Las mujeres y personas gestantes en los centros médicos del Meta enfrentan una serie de abusos que van desde prejuicios por solicitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- y negligencia en la atención durante el parto, hasta el hacinamiento debido a la atención no solo de pacientes locales, sino también de mujeres provenientes de Vichada, Guainía y Guaviare, e incluso de países como Venezuela y Ecuador.

“Llegué a Granada (Meta) entre 8:00 y 9:00 a.m. Atención bien. Desde el principio cuando me leyeron el porqué de la remisión, que era amenaza de aborto con síntomas de tres días y con menos de 24 horas de haberme enterado de la noticia, manifesté al auxiiar o practicante, no sé,  a un chico costeño, que estaba interesada en la IVE -Interrupción Voluntaria del Embarazo. Me hizo un tacto, me dijo que me harían una ecografía y que la psicóloga hablaría conmigo, algo que nunca pasó porque jamás ninguna psicóloga me dijo nada, y, a estas alturas pienso en que fue lo mejor, porque podría haberse convertido en una justificación y defensa de la decisión que tomé para que no me la aceptaran o no tuviera validez.

Algo no trascendental pero que sí me dejó pensando es en cómo hablan de forma medio regañada cuando alguien no sabe algo. Por ejemplo, cuando pregunté si podían pasar a traerme algo, me dijeron que no, que esta no es zona de visitas, que aquí se hacen cesáreas y no sé qué más, pero en un tono como si para una eso fuera obvio cuando no, una está por primera vez y de paso, es normal no saber o hacer preguntas. 

En la ecografía pasó algo similar. Yo no estaba entendiendo qué significaba que no saliera nada en la eco y pregunté. Me responden como que ‘Por eso le estoy diciendo’. Al final le dije, ‘Pues pregunto porque para mi eso es nuevo, no entiendo y quiero entender que me está pasando’. Y ya en un mejor tono me dijo que sí, que estaba bien salir de dudas y preguntar. 

Pero lo que en realidad fue paila, paila, fue cuando un doctor, ante mi interés en acceder a la IVE, se altera y dice ‘Conmigo no va a ser, tendrás que buscarte otro doctor que lo haga porque yo no’. Y de eso, entiendo que aunque esté en su derecho a objetar conciencia fue una respuesta inadecuada desde  el tono de voz y la evidente molestia. Creo yo que ni siquiera debería enterarme de que él no hace esos procedimientos, simplemente lo anota y ya que la entidad haga lo suyo. 

Continúa diciéndome que me da un consejo: ‘No mates a tu bebé’.  Por lo que también hago evidente mi molestia y le digo que respeto su postura como objetor, pero que esa decisión es mía y no debe buscar influir en ella, que conozco muy bien mi derecho y no debe intentar hacerme cambiar de opinión. Agrega ante esto que aunque yo no le esté pidiendo el consejo me quiere contar de una mujer que en no sé qué sector le pide, prácticamente, le implora por ayuda para poder dormir porque hace no sé cuántos años él le dijo que no abortara porque no iba a poder dormir de la culpa y ahora en efecto está afectada por la decisión y no puede dormir.  

En mi opinión él tampoco tenía que decirle eso a esa mujer porque la condicionó y la comprometió moralmente con un sentimiento de culpa, en vez utilizarla como ejemplo para seguir infundiendo culpa, debería reflexionar sobre si él debió haberle dicho ese tipo de cosas y para remediarlo, como mínimo recomendarle acompañamiento psicológico.  

La conversación fue con un tono elevado, algo que involucró la atención de todas las otras gestantes presentes, entre ellas una menor de edad procedente de Uribe, quien había perdido su embarazo de forma involuntaria. 

Fue incómodo por tener que exponerlo en frente de todos los presentes.”

Este testimonio compartido a El Cuarto Mosquetero, refleja la falta de capacidad en las entidades médicas para garantizar el derecho al acceso a la IVE, que también puede considerarse violencia obstétrica y rara vez se incluye en las formas de violencia basada en género, pues normalmente se considera la psicológica, económica, verbal y física.

En Colombia, gracias al movimiento Causa Justa por el Aborto, se creó la sentencia C-055 de 2022, la cual despenalizó el aborto en todos los casos hasta la semana 24 de gestación, permitiendo a las mujeres acceder a la IVE de manera autónoma y sin la amenaza de ir a la cárcel antes de ese plazo. Después de la semana 24, la IVE solo se permite bajo las causales establecidas en la Sentencia C-355 de 2006.

