Los operativos de desalojo que se adelanta en contra de las comunidades indígenas que intentan volver a sus terrenos ancestrales en Puerto Gaitán, Meta, dejaron como saldo siete viviendas destruidas y familias en las que hay mujeres gestantes, niñas y niños sin hogar, además de un posible herido y pertenencias incineradas.
Desde muy temprano del miércoles 20 de abril llegó el ESMAD y el Ejército a zona rural de ese municipio para iniciar el proceso de desalojo de la población indígena que estaba programado para el 21 de abril; esta situación se da en medio de los procedimientos que involucran los intereses de la colonia Menonita que habría acumulado indebidamente predios colindantes de los asentamientos indígenas de San Rafael Warrojo, Sikuani, Tsabilonia, Barrulia y Iwitsulibo.
Ese día habría aumentado la tensión cuando presuntos trabajadores del esquema de seguridad de la Fazenda dispararon en contra de la guardia indígena que estaba protegiendo que no se les desplazara nuevamente de sus territorios ancestrales que tuvieron que abandonar años atrás por la violencia. Ellos desde el 2018 vienen adelantando el proceso para retornar a su territorio; a finales de 2021 y principios de 2022 decidieron construir viviendas, a pesar de las múltiples amenazas que habrían recibido por parte de supuestos exadministadores, dueños de los lotes, grupos armados e incluso la Fuerza Pública para impedir su regreso.
Comunidad del Asentamiento Indígena Barrulia informa suspensión de la diligencia de desalojo, luego que varias de sus viviendas fueran destruidas. Esto se produce luego de la manifestación pacífica realizada en la vía que conduce de Puerto Gaitán a Campo Rubiales. pic.twitter.com/DJ3gr5SM1E
— CorpoclaretianaNPB (@Corpoclaretiana) April 21, 2022
Pese a que el Decreto 23333 de 2014 de la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, protege el derecho que los pueblos originarios tienen sobre estos predios y que la misma ANT le aseguró al gobernador indígena de San Rafael Warrojo que se ordenó no realizar procedimientos policiales; sí se adelantó el respectivo desalojo.
“Hoy estas comunidades exigen – al Gobierno y la ANT-, que les entreguen estas tierras […] y lo que hace el Gobierno es dar la orden de desalojo en muchos para vender las tierras argumentando que las tierras para las comunidades indígenas no las producen, lo cual, reitero que las comunidades indigenas hemos venido sostenido equilibradamente estas tierras para no maltratar a la madre naturaleza, eso es lo que hemos hecho milenariamente”, indicó Julio Chamavarri, líder indígena de Puerto Gaitán.
Ante la inminente amenaza de ser despojados, la comunidad realizó bloqueos en dos puntos, uno cerca al casco urbano de Puerto Gaitán y el otro seis kilómetros más adelante, en Alto Neblinas.En la madrugada del jueves el ESMAD se retiró de la zona mientras se entablan procesos de diálogo. Los pueblos indígenas exigen se esclarezcan las razones de que seguridad privada de la FAZENDA les hubieran disparado y que civiles hubiesen ayudado a derribar las viviendas que alcanzaron a ser desalojadas. Así mismo que les reparen por los daños ocasionados, pues al parecer, en medio de esta diligencia judicial, se les quemaron sus pertenencias.
Por ahora, la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello continúa su labor de acompañar a estos pueblos indígenas y ayudar a frenar el desalojo -que por ahora está detenido mientras se entabla una mesa de diálogo con los cabildos indígenas-, no solo para evitar violaciones de derechos humanos sino para reiterar el derecho que los pueblos originarios tienen sobre estos territorios.
