Diversas asociaciones de campesinos, de pescadores, feministas, sindicatos y comunidad en general de Puerto Wilches, Santander, instauraron una acción de tutela por la violación de derechos fundamentales, como a la participación, acceso a la información, a la vida e integridad y de petición; en el marco del proceso piloto de ‘fracking’ que adelanta el Gobierno Nacional en esa zona del país. La comunidad argumenta que le han violado su derecho a la participación democrática en las discusiones de asuntos medioambientales cruciales para la vida y desarrollo de su municipio.
La comunidad argumenta que desde el inicio del plan piloto de implementación de ‘fracking’ en la zona, no se han llevado a cabo procesos de participación activa, sino que han sido espacios en los que les han comunicado decisiones ya tomadas y no ejercicios de concertación como lo ha orden la Corte Constitucional. “Las comunidades tienen derecho a participar en escenarios donde se desarrollen proyectos que tengan impacto sobre el ambiente, incluso cuando no son titulares del derecho a la consulta previa. Es decir, se entiende que el Gobierno nacional y los demás actores que intervengan en estos proyectos, tienen el deber de garantizar espacios de participación representativa, activa y eficaz, tanto para las comunidades étnicamente diferenciadas, como para aquellas que no lo son”. Señala la Corte en su sentencia C-644 de 2017.
La comunidad denuncia que el Gobierno Nacional ha abierto escenarios en los que no han estado todas las personas involucradas y afectadas, y a los que han sido invitados, solo les han dado información, pero sin tener en cuenta sus puntos de vista. Reclaman que los actos administrativos, que no se han dado plenamente y da cara a la población, no son idóneos pues no les permite decidir de manera libre y consciente. Así mismo, reclaman que el Gobierno Nacional tiene los 11 puestos en el Comisión Intersectorial de Acompañamiento Científico-CIAT, lo que origina que el Gobierno mantenga una posición dominante en la toma de decisiones, dejando a la comunidad como observadora.
La Mesa Territorial de Diálogo y Seguimiento de Puerto Wilches se instaló en noviembre de 2021, a este punto de encuentro el Gobierno Nacional solo invitó a representantes de las comunidades del área de influencia, y no a las organizaciones comunitarias de base que se oponen al ‘fracking’ en el municipio. También, denuncian que muchas de las personas invitadas son funcionarios de bolsas de empleo y asociaciones de profesionales que, en el caso de llevarse acabo el proyecto, resultarían beneficiados con las contrataciones. Ha sido tan persistente el asedio para que las comunidades no se manifiesten que, en las transmisiones virtuales de los Diálogos Territoriales, el administrador ha bloqueado las cuentas y censurado los comentarios de quienes han expresado su rechazo al ‘fracking’.
En cuanto a algunas actividades de exploración previa al inicio del proyecto, los dueños de la finca La Morena de la vereda El Centro, sobre la vía que conduce a Puerto Wilches, exactamente en el kilómetro 15, denunciaron que contratistas de Ecopetrol violaron su propiedad y realizaron actividades sin tener autorización para ello. A esto se le suma que, en las socializaciones de decisiones, el Gobierno ha acompañado los encuentros militarizando el municipio y desplegando al Esmad, muy a pesar que todos han transcurrido en calma y de manera pacífica. Estas tensiones, que la comunidad señala de innecesarias, han originado que los denunciantes reciban amenazas e intimidaciones.
En la tutela se pretende que el juez o jueza decida adoptar medidas provisionales para ordenar la suspensión de todos los trámites, estudios y procedimientos relacionados al proyecto piloto de ‘fracking’ que adelanta la nación en Puerto Wilches. Esto, hasta que no se garantice la participación efectiva y democrática de todas las partes involucradas, sin que los habitantes sean amenazados, hostigados o asesinados. Lo anterior, para que se les concedan a los habitantes el amparo de sus derechos fundamentales para la participación en los temas ambientales, acceso a la información, garantía a la vida e integridad personal, al debido proceso y a la petición.
Por lo pronto, la comunidad de Puerto Wilches, la primera región del país en donde el Gobierno Nacional intenta llevar a cabo proyectos pilotos de ‘fracking’, espera que la justicia falle a su favor y puedan, de manera efectiva, gozar de sus derechos en los procesos de participación para que puedan incidir de manera real en la toma de decisiones.
