En 2008, los cinco hombres salieron del barrio La Playita para cumplir con su rutina laboral hacia las bocas del río San Juan, pero nunca regresaron.
El 9 de junio de 2008, cinco pescadores se embarcaron en una faena. Lelis Paredes, Jairo Angulo, Alsin Medina, Álvaro Castro y Robinson García salieron temprano, como es usual en esa labor, rumbo a bocas del río San Juan. Su punto de partida fue el barrio La Playita, en Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia ubicado en el Valle del Cauca. Se fueron pero no regresaron.
Poco después sus familiares, preocupados por la ausencia de los pescadores, salieron en su búsqueda hasta bocas del río San Juan y, estando allá, encontraron testimonios que aseguraban haberlos visto, pero nadie logró dar con ellos. Luego de seis meses sus cuerpos fueron encontrados en inmediaciones del río Raposo. A pesar eso, organizaciones de base comunitaria denuncian irregularidades que afectaron los procesos de identificación a tal punto, que su caso no duró meses, sino años.
Uno de los aspectos que más genera inquietud entre los familiares es el sitio donde los encontraron, pues los cuerpos fueron hallados a orillas del río Raposo, entre los manglares, en un punto en dirección totalmente contraria al río y, a varias horas, de donde dijeron que irían y del que, algunas personas habían asegurado verlos.
También, aseguran que, tras tomarse muestras genéticas para compararlas con los cuerpos recuperados, verificaron su información en la base de datos del SIRDEC (Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres) y no aparecieron. Como si no hubieran ido.
De acuerdo con Martha Giraldo, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, Capítulo Valle, una de las organizaciones que realizaron acompañamiento y seguimiento, “Esto se debe a la tardanza en la aplicación de los mecanismos de búsqueda en el distrito”, ya que no existe una política pública donde se tengan en cuenta las particularidades de la región para buscar a las personas desaparecidas.
“La exhumación de los restos se hace el 19 de diciembre de 2008, es decir, seis meses después de que ellos desaparecieran. Los cuerpos de estos cincos pescadores estuvieron en poder del estado 13 años… Ellos estuvieron desaparecidos seis meses. Es justamente la tardanza en los procesos de búsqueda y el que no existan mecanismos o diseños de una política pública que permita implementar la normatividad existente frente a la desaparición forzada, lo que hace retardar los procesos de entrega ¡13 años son demasiados!”, aseguró Giraldo.
Con el paso de los años, la única manera que sus familiares encontraron para hacer resistencia y mantener vivo el recuerdo de sus seres queridos fue a través de actos de memoria, en los que exigían al Estado no olvidar sus casos.
Trece años tuvieron que pasar para que regresaran a su territorio. El 30 de agosto de 2019, Día internacional de conmemoración de la persona detenida o desaparecida, el CTI de Buenaventura, notifica que los cuerpos fueron identificados. Allí inició el fin de la incertidumbre que durante años ha sido un sentimiento diario para sus familiares. Ahora, termina al tener de frente a quienes fueron sus padres, hermanos, tíos y abuelos para despedirlos como se lo merecen, con dignidad.
Los pasados 12, 13 y 14 de noviembre la Fiscalía General de la Nación realizó la entrega de los cuerpos de estas cinco personas a través de un velorio en el que alrededor de 100 personas acompañaron y los despidieron con alabaos, rezos propios del Pacífico sur y una procesión por las calles donde vivieron.
Este despido al aire libre, en la mitad de una calle dentro del barrio Alberto Lleras Camargo, uno de los barrios más violentados por los grupos armados -donde estos han intimidado y cohibido la tranquilidad de las personas para salir-, no es más que una manifestación de resistencia en contra de la misma violencia, un mensaje impregnado de cansancio de vivir bajo miedo.
Ahora, las familias logran cerrar un capítulo largo y desgastante que tantos años los ha llenado de preguntas e inquietudes alrededor de cinco de las 1.224 personas que desde 1929 aparecen registradas como desaparecidas en el SIRTEC dentro de esta zona del Pacífico colombiano.
La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) tiene fuertes indicios de que las personas desaparecidas durante el conflicto y que fueron asesinadas reposarían en enterramientos clandestinos, cementerios formales e informales, y hasta en esteros, ríos u otros medios acuáticos.
Según la oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos, hasta abril del 2021 habían ocurrido 41 homicidios, 13 desapariciones forzosas y más de 8.000 desplazamientos.
Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica, documentó 841 personas desaparecidas en medio del conflicto armado en Buenaventura, de las cuales 779 fueron desaparecidas forzadamente, 40 reclutadas, 3 secuestradas y 19 asesinadas con ocultamiento de cuerpos.
*Por: Ever Mercado, fotoperiodista independiente
