Por: Juan Manuel Melgarejo*
Contra todo pronóstico, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC continúa a cargo de la operativización de los recursos de la Asistencia Técnica del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos –PNIS, programa contemplado dentro del Acuerdo Final de Paz. Esto pese a existir una orden directa del presidente en terminar el contrato.
Recordemos que la intención de finalizar el contrato por parte del Gobierno Nacional se debe al malestar que se generó a causa del informe de avance del programa, el cual muestra un total de 40.506 hectáreas erradicadas voluntariamente, cumpliéndose en un 95% los acuerdos de erradicación por parte de las familias acogidas al programa. Informe que contradice las declaraciones del gobierno, que ha afirmado que dicho programa ha sido un desastre, en palabras de Hernando Londoño director del Programa PNIS quien responsabiliza a los campesinos por no alcanzarse las metas, señala que “estamos encontrando que la familia inscribió media hectárea, pero detrás de la montaña tiene otras dos”.
Con la salida de la UNODC se esperaba la llegada de la implementación de los nuevos modelos de sustitución mencionados por el Consejero Presidencial para la Estabilización y Consolidación Emilio Archila, los modelos son tres: “Formalizar para sustituir”, “uso de la propiedad de la tierra” y “programas de sustitución a la medida de los territorios”. Estos modelos básicamente buscan “… que en vez de inyectarle dinero público a los proyectos, como hace el PNIS, el Estado entregaría tierra para que sean los privados los que pongan la plata, con la garantía de hipotecas sobre las tierras” según se analiza en el portal La Silla Vacía.
A la fecha no hay claridad si el gobierno continuará contratando a la UNODC para la ejecución de la etapa productiva del programa o simplemente está esperando que los contratos finalicen para asignar a otra organización que asuma esa responsabilidad.
Si bien no se sabe qué decisiones va a tomar el Gobierno Nacional al respecto, sí ha llamado la atención el protagonismo que ha ido ganando la Organización de Estados iberoamericanos – OEI en la implementación del programa PNIS, que tendrá a cargo la planeación, formulación, implementación y seguimiento de proyectos productivos en marco del programa, tarea para realizar en más de nueve departamentos para lo cual contratará con 572 personas entre técnicos y profesionales.
Recordemos que dicha organización ha estado envuelta en múltiples actos de corrupción con el manejo de recursos estatales. Entre los que podemos mencionar: La compra irregular de un inmueble para el INVIMA que costó 4 mil millones de pesos, que según un fallo del Consejo de Estado del año 2017 fue realizada sin avalúo y 2 mil millones de pesos por encima del precio del mercado, lo que constituyó un fraude al patrimonio del INVIMA. Otro caso fue el de Whitman Herney Porras, gobernador del Casanare, quien se declaró en el año 2018 culpable ante la Corte Suprema, acusado de celebración de contratos sin requisitos legales, a razón de convenio con la OEI por 14 mil millones de pesos.
Los antecedentes de la OEI permiten señalar, que más que ser una organización internacional y de carácter neutral, pareciera ser un brazo más de las estructuras de la clase dirigente del país, enlodada por múltiples casos de corrupción.
Si bien el historial de la OEI no genera confianza, sus primeras decisiones tomadas frente al programa demuestran su falta de experiencia y tacto en temas técnicos como en aspectos sociales del programa. Esto quedó demostrado al no contar con el perfil de Promotor Rural, el cual encarna a personas de las mismas comunidades y que juega un rol de articulador entre el equipo técnico que realiza la asistencia técnica y los beneficiarios.
Además, la OEI es la única entidad que fijó los honorarios de los técnicos-profesionales en $1.450.000, a diferencia de las demás entidades operadoras que tienen establecido el monto de $3.400.000 para perfiles similares. Está situación en palabras de un técnico de la región del Meta: “es una reducción mezquina, ese dinero no alcanza ni para el rodamiento y mantenimiento de la moto, nos quieren poner a trabajar gratis”, cabe recordar que los predios de los beneficiarios del programa están bastante dispersos y en la mayoría de los casos para acceder se requiere entrar a lomo de mula, en canoa o en largas jornadas a pie.
Otro aspecto que genera curiosidad, es la creación por parte de la OEI en junio de 2019 del Observatorio Iberoamericano de Drogas y Cultivos Ilícitos. Lo que indicaría que la OEI se prepara para ser una de las organizaciones con mayor experiencia técnica y académica en materia de sustitución de cultivos para uso ilícitos. Con la posible salida de la UNODC como operadora de los recursos del programa la OEI se convertiría en la organización con mayores posibilidades de asumir dicha tarea.
La organización que asuma la responsabilidad de operar los recursos del programa, deberá tener la capacidad de asumir las diversas dificultades a las que se enfrenta el programa: temas presupuestales, tensiones sociales producto de la erradicación forzada y las demoras en los pagos; además de asumir el reto de implementar desde cero los modelos de sustitución planteados por Emilio Archila.
Reto nada menor si hablamos de la implementación de los nuevos modelos de sustitución, los cuales demandan un alto grado de responsabilidad entendiendo que se podrían generar hechos de despojo de tierras. Según relatos del Centro de Memoria Histórica, la titulación de predios, el endeudamiento de los campesinos, la baja o nula presencia del Estado, son condiciones del despojo de tierras en el país, que se materializan por medio de engaños jurídicos y/o presión armada por parte de empresarios y grupos paramilitares.
“El aprovechamiento de deudas vencidas y de procesos de cobro jurídico adelantados por entidades públicas y privadas acreedoras de los campesinos, se convirtió … para otros en una oportunidad de inversión. La constitución de deudas … la firma de pagarés y la adquisición de créditos hipotecarios por parte del campesinado hacen parte de ese engranaje que facilitó la adquisición de tierras por parte de empresarios”. Estos mecanismos de despojo también suelen combinarse con violencia selectiva sobre líderes y violencia masiva en la perpetración de masacres.
*Juan Manuel Melgarejo. Ingeniero Agrónomo, candidato a Maestría en Estudios de Desarrollo Local. Defensor del Proceso de Paz y de los derechos de las comunidades campesinas
*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, mas no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.