El derecho fundamental a la IVE impone al Estado, a los actores del sistema de salud y a terceros una serie de obligaciones, detalladas en la Resolución 051 de 2023 del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta regulación, emitida conforme a las competencias legales y en cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional en las sentencias SU-096 de 2018 y C-055 de 2022, subraya la importancia del derecho, las funciones de todos los actores del sistema y la necesidad de eliminar barreras en la prestación del servicio. 

El aborto es un derecho crucial, en especial para las mujeres jóvenes, ya que les permite que la maternidad sea deseada y planificada, evitando que se convierta en un obstáculo para su proyecto de vida o una barrera para completar sus estudios o acceder a un trabajo digno. Sin embargo, la información sobre este derecho es difícil de conseguir en sus colegios o entornos sociales. Esta falta de acceso a la información contribuye a que las cifras de embarazo infantil y adolescente sigan siendo altas en Colombia. Según cifras del DANE, que en su informe ‘Nacimientos en niñas y adolescentes en Colombia’, publicado en 2022, reveló que para el 2020, 4.268 niñas entre 10 a 14 años y 109.823 adolescentes entre 15 y 19 años se convirtieron en madres.

Aunque la IVE es legal en Colombia y el Estado está en la obligación de garantizarla, se siguen presentando casos de violencia obstétrica al momento de solicitarla, dificultando que las mujeres accedan nula o regularmente a este derecho. Persisten desafíos, como la falta de información clara en algunos sectores, objeciones de conciencia no reguladas adecuadamente y estigmatización. 

Ante esto, la Corte Constitucional se pronunció en mayo de este año. El detonante fue el caso de Sofía, una mujer que pasó por distintas situaciones de violencia durante la práctica de una IVE en Santa Marta. La Sala Cuarta de Revisión constató que ella sufrió mala atención médica, lo que le causó sufrimiento psicológico y físico innecesario, es decir, un caso de violencia obstétrica. Aunque el caso se declaró sin objeto por daño consumado, la Corte se pronunció debido a la falta de acompañamiento y los reproches que Sofía recibió, además de la solicitud de aprobación de la IVE por parte de la EPS al padre de ella.

La sentencia subraya que ninguna mujer debe sufrir violencia obstétrica ni ver vulnerados sus derechos al decidir interrumpir un embarazo, y que tolerar estas situaciones perpetúa estereotipos de género. La Corte ordenó a la clínica y la EPS investigar y sancionar los actos de violencia obstétrica, cumplir con la prestación de servicios de salud de calidad y capacitar al personal. Además, se le recordó a Sofía su derecho a denunciar y tomar acciones legales para reparar la vulneración de sus derechos.

La investigación “Primer Año del Fallo Histórico ¿Cómo va la implementación de la Sentencia Causa Justa (C-055 de 2022)” de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, señaló que entre 2022 y 2023 la organización acompañó y asesoró legalmente a 255 mujeres que enfrentaron barreras para acceder a la IVE. 

El informe identificó tres barreras que destacan:

• • Desconocimiento del marco legal, es decir, la falta de reconocimiento, información o manejo de la jurisprudencia constitucional, otros pronunciamientos judiciales y de la normativa de la IVE, en especial de la Sentencia C-055 de 2022.
  • Interpretación restrictiva del marco legal, que se da cuando, en vez de comprender totalmente el derecho en la IVE y las obligaciones para acceder a esta, se le da una interpretación limitada, sesgada y equivocada. 
  • Fallas en la prestación del servicio de salud, la cual engloba los errores, problemas y deficiencias en la redes, instituciones de salud y su personal, al momento de garantizar la IVE.  

En contraste, también se han dado algunos avances. Profamilia en su informe “Primer año de una decisión histórica: despenalización del aborto en Colombia”, publicado en 2023, señala que tras la Sentencia C-055, el acceso al aborto seguro ha mejorado. La organización registró un aumento del 65,9% en los procedimientos. Esta información coincide con la evidencia de otros países (Uruguay, Francia, Portugal, España, México) en los que, luego de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, no hay un aumento en los procedimientos a largo plazo, sino que se trata de un aumento inicial que luego se estabiliza e incluso disminuye.

