Una frontera en disputa: El conflicto entre Ecuador y Colombia

Mientras figuras de poder escalan una guerra de aranceles y retóricas de seguridad, en el Puente de Rumichaca el tejido social de los pueblos limítrofes se fractura. Entre paros de transportistas, desabastecimiento y el avance de la gobernanza criminal, la frontera ha dejado de ser un paso cotidiano para convertirse en una barrera que separa familias, escuelas y economías de subsistencia.

Por: Damián De La Torre Ayora y Shirley Forero Garcés

La geografía dibujó fronteras que, para los pueblos ancestrales, nunca tuvieron significado. En los confines donde los mapas impusieron límites, las comunidades indígenas han resistido al paso del tiempo, a la herida de la colonización y a la sombra de la esclavitud que casi apagó su memoria. Sin embargo, como raíces profundas que ignoran los muros, siguen entrelazadas. Hoy, desde orillas separadas por los mismos colores en banderas distintas, laten como un solo pueblo, sosteniendo con fuerza el hilo invisible de su herencia compartida.

Por eso, para Jorge Daniel Lucero, la realidad en la frontera colombo-ecuatoriana resulta tan compleja como incómoda. Vive en el municipio colombiano de Ipiales (que limita con el municipio ecuatoriano de Tulcán) y forma parte del Pueblo Pasto, una comunidad indígena binacional que ha habitado este territorio durante generaciones, preservando una profunda conexión cultural y espiritual más allá de cualquier línea trazada en un mapa.

Recuerda haberse enterado, a través de las noticias, en febrero de este año, de la decisión de Daniel Noboa, anunciada desde el Foro de Davos en Suiza, de imponer un arancel del 30% (incrementado posteriormente al 50% el 1 de marzo de 2026) a las importaciones provenientes de Colombia, como respuesta a la falta de cooperación en materia de seguridad fronteriza.

“Mi abuela vive en el Ecuador junto con varios de mis tíos y nunca habíamos tenido esta sensación de ser diferentes o de depender de de un marco normativo que no nos permite reunirnos, por ejemplo. Y en este momento pues son muchas ya las restricciones que estamos viviendo”, dice Jorge. 

Y es que no se trata solo del arancel. También está la suspensión del suministro de energía eléctrica y un arancel del 50% a productos ecuatorianos ordenada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, como respuesta a la decisión de Noboa. A ello se suma el incremento en la tarifa para transportar petróleo colombiano a través del oleoducto ecuatoriano, anunciado por Noboa como medida de contraataque.

Lo más reciente es la denuncia de Petro sobre el hallazgo de un artefacto explosivo cerca de la frontera, en territorio colombiano. Incluso solicitó la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar una posible escalada hacia un conflicto armado. Noboa respondió al día siguiente, asegurando que dichas denuncias eran falsas y que el Ejército ecuatoriano actúa dentro de su propio territorio en operaciones contra grupos narcoterroristas, en su mayoría colombianos.

Ante la escalada del conflicto, según medios locales, se prevé un encuentro bilateral en Lima, Perú, los días 23 y 24 de marzo de 2026, donde delegados de ambos países buscarán tratar las tensiones diplomáticas y comerciales con el fin de reducir la situación actual. La reunión contará con el acompañamiento de la Comunidad Andina, representada por su secretario general, Gonzalo Gutiérrez, quien actuará como mediador para facilitar el diálogo y acercar posturas.

El conflicto abarca temas de seguridad fronteriza y comercio, con impactos económicos y sociales en la región, por lo que se espera que este espacio contribuya a avanzar hacia una solución.

Tejidos sociales que se debilitan

Daniel, quien también es abogado y líder social, advierte que este tipo de decisiones fractura el tejido social que las comunidades fronterizas han construido durante generaciones, donde la frontera nunca ha sido entendida como una barrera. “Por ejemplo, en el municipio de Cumbal, a unos 40 minutos de Ipiales, hay zonas rurales donde los niños cursan su primaria en escuelas del Carchi (en Ecuador). ¿Por qué? Porque basta con cruzar un puente. Del mismo modo, hay familias ecuatorianas que se trasladan al lado colombiano para acceder a servicios de salud. Así funciona la dinámica en la frontera”.

En consecuencia, señala Daniel, cualquier medida restrictiva altera una cotidianidad en la que la frontera es, en realidad, un espacio de encuentro y subsistencia compartida, afectando incluso los vínculos personales más cercanos.

El comercio que se frenó

La frontera colombo-ecuatoriana ya no es lo que era. Hoy, en Rumichaca, el silencio pesa. No es un silencio absoluto, siempre hay alguien que cruza a pie, siempre hay alguna voz que se cuela entre los retenes migratorios. Se trata de un silencio distinto. Se vive una atmósfera como si, de pronto, ese territorio que durante décadas ignoró las líneas del mapa hubiera empezado a sentirlas.

