
Del desplazamiento a las periferias de Villavicencio: la resistencia de una mujer indígena ante la discriminación
Ella ha resistido ante la descriminación y la desigualdad, como mujer indígena y sobreviviente del desplazamiento …
Claudia María Sánchez llegó a Villavicencio en el año dos mil tras vivir su primer desplazamiento desde Cumaribo, en el departamento del Vichada. Tuvieron que trasladarse en un camión hasta donde unos familiares en la capital del Meta por la amenaza de ser reclutadas por la guerrilla, fue la única solución que encontró su madre para protegerlos.
Su primer paso por la puerta al Llano duró cinco años, en los cuales empezó a percibir a temprana edad, lo que era el rechazo social y la exclusión por ser indígena, recuerda que fueron momentos difíciles donde “el hambre le puede más y mi mamá recibió muchas humillaciones en ese tiempo”.
Pese a que trascurrieron los años en medio de la discriminación y la violencia, en un intento por reconstruir su vida, regresó al Vichada, donde fue madre y planeaba junto a su pareja permanecer allí. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto armado, que entre el año 2006 y 2010 según el Registro Único de Víctimas-RUV dejó un saldo de 2.131.530 personas afectadas, interrumpió de nuevo su andar, esta vez, presenciando muertes y dolor, “donde estaba usted, encontraba personas muertas o mutiladas”, recuerda. Además, la imposibilidad de seguir trabajando generó un segundo desplazamiento.
Su retorno a Villavicencio estuvo marcado por la revictimización por una vivienda digna, llegó a un asentamiento humano llamado “La Victoria”, ubicado en una de las periferias de la ciudad cerca al Barrio San Antonio, donde se encontraban 1.200 familias desplazadas, de las cuales 54 eran indígenas, allí, conoció la violencia institucional y el racismo. En el año 2011, en medio de las promesas de una reubicación por parte del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, recibieron por medio de la fuerza desproporcionada del Estado, un desalojo que dispersó la comunidad, y su posibilidad de construir un hogar.

Aunque la resistencia por la permanencia en ese espacio territorial era colectiva, la discriminación por ser indígenas les clasificó socialmente, Claudia cuenta, con algo de indignación, que tuvieron que ubicarse en un parque lejos de quienes eran sus vecinos y vecinas, ya que, “los blancos decían que, pues no querían nada los indígenas metidos ahí con ellos. Entonces nosotros nos hicimos al otro lado”.
Después de vivir en una vivienda en material de lona, caucho, madera y luchar contra los desafíos climáticos que en cada inundación las dejaban sin nada, lograron que por medio de una serie de sentencias como la T-454 y T5 generadas por casos de desalojo en Neiva y Villavicencio, sumado a muchos años de organización comunitaria para la exigencia de su derecho a una vivienda digna, fueran reubicadas en el año 2017 al barrio la Madrid, en un proyecto de vivienda que en sus inicios no contaba con equipamientos urbanos necesarios para garantizar posibilidades para sus proyectos de vida, pero que les permitía estabilidad.
Hacer parte de grupos socialmente excluidos, como los pueblos indígenas y verse enfrentados a patrones culturales de discriminación profundizan la desigualdad, según lo indica en su informe Rompiendo Moldes 2 de Oxfam LAC, “esta polarización económica impide que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos de manera efectiva”, y así mismo estos factores desencadenan una reproducción de las Violencias Basadas en Género-VBG, a las que Claudia también estuvo expuesta, “con mi pareja yo sufrí mucho maltrato, por eso. Y de parte de mis suegros o de mis cuñadas decían que yo era la guajiba… sufrí mucho maltrato”, recuerda.
Rompiendo moldes ante el machismo, la inequidad y el racismo
Hasta octubre de 2021, en el reporte del RUV, 264.578 mujeres indígenas de los 115 pueblos indígenas se han reconocido como víctimas del conflicto armado en Colombia. Pese a las distintas violencias que les atraviesan, buscan pervivir en sus territorios. Una de esas mujeres es Graciela Barbosa, quien lleva 25 años en Villavicencio y es reconocida por su lucha constante en la preservación de las tradiciones y culturas de sus comunidades, así como por generar espacios para la autonomía y derechos de las mujeres.
Las historias de Graciela y Claudia se entrelazan al ser mujeres indígenas, desplazadas por el conflicto armado y vivir en una de las ciudades con mayor violencia intrafamiliar del país, como lo evidencia el informe epidemiológico de Medicina Legal del año 2024. Con el agravante que encontrar trabajo bien remunerado parece una posibilidad lejana para ellas. “Cuando uno va a buscar un trabajo en una empresa, le preguntan a uno: ¿usted es indígena? ¿De dónde viene?”, menciona Claudia, afirmando que después de esas preguntas en caso de pasar la entrevista, las opciones de vinculación laboral son en labores domésticas y del cuidado, “siempre es en una casa de familia, lave, planche, mire, recoja acá y cuando le pagan, le pagan una miseria”.
Por ejemplo Claudia encontró espacios de prevención y atención a VBG a través de Graciela, quien desde su Corporación Indígena Desplazados de la Orinoquía y Amazonía Colombia- CORPIDOAC, ha trabajado también por procesos de acceso a vivienda y trabajo digno para la población indígena. El trabajo de esta organización ha impactado a cerca de 1.397 personas de 16 etnias, de las cuales 602 son adultas, así como también a sus núcleos familiares.
En medio de la falta de garantías para la población indígena en los centros urbanos, pero especialmente para las mujeres, apoyarse unas a otras se convierte en la posibilidad de identificar, conocer y exigir sus derechos y así romper moldes ante las barreras que promueve el machismo, el racismo y la desatención del Estado.