Ser mujer en Villavicencio, Meta es un desafío cotidiano ante el machismo y la revictimización institucional, con el agravante que vivir en las periferias de la ciudad es la única opción para sobrevivir.

La puerta al Llano cerró el año 2024 con 3.131 casos de violencia de género e intrafamiliar según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, posionándolo como una de las primeras ciudades con más Violencias Basadas en Género – VBG, donde ser mujer, desplazada, afro, indígena o joven es un riego constante que genera barreras al acceso a la justicia y la naturalización de la discriminación.

De acuerdo con información de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Villavicencio, en la ciudad hay 186 asentamientos humanos. Estos se caracterizan por estar en peligros inminentes ante desastres naturales, por lo que las comunidades además de vivir con miedo a perderlo todo o incluso sus vidas, también se enfrentan a otro tipo de violencias. 

Para María José Zabala, abogada de la Veeduría Mujeres Libres de Violencias en el Meta, “en Villavicencio como uno de los municipios con más asentamientos informales a nivel país, el acceso a la justicia para las mujeres es precario. Si las mujeres en el centro urbano no tienen justicia, en las periferias menos”, además agrega que las políticas públicas para mitigar el escalamiento del flagelo de la violencia no cuentan con presupuesto y muchas veces está concentrado en la centralidad, lo que puede promover una exclusión del recurso a quienes además de luchar por una vivienda digna, padecen del olvido social.

OXFAM LAC en una encuesta realizada para su informe, Rompiendo Moldes 2, señala que, “la mitad de las personas indígenas y afro consultadas, consideran que reciben un trato diferente por parte de las instituciones públicas, debido a su clase social y/o su color de piel. Las juventudes también señalan que algunas de estas instituciones refuerzan estos estereotipos en el imaginario social”. Muestra de esa clasificación, es la carencia de inversión pública para que personas que habitan en las periferias y que llevan años luchando por una atención, vivienda, acceso a la educación y atención digna, entre otras necesidades, no cuenten con el equipamiento periurbano necesario para garantizar sus condiciones de vida. 

En la investigación, “La ruta de las Comisarías de Familia: entre la revictimización y la falta de garantías para su funcionamiento”, realizada por El Cuarto Mosquetero, se refleja cómo estas dependencias que hacen parte de la ruta de atención a VBG se encuentran centralizadas, con dificultades para la atención de diez comunas y ocho corregimientos de la ciudad. Pero, ¿qué implica esto? Para María José al tener el acceso a la justicia lejos de donde habitan las mujeres promueve que estas queden en la mitad de la atención, ya que no cuentan con la autonomía económica para ir, denunciar, que no obtengan respuesta y luego tener que regresar. “No viene la institucionalidad acá, sino que las mujeres tienen que ir a buscarlas, lo que hace que incurran en gastos de transporte, es tiempo que no pueden estar haciendo sus labores no remuneradas, lo que hace que no puedan ir a denunciar”, expone Maria José, agregando que esto imposibilita que hagan pleno su derecho a una atención integral como lo enmarca la Ley 1257 del año 2008, la cual vela por una vida libre de violencias.

El desplazamiento es otro de los flagelos de mujeres que viven en estos territorios. Ellas llevan en sus historias, las diferentes violencias que han sufrido en el marco de la guerra, ha dejado 239 mil víctimas de estos hechos en el departamento del Meta de las cuales, 3.100 hacen parte de poblaciones indígenas según el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Ejemplo de ello es Claudia, una mujer que en esta investigación narra cómo la estigmatización a causa del racismo y segregación la han llevado a padecer la discriminación y la violencia institucional. 

El conflicto armado marcó de manera diferencial a hombres y mujeres, reflejándose en el flagelo de la violencia sexual. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH, entre 1959 y 2020 se han registrado 15.760 víctimas de estos hechos en el país, en el marco del conflicto armado, de las cuales, el 61,8 % corresponde a mujeres, el 30,8 % de niñas y adolescentes, que suman el 92,6 % del total de personas vulnerada por esta violencia.

Lo anterior lo evidencia historias de vida como las de Ximena y Elizabeth, quienes narran cómo la violencia sexual ha atravesado sus vidas, el hecho de que sus cuerpos y/o el de las mujeres han sido históricamente usados como motín de guerras.  Realidad que ha sido estudiada ampliamente en Colombia; la Comisión de la Verdad evidenció que esta “es una de las expresiones de la violencia más crueles y con mayor carga simbólica contra las mujeres, y en el caso del conflicto armado colombiano fue una práctica extendida e invisibilizada”. 

