Mujeres, madres, hermanas, esposas, e hijas, a través de un performance teatral visibilizan la búsqueda de sus desaparecidos en el departamento del Meta.
En las playas de los ríos, en los hornos crematorios, en los caminos ganaderos, en las lagunas, en los cementerios, allí y allá, las mujeres buscan a sus familiares desaparecidos, cuerpos que ni siquiera se conocen y ahora son el único abrigo para el frio de la noche. “Cada día de mi vida está dedicado a la búsqueda de mi hija. Me levanto pidiendo por su regreso” dice Amparo Buzato, una de las mujeres que hace parte de la Mesa Municipal de Víctimas, cuenta que su hija hace “16 años 11 meses y 15 días que fue desaparecida, en el Guaviare, por la trocha ganadera que conducía a Charras”. Además de la incertidumbre del paradero de sus víctimas, los familiares deben enfrentar la lucha por el reconocimiento de los hechos, las amenazas y la trivialización de lo ocurrido por parte de autoridades.
Es por eso que, La Comisión de la Verdad y estudiantes de la Universidad de los Llanos el pasado viernes 2 de agosto en el auditorio Jaime Garzón rindieron un acto de reconocimiento a estas mujeres. Ellas compartieron con el público sus experiencias de búsqueda, pero en especial la manera en cómo afrontan la construcción de memoria a través del teatro, grupos como El Tente y Corcocoras del Llano, por su rol, su entrega, valor y coraje en la búsqueda de desaparecidos en la Orinoquia.
La desaparición forzada es la modalidad de violencia que reclama más esfuerzos investigativos, esto explica en parte la intención de los actores armados de invisibilizar el crimen, también como ejercicio de control territorial, la especificidad del delito reside justamente en la privación de la libertad y el ocultamiento del paradero de la persona desaparecida.
Según informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, la desaparición y los asesinatos selectivos fueron las modalidades preferidas para mantener las intimidaciones y el error en las comunidades, operó como un mecanismo que aumentó la reputación de la violencia de los paramilitares y que luego permitió ocultar las magnitudes de sus acciones. Además del terror asociado a esta forma de violencia dentro de la lógica paramilitar, aleccionadora para las comunidades cono castigo por el perfil de las víctimas, las torturas se orientaron como método para obtener información.
Estiman que solo en el Meta se han presentado 4.456 casos de desaparición forzada. El drama de este crimen es un fenómeno no muy visible en el país y en la región. El peso de las desapariciones recae especialmente sobre las mujeres (madres, hijas, hermanas, novias, abuelas, etc.). Son las mujeres quienes representan un grupo particularmente impactado por el conflicto armado, si bien las cifras permiten afirmar que nueve de cada diez víctimas fatales o desaparecidas fueron hombres, es justamente en las mujeres sobre quienes recae el peso de la tragedia producida por la violencia.
“Los cargamos nueve meses, por eso nos duele a nosotras, pero necesitamos que el resto se apersone del dolor ajeno” dice Martha, una de las madres que asiste y expone su historia en el evento; a partir de pruebas testimoniales dan a conocer el dolor y el sufrimiento que han tenido que padecer. Son ellas quienes generalmente asumen el compromiso de búsqueda de su ser querido. Los silencios legitiman acciones y por eso, ellas no se piensan callar hasta que encuentren a los suyos; los hechos de violencia han dejado huellas profundas y diferenciales en sus cuerpos, en sus psiquis, han trastocado la cotidianidad y han alterado sustancialmente sus creencias y proyectos de vida. Para algunas mujeres los hechos victimizantes las llevaron a emprender acciones del ámbito público sin tener la preparación necesaria, por ejemplo, los trámites administrativos y judiciales, unas sin saber leer y escribir.
En Colombia, según reporte nacionales e internacionales, las mujeres han sido víctimas de múltiples y atroces y sistemáticos crímenes: según cifras del Registro Único de Victimas entre 1985- 2012, 2.420.887 mujeres han sido víctimas de desplazamiento forzado, 1.431 de violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12,624 de homicidio, 592 de minas antipersonas, 1.697 de reclutamiento forzado y 5.873 de secuestro.
La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, la práctica operó en entre otras formas con la incineración de cuerpos en hornos crematorios artesanales, entierro de fosas comunes, convirtieron los ríos en fosas comunes, y prohibieron a sus familiares recogerlos, en otros casos los grupos armados buscaron exhibiciones pusieron cuerpos en espacios públicos con marcas de sevicia, de tal forma que reconstruir la identidad de la persona fuera imposible, la desaparición y los asesinatos selectivos fueron las modalidades preferidas para mantener las intimidaciones y el error en las comunidades. Además del terror asociado a esta forma de violencia dentro de la lógica paramilitar, aleccionadora para las comunidades como castigo por el perfil de las víctimas, las torturas se orientaron como método para obtener información.
Según el Colectivo Socio jurídico Orlando Fals Borda, en cuatro cementerios del Meta y uno del Guaviare: La Macarena, Vista Hermosa, Granada, Villavicencio en el Meta y San José del Guaviare, se encontraron 2.304 cuerpos de personas no identificadas, una gran mayoría registrados como muertos en combate, guardan los despojos del conflicto armado por parte de todos los actores: guerrilla, autodefensas y fuerza pública.
“Ahora estos cementerios están relacionados con varias investigaciones en el que muy probablemente se tenga oportunidad, con más elementos probatorios, de aclarar la muerte de muchos e intervenirlos nuevamente para establecer cuántos más cuerpos sin identificar existen” dijo la magistrada de Justicia Especial para la Paz (JEP) a una entrevista de Colombia 2020.