En el mismo informe, Profamilia señala que durante el primer año de la legalización de la IVE, el 97.2% de los abortos que realizaron, se hicieron antes de la semana 16 de gestación y de estos, el 86% antes de la semana 12 y solo un 1,1% de los procedimientos se realizaron después de las 24 semanas, bajo alguna de las causales de la Sentencia C-355 de 2006.  

Pese a que desde ámbitos públicos y privados se han implementado campañas de educación sexual y reproductiva, tanto en el sistema educativo como en el de la salud, para garantizar que las mujeres estén informadas sobre sus derechos y las opciones disponibles; las dificultades de acceso a información sobre la IVE persisten, . Otro informe de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, denominado “¿Cómo ha cambiado la opinión pública frente a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia?” y publicado en febrero de 2024, señala que de 1729 que encuestaron, 934 no habían recibido información sobre la IVE.

Por eso, organizaciones como las antes mencionadas, de manera voluntaria y autogestionada han hecho contrapeso a la desinformación. En Villavicencio existen la Veeduría Mujeres Libres de Violencia. También, Profamilia y La Mesa cuentan con canales de información, atención y asesoría legal. La primera creó Mía, una plataforma virtual de atención para el aborto, la segunda cuenta con una línea de atención vía WhatsApp: +57 3202733179. 

También existe la Línea Jacarandas. Esta organización, en su más reciente investigación “Agradezca que pudo abortar”: Dos años de avances y barreras para acceder al aborto”, da un informe sobre el acceso al aborto a través de la documentación de 6.121 personas orientadas y 210 acciones legales.

Entre 2022 y 20233, según la investigación de Jacarandas, en total han escrito mujeres de más de 310 municipios de Colombia, llegando a 31 de los 32 departamentos del país. De ellas, 59 son indígenas y 53 se reconocieron como mujeres negras, palenqueras o afrodescendientes. Esto es importante, ya que la diversidad territorial garantiza dar información y orientación a mujeres en lugares que suelen tener mayor dificultad para acceder a información o servicios de salud sexual y reproductiva. 

Tanto las víctimas de violencia obstétrica en el proceso de acceder a la IVE como las entidades públicas están involucradas en esta problemática. De hecho, Jacarandas en su investigación recomendó a:

• • El Ministerio de Salud, asegurar que el sistema de seguridad social mejore el acceso y la calidad de la IVE, crear mecanismos de difusión pública sobre el derecho al aborto, reconocer y sancionar la violencia reproductiva, garantizar el acceso a la justicia, y publicar datos sobre las IVE realizadas en Colombia.
  • La Superintendencia Nacional de Salud, emitir directrices internas basadas en la Sentencia C-055 de 2022, asegurar los derechos de las mujeres y personas gestantes, y publicar informes sobre las quejas relacionadas con el aborto.
  • Los gobiernos locales, difundir información sobre el derecho al aborto y garantizar la calidad en la atención, coordinar para asegurar el acceso a la IVE, y evitar obstáculos para el acceso a estos servicios.
  • Las secretarías de salud, supervisar la atención en aborto, capacitar al personal, asegurar la disponibilidad de medicamentos como misoprostol y mifepristona, y eliminar los equipos de legrado de la red pública de salud.
  • Las EPS, establecer un sistema de referencia para garantizar servicios de calidad, capacitar al personal, y realizar campañas informativas sobre la IVE.
  • Las IPS, capacitar a su personal sobre la IVE, crear espacios exclusivos para quienes buscan estos servicios, asegurar la disponibilidad de medicamentos, y erradicar la práctica del legrado.

Quienes deciden ser madres tampoco se libran de la violencia obstétrica. Tal fue el caso de Adriana Lucía Aya, a quien los dolores le comenzaron en la madrugada del 25 de abril de 2023. Aunque las contracciones se intensificaron, en el Hospital Local de Restrepo le dijeron que aún no podía iniciar el trabajo de parto y le recomendaron trasladarse a Villavicencio debido a su embarazo de alto riesgo. Al llegar a la clínica Servimédicos en esa ciudad, le informaron que no tenía suficiente dilatación y que debía regresar al día siguiente.

