Los homicidios en Colombia de firmantes de paz no se detienen, pese a que enero fue un mes con un buen balance de seguridad para los y las excombatientes, febrero y marzo registraron cifras que dan muestra de que la ola de asesinatos no cesa para quienes dijeron adiós a las armas e intentaron hacer una vida diferente. Según Indepaz, las víctimas fueron César Augusto Ruíz Gómez, Eduardo Marlon Mejía Vargas, Wilson Sarria Llanos y Javier Sánchez Ortega.
La información entregada por las autoridades y dada a conocer por el medio de comunicación Radio Nacional de Colombia, ratificó que el primer asesinato registrado en 2023 corresponde al de César Augusto Ruíz, quien fue abordado por hombres armados cuando caminaba por las calles de la ciudad de Cali, el 06 de febrero del presente año.
El segundo caso se presentó en el departamento de Arauca, donde Eduardo Marlon Mejía fue asesinado en su residencia. Según lo dio a conocer Indepaz en un comunicado oficial vía Twitter, el firmante estaba siendo amenazado desde el mes de mayo de 2022.
El tercer homicidio ocurrió en Belén de los Andaquíes en el departamento de Caquetá, donde Wilson Sarria fue hallado el 14 de marzo por campesinos de la zona, sepultado bajo tierra. Él se encontraba desparecido desde el 06 de marzo, última vez que compartió y fue visto por su familia.
La última víctima se trata de Javier Sánchez, quien, según el reporte de las autoridades, fue asesinado el 19 de marzo en zona rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander. La Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana 024/19 había informado del riesgo para las y los firmantes de paz de la zona, ya que hay presencia de grupos ilegales como ELN, EPL, Frente 33 del Estado Mayor Central y otras bandas locales.
Según la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP, se redujeron los asesinatos en el primer trimestre del presente año en comparación con 2022, ya que para el mes de marzo de ese año se habían registrado 11 homicidios. Los departamentos donde más hubo víctimas fueron Cauca con un 20%, seguido de Nariño y Antioquia con el 13%, mientras que en Caquetá se presentó el 11%, Putumayo el 10% y Meta con el 9% del total de homicidios a nivel nacional.
En cuanto al departamento del Meta, la Misión de verificación de las Naciones Unidas dio a conocer que, desde la firma del Acuerdo en 2016 hasta diciembre de 2022, en el territorio han ocurrido 25 homicidios de los cuales 23 víctimas fueron hombres y dos mujeres; además, diez excombatientes enfrentaron tentativa de homicidio y dos sufrieron desaparición forzada. En lo corrido del 2023 no se han registrado asesinatos de reincorporados en la región, pero sí fueron amenazados 200 firmantes y sus familias, en el municipio de Mesetas, dándoles 30 días para trasladarse a otro territorio, lo que agrava las condiciones de vida para las y los excombatientes en el departamento.
Frente a la problemática de seguridad que se viene presentando desde la firma del Acuerdo de Paz, la JEP en 2021 compartió una serie de recomendaciones con el objetivo de disminuir el asesinato de quienes le han venido apostando a la paz:
- Erradicar el estigma hacía los y las firmantes.
- Protección a los hijos e hijas y parejas sentimentales de los y las excombatientes.
- Prevención de desplazamiento forzado de sus familias.
Para cumplir con lo propuesto se establecieron mesas de trabajo que integraban a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional, al Comando Conjunto Estratégico de Transición, Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización- ARN.
Sin embargo, al no detenerse las amenazas y asesinatos, el Consejo Nacional de Reincorporación del Partido Comunes, aseveró el 22 de diciembre del 2022 que era “hora de pasar a la acción, basta ya de mensajes de solidaridad o promesas que no presentan soluciones prácticas a esta situación que evidentemente es sistemática y busca debilitar el compromiso de quienes se mantienen firmes en la paz”.
Así mismo, las y los excombatientes consideran que la dejación de armas no fue fácil, pero que ellos y ellas cumplieron su compromiso y que por ello requieren acciones contundentes para garantizar su protección, “llegamos a un contexto en el que nos encontramos desprotegidos y en un alto riesgo debido a la agudización de la violencia en los territorios que habitamos. Si alguien ha cumplido el Acuerdo de Paz somos los reincorporados y reincorporadas, el gobierno no cumplió. Entonces carecemos de seguridad (…) Siempre nos sentimos en riesgo, no sólo en los ETCR o NAR donde vivimos, sino cuando salimos a buscar trabajo, a visitar familiares, a tareas partidarias, comunitarias, de cooperativas, y demás. Allí es cuando estamos más vulnerables a perder la vida o integridad nuestra y de nuestros familiares, tenemos miedo”.
Otra de las situaciones que dan cuenta de la problemática de seguridad pese a las medidas en las que trabajan las organizaciones e instituciones, fue lo ocurrido el 16 de marzo, cuando se reportó el cesé de actividades de desminado por amenazas de grupos al margen de la ley.
Los ataques a firmantes del #AcuerdoDePaz son sistemáticos, @HUMANICEMOS_DH es una corporación de desminado humanitario que sufre persecución de grupos armados. La #PazTotal es un propósito que debemos apoyar, pero así mismo sus partícipes deben cesar sus ataques contra nosotros pic.twitter.com/qV9jyJf1cc
— COMUNES 🌹 (@ComunesCoL) March 16, 2023
Según Indepaz, desde la firma del Acuerdo de Paz a la fecha, se han registrado 352 homicidios de excombatientes, de los cuales 11 víctimas fueron mujeres y 341 hombres.