Ante la carencia institucional, los hechos revictimizantes a causa de las VBG y la desidia del Estado, las historias de estas tres mujeres que, desde diferentes comunas de Villavicencio unen esfuerzos para contrarrestar el abandono institucional, también son el reflejo de la lucha histórica por ser reconocidas como sujetas de derecho, entendiendo la importancia de trabajar unas con otras, rompiendo moldes para edificar una cultura de paz.

Del desplazamiento a las periferias de Villavicencio: la resistencia de una mujer indígena ante la discriminación

Ella ha resistido ante la descriminación y la desigualdad, como mujer indígena y sobreviviente del desplazamiento …

Claudia María Sánchez llegó a Villavicencio en el año dos mil tras vivir su primer desplazamiento desde Cumaribo, en el departamento del Vichada. Tuvieron que trasladarse en un camión hasta donde unos familiares  en la capital del Meta por la amenaza de ser reclutadas por la guerrilla, fue la única solución que encontró su madre para protegerlos. 

Su primer paso por la puerta al Llano duró cinco años, en los cuales empezó a percibir a temprana edad, lo que era el rechazo social y la exclusión por ser indígena, recuerda que fueron momentos difíciles donde “el hambre le puede más y mi mamá recibió muchas humillaciones en ese tiempo”.

Pese a que trascurrieron los años en medio de la discriminación y la violencia, en un intento por reconstruir su vida, regresó al Vichada, donde fue madre y planeaba junto a su pareja permanecer allí. Sin embargo, el recrudecimiento del conflicto armado, que entre el año 2006 y 2010 según el Registro Único de Víctimas-RUV dejó un saldo de 2.131.530 personas afectadas, interrumpió de nuevo su andar, esta vez, presenciando muertes y dolor, “donde estaba usted, encontraba personas muertas o mutiladas”, recuerda. Además, la imposibilidad de seguir trabajando  generó un segundo desplazamiento. 

Su retorno a Villavicencio estuvo marcado por la revictimización por una vivienda digna, llegó a un asentamiento humano llamado “La Victoria”, ubicado en una de las periferias de la ciudad cerca al Barrio San Antonio, donde se encontraban 1.200 familias desplazadas, de las cuales 54 eran indígenas, allí, conoció la violencia institucional y el racismo. En el año 2011, en medio de las promesas de una reubicación por parte del alcalde Juan Guillermo Zuluaga, recibieron por medio de la fuerza desproporcionada del Estado, un desalojo que dispersó la comunidad, y su posibilidad de construir un hogar. 

Aunque la resistencia por la permanencia en ese espacio territorial era colectiva, la discriminación por ser indígenas les clasificó socialmente, Claudia cuenta, con algo de indignación, que tuvieron que ubicarse en un parque lejos de quienes eran sus vecinos y vecinas, ya que, “los blancos decían que, pues no querían nada los indígenas metidos ahí con ellos. Entonces nosotros nos hicimos al otro lado”.

Después de vivir en una vivienda en material de lona, caucho, madera y luchar contra los desafíos climáticos que en cada inundación las dejaban sin nada, lograron que por medio de una serie de sentencias como la T-454 y T5 generadas por casos de desalojo en Neiva y Villavicencio, sumado a muchos años de organización comunitaria para la exigencia de su derecho a una vivienda digna, fueran reubicadas en el año 2017 al barrio la Madrid, en un proyecto de vivienda que en sus inicios no contaba con equipamientos urbanos necesarios para garantizar posibilidades para sus proyectos de vida, pero que les permitía estabilidad.

Hacer parte de grupos socialmente excluidos, como los pueblos indígenas y verse enfrentados a patrones culturales de discriminación profundizan la desigualdad, según lo indica en su informe Rompiendo Moldes 2 de Oxfam LAC, “esta polarización económica impide que todas las personas puedan ejercer todos sus derechos de manera efectiva”, y así mismo estos factores desencadenan una reproducción de las Violencias Basadas en Género-VBG,  a las que Claudia también estuvo expuesta, “con mi pareja yo sufrí mucho maltrato, por eso. Y de parte de mis suegros o de mis cuñadas decían que yo era la guajiba… sufrí mucho maltrato”, recuerda.