En casa, los dolores se intensificaron nuevamente, lo que la obligó a volver al Hospital de Restrepo. Allí le indicaron que debía ir urgentemente a Villavicencio, pero no le ofrecieron transporte y, dado que era de madrugada, no había servicio público disponible. Finalmente, llegó a la ciudad en un vehículo del Cuerpo de Bomberos, acompañada por su esposo y su cuñada. De vuelta en la clínica Servimédicos, la mandaron a caminar y le pidieron regresar al día siguiente. Desesperada, fue al Hospital Departamental de Villavicencio, donde le dijeron nuevamente que no estaba lista para el parto y le sugirieron seguir caminando. Incapaz de soportar más el dolor, terminó dando a luz en la calle, asistida por su cuñada y sin la presencia de personal médico. Fue solo después de que su esposo, enfurecido, exigiera atención médica, que finalmente fueron atendidas.

Para ampliar la información: La negligencia la obligó a parir a su bebé en las afueras del Hospital Departamental de Villavicencio

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, esta forma de la violencia obstétrica en el caso de las personas que deciden continuar sus embarazos, comienza cuando los profesionales de salud responsables de los controles prenatales no resuelven todas las dudas de las madres, desestiman sus temores, no las escuchan, no les explican los cambios que están experimentando, y se limitan a realizar una consulta médica de manera rápida y mecánica, enfocándose únicamente en datos cuantitativos como peso, frecuencia cardíaca y presión arterial, entre otros.

Catalina Valencia, ginecobstetra y presidenta de la Asociación Antioqueña de Medicina Materno Fetal, comentó al ICBF que este tipo de agresiones impiden que las mujeres gocen de un parto humanizado y vivan una experiencia positiva con respecto a su sexualidad.

La especialista reconoce que el término es “incómodo” para la comunidad médica, pero admite que “la violencia obstétrica existe y debe ser eliminada”. Por eso recomendó a las madres gestantes exigir un trato cordial y respetuoso, y una comunicación eficaz y oportuna por parte de las y los profesionales de salud. “Los médicos estamos en la obligación de resolver todas las inquietudes de las pacientes, debemos orientarlas, darles el conocimiento que necesitan para afrontar esta etapa de cambios y explicarles todo lo que ocurre en el proceso de gestación y parto. Por lo tanto, si la paciente está bien informada y es bien atendida, no se va a sentir violentada. Al contrario, va a estar segura y tranquila”, afirma Valencia.

Como Adriana, muchas mujeres y personas gestantes sufren a diario violencia obstétrica, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud – OMS establece que «todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud durante el embarazo y el parto, lo que incluye el derecho a una atención digna, respetuosa, competente y comprensiva». En 2020, el colectivo Matria Guardianas del Parto realizó la primera encuesta sobre Violencia Obstétrica en América Latina, con la participación de más de 5,000 mujeres de 20 países, incluyendo 411 en Colombia. Los resultados revelaron que el 59.3% de las mujeres se sintieron incómodas, ofendidas o humilladas durante consultas ginecológicas o prenatales, el 56% tuvo dificultades para expresar miedos o dudas, el 38% sufrió amenazas, insultos o coerción, y un 54.6% fue privado de alimentos o bebidas durante el parto. Además, el 50.7% sintió que el parto fue alterado por conveniencia del personal, y el 52% sufrió secuelas psicológicas o emocionales tras el parto, cesárea o aborto. Estos datos evidencian prácticas médicas sistemáticas que violan derechos humanos y contradicen recomendaciones de organismos como la OMS.

Ya sea debido a la falta de humanidad en la atención durante el parto o a las limitaciones de infraestructura de las entidades médicas, las mujeres y personas gestantes enfrentan serias dificultades. El inicio del 2024 en Villavicencio se caracterizó por un intenso calor que superó los 37 grados centígrados, una temperatura que agudizó las dificultades que enfrentan las mujeres en trabajo de parto que acuden al Hospital Departamental de la ciudad. Durante los últimos tres años, el área obstétrica ha enfrentado condiciones adversas tras la eliminación del aire acondicionado una vez levantadas las restricciones de la pandemia, siendo reemplazado por ventiladores que apenas alivian el bochorno, agravado por la intensidad del sol que se inmiscuye directamente a través de los ventanales, que tampoco pueden cerrarse porque el calor se concentra dentro.