Desde que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, impuso los elevados aranceles, la dinámica se quebró. Y desde el 9 de marzo de 2026, cuando inició el paro indefinido en Ipiales, del lado colombiano, ese quiebre se volvió visible. Lo que antes era tránsito constante ahora es espera. Los camiones dejaron de avanzar, las filas desaparecieron no porque el flujo sea eficiente, sino porque simplemente ya no hay qué mover.

En Ipiales se acumulan productos que no encuentran salida. Arroz, papa, frutas, textiles, combustibles, autopartes han quedado a la espera del cruce para ser comercializados.  Mercancías como el camarón enfrentan nuevas barreras. La caída del comercio (que los gremios estiman en cerca del 90%) no distingue nacionalidades ni tamaños de negocio.

Pero, sobre todo, no distingue oficios. Las pérdidas se sienten en toda la cadena logística. Empiezan en el agricultor que no logra vender su cosecha, pasan por el estibador que ya no tiene carga que mover, golpean al transportista que dejó de trabajar, y terminan en el comerciante que abre su local sin saber si venderá algo ese día. Es un efecto dominó que ha dejado a la frontera en una especie de parálisis extendida, donde cada eslabón depende del otro para sobrevivir.

Carlos Bastidas, presidente de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, lo plantea sin ambigüedades: “La única salida posible es desmontar las medidas que originaron la crisis. Nosotros solo pedimos la derogatoria de los aranceles y que se levante la prohibición de ingreso de productos de manera urgente para reactivar el flujo comercial”, dice el dirigente.

Él advierte que, de no hacerlo, “el impacto seguirá profundizándose en los sectores más vulnerables”, aquellos que no tienen margen para resistir semanas, mucho menos meses, sin ingresos. “Hablamos de 5 millones de dólares de pérdida diaria en toda la cadena logística de comercio”.

La situación ha escalado a una reconfiguración forzada de la geografía comercial. Daniel advierte que el cierre de pasos históricos como el de Cumbal o el puente de San Miguel en el Bajo Putumayo ha estrangulado la economía del sur colombiano. Al habilitar Rumichaca como único embudo legal, el sistema de trámites colapsó ante un volumen desproporcionado de mercancías para el cual la infraestructura local no estaba preparada.

Esta «asfixia», dice Jorge, obligó a que productos que antes cruzaban la frontera terrestre ahora deban dar un rodeo costoso y logísticamente inviable para entrar a Ecuador únicamente a través del puerto de Guayaquil. El resultado es una paradoja económica en la que mientras el norte de Ecuador sufre por el desabastecimiento de insumos agropecuarios y herramientas colombianas que no produce —o cuya calidad es inferior—, el sector comercial de Nariño y Putumayo intenta, desesperadamente, desviar su producción hacia el interior del país o hacia la frontera con Perú.

La diplomacia remota y la Paz Total que no llega

Jorge señala con preocupación una desconexión entre el poder central y la periferia. Percibe un «gobierno remoto» por parte de Daniel Noboa, cuyas decisiones parecen más alineadas con agendas externas que con la realidad de las provincias de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos e Imbabura.

En las comunidades fronterizas, de hecho, se ha vuelto común escuchar que el mandatario “gobierna por control remoto desde Miami”, una frase que incluso ha sido apropiada por sectores de oposición. La crítica se intensifica al señalar que, en medio de crisis energéticas y el aumento de la violencia, el presidente ha mantenido una agenda internacional activa, con viajes frecuentes a Estados Unidos y Europa, bajo el argumento de atraer inversión extranjera y fortalecer el “Plan Fénix” en materia de seguridad.

Aunque el discurso oficial de ambos gobiernos se centra en la seguridad, en el territorio la lectura es distinta. Jorge sostiene que las medidas arancelarias no han debilitado las estructuras del narcotráfico ni las redes de trata de personas —como el Tren de Aragua o carteles mexicanos presentes en la zona—. Por el contrario, advierte que al restringir la economía formal, se han reactivado con mayor fuerza las rutas de contrabando. En las “trochas”, señala, incluso ha ingresado maquinaria pesada para habilitar corredores no oficiales, dejando la economía de subsistencia en manos de los mismos grupos ilegales que los Estados aseguran combatir.

Para él, que Noboa pase más tiempo fuera del país mientras el puente de Rumichaca permanece bloqueado refuerza la percepción de una brecha entre una “élite global” y la “realidad andina”.

Desde la Presidencia de Ecuador, sin embargo, la narrativa es otra. Noboa ha defendido sus desplazamientos como parte de una estrategia para fortalecer la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos y la Unión Europea, en la lucha contra el narcotráfico transnacional. Asimismo, se argumenta que estos viajes responden a la necesidad de gestionar recursos ante organismos multilaterales, en un contexto de limitaciones fiscales internas.