Rompiendo moldes ante el machismo, la inequidad y el racismo

Hasta octubre de 2021, en el reporte del RUV, 264.578 mujeres indígenas de los 115 pueblos indígenas se han reconocido como víctimas del conflicto armado en Colombia. Pese a las distintas violencias que les atraviesan, buscan pervivir en sus territorios. Una de esas mujeres es Graciela Barbosa, quien lleva 25 años en Villavicencio y es reconocida por su lucha constante en la preservación de las tradiciones y culturas de sus comunidades, así como por generar espacios para la autonomía y derechos de las mujeres.

Lea: https://elcuartomosquetero.com/graciela-barbosa-una-vida-de-lucha-por-los-pueblos-indigenas-de-la-amazorinoquia/ 

Las historias de Graciela y Claudia se entrelazan al ser mujeres indígenas, desplazadas por el conflicto armado y vivir en una de las ciudades con mayor violencia intrafamiliar del país, como lo evidencia el informe epidemiológico de Medicina Legal del año 2024. Con el agravante que encontrar trabajo bien remunerado parece una posibilidad lejana para ellas. “Cuando uno va a buscar un trabajo en una empresa, le preguntan a uno: ¿usted es indígena? ¿De dónde viene?”, menciona Claudia, afirmando que después de esas preguntas en caso de pasar la entrevista, las opciones de vinculación laboral son en labores domésticas y del cuidado, “siempre es en una casa de familia, lave, planche, mire, recoja acá y cuando le pagan, le pagan una miseria”.

Por ejemplo Claudia encontró espacios de prevención y atención a VBG a través de Graciela, quien desde su Corporación Indígena Desplazados de la Orinoquía y Amazonía Colombia- CORPIDOAC, ha trabajado también por procesos de acceso a vivienda y trabajo digno para la población indígena. El trabajo de esta organización ha impactado a cerca de 1.397 personas de 16 etnias, de las cuales 602 son adultas, así como también a sus núcleos familiares.

En medio de la falta de garantías para la población indígena en los centros urbanos, pero especialmente para las mujeres, apoyarse unas a otras se convierte en la posibilidad de identificar, conocer y exigir sus derechos y así romper moldes ante las barreras que promueve el machismo, el racismo y la desatención del Estado.

Más Turbantes, Menos Violencia: la fortaleza de una mujer afro en las periferias de Villavicencio

Ella es referente en la capital del Llano por su liderazgo y trabajo contra la desigualdad, las violencias de género e incluso el acceso a vivienda digna para las mujeres empobrecidas, pese a ser víctima del conflicto armado.

No es difícil identificar el liderazgo de Elizabeth Cometa, que con contundencia y la imponencia que le da su turbante de color naranja en la cabeza, habla de cómo el reclutamiento de un hijo y la violencia sexual sucedida hacia su hija cuando esta tenía tan solo 15 años, marcó un precedente para generar procesos de prevención y autonomía económica para jóvenes y mujeres, con el fin de que no sufran de Violencias Basadas en Género- VBG y construir una cultura de paz, persistiendo en la importancia de ser afrodescendiente en Villavicencio. 

Proviene de La Virginia, Risaralda, pero parte de su historia transcurrió en Valle del Cauca antes de llegar al departamento del Meta. No pensó que, al arribar a Villavicencio viviría la desaparición forzada, la VBG y el desplazamiento de manera directa.

Para 1989 llegó a Ciudad Porfía, un barrio periférico de Villavicencio del cual manifiesta ser “fundadora”. Con el anhelo de tener una vivienda digna, junto a su compañero, iniciaron a través de la Asociación de Adjudicatarios la defensa de personas que como ella estaban como “invasores” en un terreno que para esa época, no contaba con carreteras ni servicios esenciales, pero donde vieron una posibilidad de pervivir. En ese territorio, trabajó por varios años desde sus saberes afros en la partería, lo que la hizo, asegura ella, madre de “casi unos 200 hijos, yo les llamo hijos a los partos que yo atendí allí, entonces a mi Ciudad Porfía es una parte de mi vida, de mi corazón”, una labor que recuerda con orgullo.

Pasaron los años y después de varias luchas porque no la desalojaran de lo que ella consideraba su hogar, y acompañar otras familias en búsqueda de vivienda digna, encontró en su camino la violencia en forma de reclutamiento de uno de sus hijos menores, que, con la ilusión de encontrar trabajo fue parte de las 11.643 víctimas que entre los años 2002 y 2003 padecieron el flagelo de la desaparición forzada, según la Comisión de la Verdad.