La Subgerencia Administrativa del área de Infraestructura del Hospital informó que el aire acondicionado del servicio de partos, instalado en 2010, había superado su vida útil y presentaba un grave deterioro. Tras una inspección, se descubrieron múltiples problemas en el sistema de ventilación, compresores, estructura, motores condensadores, ductos, sistema eléctrico y serpentines. Además, se constató que el sistema no cumple con las normas eléctricas RETIE ni cuenta con un sistema de renovación de aire. Fue hasta este año que el Hospital contrató un nuevo aire acondicionado bajo el contrato 1966 de 2023, que comenzó a funcionar en mayo de 2024, cubriendo tanto la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos como la sala de partos del Hospital.

Aunque haya una breve mejora en las instalaciones, en ocasiones el personal médico no da abasto. El área de sala de partos cuenta con 16 ginecólogos, nueve médicos generales, cuatro enfermeras profesionales y 24 auxiliares de enfermería. En el servicio de ginecología y hospitalización, hay dos médicos generales, cuatro enfermeras profesionales y 13 auxiliares de enfermería.

Frecuentemente, la cantidad de pacientes supera la capacidad del personal, corriendo de un lado a otro para hacer frente a las limitaciones de espacio en el área. De acuerdo con los datos del Hospital, se realizan en promedio 129 consultas diarias, 121 consultas de triage -un sistema médico para ordenar a los pacientes según la urgencia de su condición, asegurando que los más graves sean atendidos primero- y se atienden de 10 a 12 nacimientos al día. En el área de hospitalización Gineco Obstétrica, se manejan en promedio 23 pacientes a diario. Estos datos corresponden a la semana laboral del 13 al 19 de febrero de este año.

El número de pacientes también supera con frecuencia la capacidad de las instalaciones, que cuentan con solo 11 camas y tres monitores fetales para la atención de las gestantes en la sala de partos, y 25 camas y un monitor fetal en el servicio de ginecología y hospitalización. Eso sí, se dispone de un ecógrafo de uso permanente en el área de consultorios.

Aun así, el panorama se torna aún más complejo cuando se trata de realizar una cesárea, ya que el quirófano también es un área sumamente demandada. Se han registrado casos en los cuales, al llegar una persona con una herida grave, se debe posponer el procedimiento de alguna mujer o persona gestante que no puede dar a luz de forma natural. Sin embargo, el Hospital asegura que cuenta con cinco salas de cirugía disponibles para atender urgencias y que se da prioridad a las gestantes en situaciones críticas. 

También afirma que en su Plan de Acción Institucional para 2024, identificó una acción clave, la No. 33, que tiene como objetivo garantizar que se realicen todas las actividades necesarias del Plan de Mantenimiento Hospitalario anual. Dentro de este plan, la actividad No. 50 se enfoca específicamente en la adecuación y mantenimiento de la infraestructura de la Sala de Partos. Para lograr esa meta, dice estar desarrollando los diseños necesarios, siguiendo los lineamientos de la Resolución 3100 de 2019, que establece los estándares para la infraestructura hospitalaria en Colombia.

Mientras se completan las adecuaciones, en mayo se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de la sala de partos, que incluyó la infraestructura hospitalaria, instalaciones eléctricas, hidráulicas, mecánicas y equipos industriales. Además, el Hospital afirmó que el área Biomédica y la oficina de Planeación Institucional están trabajando en un proyecto para presentar ante el Ministerio de Salud, con el fin de obtener nuevo equipamiento biomédico.

Aunque el Hospital ha hecho algunas adecuaciones y tiene planeado hacer unas más, al área obstétrica le siguen faltando condiciones para brindar partos humanizados. Los esfuerzos por hacer eco de las falencias en los centros médicos para propiciar un parto humanizado resultan complejos ante las consecuencias sociales y laborales que podría enfrentar el personal de la salud que se atreva a denunciar. De hecho, una persona del gremio de la salud habló con El Cuarto Mosquetero sobre la falta de infraestructura en las áreas obstétricas, pero prefirió mantenerse en anonimato. 

La persona señala que si bien, el Hospital estuvo haciendo un arreglo en los ductos de ventilación, no se han hecho el resto de las modificaciones necesarias a las instalaciones debido a falta de presupuesto y el tiempo que se debe inhabilitar la zona y designar otra área para prestar el servicio. Lo que urgía eran los ductos de ventilación.

Además, afirma que no solo el Hospital sino todas las clínicas de Villavicencio carecen del personal y la infraestructura para para poder prestar un parto humanizado tal como lo dicta la Resolución 3280 de 2018, la cual define la ruta para promover y mantener la salud en general, y la ruta de atención integral para las mujeres embarazadas y recién nacidos. 

