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Reclutamiento infantil persiste en Colombia: 257 casos documentados en 2025
Aunque el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes disminuyó en 2025 según cifras de la Defensoría del Pueblo, esta entidad advierte que la práctica persiste en varios territorios del país y sigue truncando proyectos de vida, especialmente en comunidades indígenas y rurales.
Durante 2025, al menos 257 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados por grupos armados ilegales en Colombia, de acuerdo con el más reciente balance presentado por la Defensoría del Pueblo. Aunque la cifra representa una reducción frente a los 651 casos reportados en 2024, la entidad advierte que el fenómeno continúa siendo una grave vulneración de derechos.
El informe fue dado a conocer en la mañana del 22 de enero por la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien alertó sobre la persistencia del reclutamiento forzado como una práctica sistemática en varios territorios del país. Según los registros oficiales, el 62 % de las víctimas fueron niños y adolescentes, mientras que el 38 % correspondió a niñas y adolescentes.
En cuanto a la pertenencia étnica, casi la mitad de los casos -el 47 %- involucró a menores indígenas. Un 45 % de las víctimas no se reconoce dentro de ningún grupo étnico y el 8 % corresponde a población afrocolombiana, lo que evidencia una afectación desproporcionada sobre comunidades históricamente vulneradas.
Lea también: Panorama del reclutamiento forzado en Meta y Guaviare, el flagelo que persiste
La Defensoría del Pueblo identificó al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc como el grupo armado que presuntamente concentró el mayor número de reclutamientos, con el 47,1 % de los casos registrados a nivel nacional. Le siguen disidencias sin identificar con el 15,16 %, el Ejército de Liberación Nacional -ELN- con el 11,7 % y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia con el 8,2 %.
El análisis temporal del fenómeno muestra que junio fue el mes con mayor número de reportes, al concentrar el 13 % de los casos. Febrero y marzo registraron cada uno el 11 %, mientras que enero, abril y septiembre acumularon el 10 % de los hechos de alistamiento forzado de menores.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha alertado que grupos armados han empezado a utilizar herramientas como las redes sociales para seducir y captar a menores en zonas como Meta y Guaviare, contactándolos a través de plataformas digitales, lo que añade una capa más compleja a las dinámicas de reclutamiento forzado.
La Fundación Paz y Reconciliación –Pares-, explica que en ese contacto por redes sociales se les ofrece dinero, protección o pertenencia. «Esta modalidad reduce la denuncia formal, aumenta el subregistro y hace que este fenómeno sea más invisible. También explica que haya cifras que se reducen sin que el delito haya disminuido realmente».
Desde una perspectiva territorial, el Cauca se consolidó como el departamento más afectado, con 93 casos documentados durante el año. El Guaviare registra 8 casos y el Meta uno. En estos dos departamentos, la amenaza del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una realidad que golpea a las comunidades. En ambos, la presencia de grupos armados ha profundizado el miedo, evidenciando que el reclutamiento infantil no es solo una cifra, sino una tragedia social con raíces profundas en la falta de oportunidades y de mejorar en la calidad de vida.
Pese a la disminución en las cifras, la Defensoría del Pueblo insistió en que no se trata de un problema superado. “Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar”, señaló la entidad en su comunicado, al reiterar el llamado a fortalecer las acciones de prevención y protección en los territorios.
Además, organizaciones sociales también advierten que la mayoría de los casos no están documentados, ya sea por el temor de las familias a denunciar, las dificultades de acceso a zonas rurales controladas por actores armados o la débil presencia institucional en los territorios más afectados.
La Fundación Paz y Reconciliación –Pares-, explica que en ese contacto por redes sociales se les ofrece dinero, protección o pertenencia. «Esta modalidad reduce la denuncia formal, aumenta el subregistro y hace que este fenómeno sea más invisible. También explica que haya cifras que se reducen sin que el delito haya disminuido realmente».
Desde una perspectiva territorial, el Cauca se consolidó como el departamento más afectado, con 93 casos documentados durante el año. El Guaviare registra 8 casos y el Meta uno. En estos dos departamentos, la amenaza del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes sigue siendo una realidad que golpea a las comunidades. En ambos, la presencia de grupos armados ha profundizado el miedo, evidenciando que el reclutamiento infantil no es solo una cifra, sino una tragedia social con raíces profundas en la falta de oportunidades y de mejorar en la calidad de vida.
Pese a la disminución en las cifras, la Defensoría del Pueblo insistió en que no se trata de un problema superado. “Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar”, señaló la entidad en su comunicado, al reiterar el llamado a fortalecer las acciones de prevención y protección en los territorios.
Además, organizaciones sociales también advierten que la mayoría de los casos no están documentados, ya sea por el temor de las familias a denunciar, las dificultades de acceso a zonas rurales controladas por actores armados o la débil presencia institucional en los territorios más afectados.