Elizabeth recuerda que,todos los muchachos que se llevaron fueron reclutados por los paramilitares”, de los cuales algunos se desconoce su paradero y otros, como su hijo, lograron escapar después de un año, pensando que con su regreso se cerraría ese capítulo de violencia, sin embargo, menciona que, “cuando salió de allá, ya comenzó lo más horrible que fueron las amenazas”, que generaron el desplazamiento.

Su permanencia en Villavicencio tuvo que verse interrumpida por la persecución y las amenazas, pues al declararsen víctimas, afirma Elizabeth, se intensificó una oleada de violencia contra ella y su familia: “nos declararon objetivo militar, sufrimos la violencia toda la familia, llegaron a la casa, nos iban a matar”, lo que promovió que volviera a migrar, dejando pausado su trabajo comunitario y la tranquilidad.

No siendo suficiente con lo ya vivido, antes de trasladarse a la Dorada, Caldas la violencia sexual hacia su hija marcó un antes y después en su liderazgo y en la vida misma, “mi hija, la menor, fue víctima de abuso. Ya estábamos preparando todo para los 15 y después de eso en un momento todo se hunde y se vive es un tormento, ella no quería vivir, nos tocó cargar con eso también”, comenta Elizabeth, que, con indignación, también recuerda que los prejuicios de su esposo no les permitieron por un tiempo contar lo sucedido, lo que prolongó el dolor y la frustración.

“Mi hija no entendía y decía: porque hay que callar si es que a mí me hicieron daño, a nosotros nos hicieron daño y eso hay que contarlo”, relata. Después de un largo proceso acompañando a su hija en terapia y asimilando las condiciones de su camino en medio del desplazamiento y las VBG, Elizabeth narra cómo pasó del miedo a la necesidad de apoyar a más personas que, como ellas, eran sobrevivientes de estos hechos, “por qué hay que tener pena si es que nosotros no pedimos ser víctimas, nosotros nunca lo pensamos, pero lo fuimos, entonces hay que hablar, porque no hay que tapar, y me di cuenta de que había gente que había sufrido cosas peores que lo que nosotros habíamos pasado y entonces decidí trabajar y hacer mi organización de víctimas”.

Rompiendo Moldes desde lo afro y la cultura de la no violencia:

El retorno de Elizabeth Cometa a Villavicencio junto a su organización Forjando un Futuro de Paz- Forfupaz, generó la necesidad de abrir el proyecto en el año 2018 llamado, “Más Turbantes, Menos Violencia” con el fin de contribuir a la erradicación de toda forma de violencia contra las mujeres en un departamento como el Meta, que según el Registro único de Víctimas-RUV, hasta el año 2024 registró 244.206 víctimas del conflicto, de las cuales 1.175 mujeres declararon haber padecido violencia sexual.

Elizabeth viene aportando a que las VBG no sean naturalizadas, incide en espacios como el del 08 de marzo y el 25 de noviembre, fechas en las que se reivindican las luchas por una vida libre de violencias, pero también, para recordar sus raíces afrodescendientes, ya que considera que es fundamental preservar su historia y la de las poblaciones afro, “hoy en día nosotros los adultos, las mujeres adultas decimos: Nosotros somos afros y nos reconocemos como afros, pero nuestras descendencias no quieren reconocerse afro, les da pena, a ellos les da pena decir que somos afros”.

Para ella, posicionar la diferenciación de ser afros, es importante para identificar entre otras variables la racialización cultural. Elizabeth comenta cómo sus nietos rechazan el reconocerse como afros porque están permeadas de otras culturas que podrían ser más cómodas para la aceptación de sus entornos, “le digo a mis nietos: es que ustedes son afros, dicen: no, yo no soy afro abuela, yo no soy afro”. También narra con algo de melancolía que, “las costumbres se han ido acabando, la cultura llanera los ha venido como cobijando y entonces ellos se sienten más que todo como llaneros, como todas esas cosas”, lo que le causa preocupación y la necesidad de seguir visibilizando que las personas afrodescendientes en Villavicencio existen.

