cristalina permanecen a la espera de la decisión judicial definitiva. La comunidad afirma que su principal interés es permanecer en el territorio donde han construido sus proyectos de vida.
Foto principal: cortesía de la comunidad.
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