Por otro lado, Gustavo Petro ha sido cuestionado por su política de “Paz Total”, que —según críticos— no ha logrado disputar el control efectivo de las zonas fronterizas a los grupos ilegales. Comunidades de Nariño y Putumayo han denunciado que, en la práctica, organizaciones como el Tren de Aragua, el Estado Mayor Central (disidencias) y otros actores armados dominan las “trochas” y regulan la movilidad en estos territorios.

El panorama de seguridad al cierre de 2025 revela un fortalecimiento crítico de las estructuras criminales en Colombia. Según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), los grupos armados ilegales alcanzaron una fuerza operativa de más de 27.000 integrantes (incluyendo combatientes y redes de apoyo), lo que supone un crecimiento del 23,5 % en comparación con el año anterior. Este incremento implica que, en tan solo doce meses, aproximadamente 5.000 personas se incorporaron a estas organizaciones, desafiando directamente la capacidad de disuasión del Estado.

Este robustecimiento militar ha derivado en niveles de confrontación sin precedentes en la última década. La FIP señala que las disputas armadas aumentaron un 34 %, motivadas por fragmentaciones internas y una competencia feroz por el control de economías ilícitas y corredores estratégicos. Como resultado, el país cuenta hoy con 13 zonas de disputa activa, cifra que duplica las registradas al inicio de la administración de Gustavo Petro en 2022. 

Un ejemplo de la complejidad del contexto se registró en mayo de 2025, cuando un enfrentamiento en el lado ecuatoriano, entre Orellana y Sucumbíos, dejó 11 militares ecuatorianos muertos. Desde Ecuador se señaló directamente a los Comandos de la Frontera, disidencias de las FARC con presencia en Putumayo.

A esto se suma que, en diciembre de 2025, grupos como los Comandos de la Frontera y las disidencias de las FARC (Frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez) han instrumentalizado las negociaciones de la Paz Total para consolidar una gobernanza criminal en el Putumayo (departamento colombiano que limita con Ecuador). Según Human Rights Watch, estas organizaciones aprovechan el valor estratégico de la región en el narcotráfico y la minería ilegal para imponer un control social violento que incluye asesinatos de líderes, reclutamiento forzado de menores y un régimen de castigos arbitrarios contra la población civil. 

Este escenario de aparente permisividad estatal desembocó en la crisis diplomática de marzo de 2026, tras el bombardeo ecuatoriano a un campamento liderado por alias “Mono Tole” en zona fronteriza. Para los sectores críticos, el gobierno de Petro ha privilegiado la retórica de la paz sobre el control soberano del territorio, lo que ha permitido a los grupos ilegales consolidar su poder sobre la población civil.

Fronteras cerradas, puentes vivos

En medio de la situación, Rumichaca ha dejado de ser un punto de paso para convertirse en un espacio en disputa. Un lugar donde se hace visible lo que normalmente permanece oculto: la dependencia mutua, la fragilidad de las economías locales, la contradicción entre dos Estados que tensan la cuerda mientras, abajo, la gente intenta no caerse.

Sin embargo, hay momentos en los que esa quietud se rompe. Sucede cuando llegan las y los manifestantes. Entonces, el puente vuelve a tener cuerpo. Los transportistas, los comerciantes, los trabajadores ocupan el espacio que dejaron los vehículos. Las consignas reemplazan al ruido de los motores. Por unas horas, la frontera vuelve a moverse, pero no en la lógica del intercambio, sino en la del reclamo ante medidas políticas que les golpean.

Del lado ecuatoriano, estas movilizaciones han sido intermitentes, a diferencia de Ipiales, donde el paro se ha sostenido de forma continua desde el 9 de marzo. Aun así, el cierre del 17 de marzo del lado ecuatoriano marca un punto de inflexión. Es la posibilidad de que la presión deje de ser unilateral y se convierta en un eco compartido a ambos lados del puente.

La viceprefecta del Carchi, Verónica García, concuerda con Bastidas. No contradice esa urgencia, más bien la amplía. Señala que la magnitud del impacto, según lo que ha conversado con sectores comerciales, es de alrededor de 2.000 empresas afectadas en Ecuador y hasta 200.000 empleos en riesgo.

Por eso insiste en la conformación de mesas técnicas que integren a especialistas, la academia, transportistas, comerciantes y todos los sectores atravesados por la crisis, “con el objetivo de analizar la crisis en su complejidad y construir salidas sostenibles”.

Para la autoridad ecuatoriana, no se trata solo de reaccionar ante la coyuntura, sino de entender la profundidad del problema y evitar que la frontera vuelva a quedar expuesta a decisiones que no consideran su realidad.

Y mientras se discuten porcentajes, soberanías y respuestas estratégicas, la frontera aprende, quizá por primera vez en mucho tiempo, lo que significa ser realmente una frontera.

Este reportaje hace parte de un ejercicio académico para la asignatura de Periodismo Transmedia, que hace parte del máster en Periodismo Digital y de Datos de la Universidad Nebrija.