En el informe Rompiendo Moldes 2, de la Fundación OXFAM, se realizó un estudio sobre imaginarios de género en las juventudes de Latinoamérica y del Caribe, donde las y los encuestados mencionaron que han percibido algún tipo de discriminación por el color de piel, así mismo el 45% de las y los jóvenes afirmaron que este factor también incide en el trato que reciben por parte del Estado. Por esto, para Elizabeth, «Más Turbantes, Menos Violencias” es una forma de narrar, “la lucha que tuvieron nuestros ancestros, pero también el orgullo de una raza”, lo cual ha sido importante para posicionarla en varios espacios sociales no sólo como mujer afro, migrante, sobreviviente de la violencia y lideresa contra las VBG, sino también, como protectora de la memoria de lo que implica su color de piel y tradiciones,  con el fin de transmitir esto a las  juventudes y la búsqueda de garantizar derechos a esta población.

Elizabeth reconoce que el camino recorrido hasta ahora ha tenido sus frutos, afirmando que, si bien ha sido difícil, “ya llevamos un poco de terreno recorrido y ahí tenemos algunos logros”. Esta lideresa actualmente vive en la casa de uno de sus hijos en un barrio periférico a la espera de cumplir la meta que soñó de tener una vivienda digna cuando llegó a Ciudad Porfía hace más de 30 años y confía con determinación, en que con su proyecto de turbantes puede continuar sembrando una vida libre de violencias, preservando su cultura y construyendo paz. 

Ximena Ordóñez, su lucha por una vivienda digna y la erradicación de las violencias en el Meta

Esta es la historia de una mujer que, en el tejido colectivo encuentra una salida para reconstruirse.

Ximena Ordoñez es proveniente de Boyacá Cundinamarca, llegó cuando era niña al departamento del Meta con su mamá, hermano y hermana tras huir de la violencia machista,“mi mamá decide venirse de Boyacá para acá porque mi papá la violentaba, le pegaba”, recuerda esta joven de 26 años, caracterizada por su sonrisa espontánea y mirada tímida.

Ha vivido por más de una década en el sector del Dique, el cual, se encuentra sobre la margen del río Guatiquía en la periferia de la ciudad de Villavicencio, y conoce bien cómo es pasar noches enteras con miedo ante los estragos de la naturaleza a causa de las lluvias y los desbordamientos, por el peligro inevitable de perder su vivienda y/o las pocas cosas que había comprado. Su casa, sin embargo, ahora se encuentra inhabitable. 

Ximena desde temprana edad tuvo que aprender a ser fuerte, presenció junto a su hermana menor de cinco años, cómo la pareja de su mamá atentó contra su vida para que ella no se separará de él, este hecho, le hizo identificar una parte del machismo estructural que se impone sobre los cuerpos y decisiones de las mujeres, lo cual reafirmó cuando fue víctima a sus siete años de violencia sexual.

Tras llegar a Villavicencio, su mamá trabajaba vendiendo comida en las noches. Un día, en la pieza que arrendaban en el barrio la Reliquia, Ximena estaba durmiendo junto a sus hermanas y el dueño de la residencia ingresó a su cuarto e intentó quitarle la ropa; ante esta situación y en un primer momento de parálisis, encontró en los gritos la única forma para que el abusador la dejara de tocar y saliera de su espacio, al denunciarlo no les creyeron, y las echaron de la casa.

Entre lágrimas al recordar ese momento, Ximena piensa en sus tres hijas, vive con el temor que ellas puedan sufrir una situación similar, “es algo horrible saber que estamos en una sociedad donde no respetan a las mujeres y tampoco respetan a los niños, una denuncia y no pasa nada”. Según el informe realizado por La Red Nacional de Mujeres-RNM, EL 99% de casos de acoso sexual en Colombia y el 78% de feminicidios están en la impunidad, una situación que perpetúa la naturalización de la violencia.

Para María José Zabala, abogada de la Veeduría Mujeres Libres de Violencias-VMLV organización que trabaja en las periferias del Meta generando procesos de  prevención, atención y acompañamientos a VBG, la fallas en las rutas de atención se viven en todo el país, sin embargo, esto tiende a incrementarse cuando las personas que padecen la violencia habitan en territorios alejados de la centralidad, “las instituciones del Estado no se acercan a las periferias por miedo, por exclusión,  por distintas razones que hacen que las mujeres incluso ni siquiera quieran llamar para no tener la misma respuesta de siempre, un no”, puntualiza. 

Muestra de ello fue el feminicidio de Tatiana García, una joven de 21 años víctima de feminicidio en el año 2022 en el sector del Dique, un caso que era previsible, ya que, según afirma la abogada, “ella ya había denunciado por tentativa de feminicidio a su compañero sentimental en ese entonces y feminicida, no tuvo una respuesta ni unas medidas de protección que le garantizaran vivir con sus hijos”.

