En primer debate se encuentra el proyecto de Ley 366/2024 sobre la penalización de la violencia digital de género ante la Cámara de Representantes.
Está liderado por el ponente Heraclito Landinez ante la Comisión Primera Permanente y tiene como objetivo implementar “medidas de prevención, protección, reparación y penalización de la violencia de género digital y se dictan otras disposiciones”.
Según el congresista “La falta de acciones contundentes contra la difusión de material íntimo no consentido se explica porque no se ha creado un delito para ello. Con este proyecto de ley de “Violencia Digital de Género” creamos el delito y protegemos a las víctimas”.
Por su parte, la Fundación Karisma, la cual busca proteger y promover los derechos humanos y la justicia social en el diseño y uso de las tecnologías digitales, envió ante la cámara el 05 de abril un documento en el que se expresa que se archive el proyecto puesto que “carece de técnica legislativa y su formulación agrava la situación de quienes se ven afectados por agresiones en espacios digitales” y que durante la mesa técnica “las peticiones de organizaciones y autoridades no fueron atendidas ni nos fue explicada la razón para que ello fuera así”.
En comunicación con Catalina Moreno, co-directora de Karisma, expresó que “preocupa la formulación actual del proyecto de Ley ya que este contempla una plataforma para atender la violencia digital, sin embargo, esta no tiene una única entidad que sea responsable”. puesto que las mujeres que experimentan temas de violencia digital no saben a qué entidad dirigirse, “porque como hay poca claridad y conocimiento técnico y cantidad de prejuicios de género”.
La co-directora también expresó que aunque “hasta el momento no han recibido una invitación para ampliar de manera detallada los comentarios en el documento”, están dispuestas a sentarse a dialogar con quienes están generando este proyecto.
Por su parte, el representante ponente expresó que “las iniciativas ciudadanas deben ser escuchadas y tenidas en cuenta, eso no significa que todo se va a incluir” pero que en efecto deben sentarse con la Fundación para conversar sobre las inquietudes y observaciones.
La iniciativa de este proyecto se da en el marco de la sentencia T-280 de 2022 en donde la Corte Constitucional le pide al congreso legislar sobre violencia digital de género.
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