Informe Final de la Comisión de la Verdad: el paramilitarismo II

El paramilitarismo encontró sus origines en la ausencia del Estado en muchas regiones del país, lo que generó que se crearan grupos armados que se idearon para defender los territorios de lo que para ellos era la amenaza comunista y de la delincuencia. Así mismo, la comunión con la institucionalidad se ha hecho presente desde ese momento histórico hasta el tiempo presente, en donde principalmente la fuerza pública y políticos han colaborado con estas estructuras.

A mediados de la primera mitad del siglo XX con la primera aparición de la violencia en el país y con las expresiones de grupos de bandoleros, el paramilitarismo se abrió camino, engendrando un mal que persiste hasta nuestros días. Posteriormente, y tras el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, grupos denominados como Los Chulavitas, Los Pájaros, y Los Limpios, generaron más violencia, pero en esta ocasión con fines políticos, en lo que se denominó la confrontación bipartidista que solo culminó y de manera parcial, con la aparición del Frente Nacional.

En estos episodios de violencia, luchas en los territorios, enfrentamientos entre las comunidades, se asomó de manera incipiente, pero significativa, el fenómeno paramilitar. Adicionalmente, el Estado no solo permitió, sino que favoreció e impulsó la creación de estos grupos armados, ya que por medio de acciones legislativas se crearon las condiciones para la conformación de Unidades Civiles de Autodefensa, los cuales quedaron bajo la tutela de la fuerza pública, por lo que es claro que desde sus inicios la cooperación, asistencia y hasta complicidad han estado presentes en esa relación.

La promoción de las Autodefensas por parte del Estado alcanzó niveles nunca antes visto en la década de los 80s del siglo XX, ya que, y solamente en la zona del Eje Cafetero, el Valle del Cauca y Tolima habían 90 de estos grupos con cientos de hombres en armas. Desde allí se esparció la amenaza paramilitar en casi todo el país, el narcotráfico coadyuvó en muy buena parte para que los grupos de Autodefensas se salieran de ese espectro de la legalidad y terminaran por conformar estructuras criminales, pero que siguieron en una especie de sombrilla tutelar del Estado.

El discurso contra la insurgencia también promovió que, en muchas regiones del país, comerciantes, empresarios, ganaderos, industriales y ciudadanía en general les abrieran las puertas a los grupos paramilitares, patrocinaron su guerra con dinero, recursos físicos y apoyos políticos que posteriormente se vieron representados por una comunión que desató múltiples escándalos como la parapolítica, un entramado criminal de enormes proporcione en torno a la droga, corrupción y despojo de tierras.

Para la Comisión de la Verdad el entregar armas a los civiles y dotarlos inicialmente de un amparo legal que permitió su funcionamiento, representa:

  1. Imposibilidad de cualquier regulación y control de su accionar.
  2. Rompe la distinción entre civiles y combatientes, aumentando el riesgo de la población civil de sufrir violaciones a sus derechos.
  3. Legaliza y legítima los órdenes armados alternos al Estado.
  4. Impide la identificación de las responsabilidades asociadas a la comisión de crímenes y violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario lo que origina un aumento de la impunidad.

Es decir, para la Comisión de la Verdad, es claro que la conformación y legalización inicial del paramilitarismo fue un germen que profundizó la confrontación armada a lo largo y ancho del conflicto. En este sentido, también se puede entender que, muchas de las heridas causadas por el fenómeno paramilitar, tienen una responsabilidad, en muchas ocasiones directa, pero indirecta en casi todas de parte del Estado colombiano.

De aquí radica la importancia que los comandantes, los mandos medios y la tropa de los grupos paramilitares participen de manera activa y efectiva en el esclarecimiento de los hechos de violencia, ya que se puede entender las responsabilidades de dirigentes políticos, élites económicas y ciudadanía en general entorno a uno de los episodios más tristes y dolorosos de la guerra en Colombia. Sin duda alguna, sus voces deben ser escuchadas para allanar el camino de la justicia y, desde luego, garantizar la no repetición.

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