Ximena describe que en su barrio, después de más de un mes sin nadie dar razón de Tatiana, y gracias a la organización del movimiento de mujeres y feministas de la ciudad que atendieron el llamado de la mamá de la joven y presionaron para que la investigación avanzara, esta fue encontrada. “Ella estaba prácticamente ahí mismito por detrás de la casa de mi mamá por decirlo así, ahí la habían enterrado”, recuerda la lideresa.


Este hecho fue el reflejo de la desatención de la institucionalidad y las barreras que las mujeres enfrentan para el acceso a la justicia. El informe Rompiendo Moldes 2 realizado por la Fundación OXFAM, LAC afirma que,  “las consecuencias de las VBG son mayores cuando los imaginarios que las sustentan son defendidos por quienes forman parte de las instituciones públicas, que deberían ocuparse de prevenir la ocurrencia de hechos violentos”. 

Lo anterior se agrava por las creencias de roles, los cuales no permiten generar condiciones para el desarrollo de los proyectos de vida más allá de los estereotipos de género que se le ha impuesto a las mujeres, como los del trabajo del hogar y cuidados no remunerados, destaca dicho informe.

Rompiendo moldes para dignificar la vida

Blanca Ordóñez, mamá de Ximena era madre cabeza de hogar de dos niñas y un niño, al llegar a territorio llanero no contaba con una red de apoyo que le permitiera una redistribución entre el tiempo de trabajo pago y el no remunerado del hogar. La precarización laboral la vivió de muchas formas. 

La primera fue haciendo aseo en casas de familia, posteriormente decidió empezar a reciclar, recibiendo apoyo de su hija mayor. “Yo me uno también a ella para ayudarle, salíamos a reciclar en las mañanas, en las noches y ya le dieron una bodega para que esté estable” recuerda Ximena, quien ahora reconoce la importancia de la autonomía económica de las mujeres como forma de prevención a la violencia y discriminación.

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La disposición del tiempo es importante para incidir en la disminución de padecer alguna VBG, ya que, “el dinero no es el único factor determinante en la desigualdad (…) El tiempo también es valorado, y se trata de un factor con el cual muchas mujeres no cuentan”, registra el informe de OXFAM LAC.

Para María José, “las mujeres en las periferias viven día a día tratando de sobrevivir a la exclusión social, a las violencias basadas en género y a las pocas oportunidades”, ella reconoce en Ximena una joven dedicada y perseverante, la cual hizo parte de la Escuela Popular “Yo Decido” promovida por la Veeduría MLDV, la cual tiene como objetivo dejar herramientas para la prevención y atención a casos de VBG y que quienes participan puedan ser una red de apoyo a otras.

Las mujeres que participan de estos procesos de formación aplican lo aprendido en sus barrios, por ejemplo Ximena ha tenido que presenciar la violencia machista y la inoperancia de las instituciones cuando al activar la ruta, no hubo una respuesta efectiva a la atención para una de sus vecinas; sin embargo, entiende la importancia de “juntar fuerzas para defender y reivindicar sus derechos y el de otras mujeres (…) con esas clases sí aprende uno muchísimas cosas, porque yo no sabía que si yo no quiero tener relaciones con mi esposo y mi esposo me obliga, eso era violación, hay muchas violencias”. 

A partir del proceso organizativo en torno a la vivienda digna, más de 212 familias mediante la Sentencia 188 del 2016 lograron acceder a un hogar, allí resultó beneficiada Ximena junto a sus tres hijas y su pareja. Está muy cerca donde antes  vivía, ahora en el asentamiento humano Villa Emanuel, y si bien aún está en la periferia, menciona que al menos ahí no tiene la zozobra de las inundaciones. 

Los días de Ximena transcurren jugando fútbol, trabajando, cuidando de su hogar y asistiendo a las capacitaciones que le permitan construir un camino libre de violencia para ella, sus hijas y las mujeres que la rodean.

Créditos: 

Redacción:  Alejandra Mayorga / Investigación: Alejandra Mayorga, Shirly Forero y Simón Zapata / Diseño y desarrollo Web: Didier Álvarez  / Editora: Lina Álvarez  / Producción Audiovisual y fotografía: Camilo Rey

Este producto fue realizado como parte de la Beca Zarelia – Rompiendo Moldes “Transformemos los estereotipos de violencia y desigualdad” impulsada por Festival Zarelia @festivalzarelia, Wambra @wambraec y OxfamLAC @oxfam_lac.