El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende a aproximadamente a 1.200 niños, niñas, adolescentes indígenas y afrodescendientes en el Meta, a través de su programa ‘Generaciones étnicas con bienestar’ el cual, desde el arte, la cultura, la participación, y el deporte, trabajan con acciones de prevención frente a distintas situaciones de riesgo y vulneración de los derechos humanos.
Con actividades lúdicas y didácticas, las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a las etnias Sikuani, Jiw, Nasa, Embera, Cubeo, Pijao y Wananos de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán, y afrodescendientes de Acacías y Villavicencio finalizaron su proceso pedagógico y participativo en un marco sociocultural, étnico y de ciclos de vida en este 2019.
Un espacio donde se promovieron múltiples expresiones de tipo vocacional a partir del interés y gustos de las y los participantes, en lugares donde se identifican factores de riesgo permanente por el contexto en el que se encuentran y la falta de presencia institucional.
Por esa razón, expertos califican como experiencia significativa el trabajo en estos municipios, donde vienen ejecutando acciones de prevención frente a problemáticas como el trabajo infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, el embarazo adolescente, violencias juveniles, sexuales, escolares y el reclutamiento forzado.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el único tratado internacional de derechos humanos, donde aborda explícitamente la situación de la niñez indígena. La esperanza de vida de las niñas, niños y los jóvenes indígenas a menudo es 20 años menor que la de los demás, siguen sufriendo enfermedades prevenibles y falta de atención médica adecuada, viven en casas que no tienen agua corriente ni saneamiento, tienen acceso limitado a la educación básica, frecuentemente son acosados por la policía y las autoridades, se sienten avergonzados de su identidad, y no gozan de garantía de derechos.
El ICBF informó que promueve la protección integral y los proyectos de vida de 5.625 niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y apoya el fortalecimiento de la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado para propiciar la consolidación de entornos protectores con el programa en los 27 municipios del Meta.