Por ejemplo, la resolución dicta que las salas de parto deben estar diseñadas para proporcionar un ambiente acogedor y respetuoso, garantizando la privacidad de la persona en trabajo de parto y permitiendo que este proceso se desarrolle sin interrupciones innecesarias y en un entorno que respete su intimidad.

Sin embargo, en la sala de partos del Hospital hay dos camillas para atender dos partos al mismo tiempo, lo que dificulta la posibilidad de permitir el acompañamiento de familiares, ya que el espacio compartido requiere respeto hacia otras mujeres en labor de parto que también necesitan atención. Además, de esta manera se niega la privacidad que se necesita en un momento de parto y podría causar incomodidad.

A su vez, la falta de privacidad y espacio en la sala de partos, ha impedido el acompañamiento continuo, el cual es otra de las instrucciones de la resolución, con el fin de permitir que la mujer o persona gestante esté acompañada por una persona de su elección durante el parto, lo que implica disponer de espacio suficiente y adecuado para que el o la acompañante pueda estar presente y apoyarla de manera constante.

Villavicencio es considerada la capital de la Orinoquía y actúa como un punto de conexión clave con carreteras hacia toda la región, además de su proximidad con la Amazonía -mayormente accesible por vías aéreas o fluviales-. A nivel rural, en estas regiones existen brechas en cuanto a coberturas de servicios públicos, específicamente de electricidad, acueducto y alcantarillado, lo que indica baja calidad de vida quienes las habitan, y quienes debido a estas condiciones enfrentan mayores riesgos de salud.

Tanto la Orinoquía como la Amazonía son de las más grandes regiones de Colombia, con gran diversidad en sus territorios, donde una gran parte pertenece a zonas rurales, habitadas por campesinado y grupos étnicos, que a través de los años han tenido que sobrevivir a la falta de intervención del Estado, pues garantizar el servicio de salud “se dificulta por la complejidad geográfica de los territorios”, afirmó el Ministerio de Salud en 2015.

Es por esto que el Hospital Departamental de Villavicencio atiende pacientes provenientes de diversos municipios del Meta, como Puerto Gaitán, Restrepo, Cumaral, y Puerto López, entre otros. Pero también atiende a mujeres de los departamentos de Vichada, Guainía y Guaviare. En su mayoría son mujeres indígenas que no hablan español y que estando en espesas selvas aisladas de atención médica, no se habían realizado ningún control prenatal antes de entrar a proceso de parto. Esto retrasa el trabajo del personal médico que debe proceder a realizar exámenes como pruebas de VIH, sífilis, flujo vaginal, ecografías, etcétera. Incluso se han presentado casos en los que los bebés a punto de nacer han llegado sin vida. 

Además, durante el presente año, el Hospital ha recibido mujeres a través del sistema de referencia y contrarreferencia de municipios como Puerto López, Acacías, La Macarena, Cubarral, Mesetas, Guaviare, Puerto Carreño, Mapiripán, Cumaribo, El Castillo, San Martín y Sarare (Venezuela). 

Por otro lado, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM en 2021, Colombia es el país que en los últimos años ha recibido un mayor flujo de refugiados y migrantes en el mundo, con una cifra aproximada de 2.48 millones, de las cuales el 50% es mujer y más de la mitad está en edad fértil.

La mayoría proviene de Venezuela, y teniendo en cuenta que la Orinoquía y la Amazonía tienen departamentos limítrofes con ese país, es común que de allí lleguen mujeres gestantes al Hospital, aunque también han atendido a maternas ecuatorianas. Ellas también han sufrido la misma situación de las indígenas, pues muchas, debido a su situación migratoria, no han recibido los debidos cuidados prenatales.

Al respecto, expertas afirmaron a OIM que “La gestante migrante se enfrenta a múltiples desafíos biológicos y psicológicos propios del embarazo que, en combinación con el ámbito social, político, familiar y cultural en un entorno nuevo, hacen necesario que el personal de salud deba brindar un acompañamiento específico para ellas, que a su vez se rija por políticas públicas claras que protejan su situación de vulnerabilidad”.

Colombia cuenta con una ruta de atención para estos casos. Cuando la migrante gestante se encuentra sin afiliación al sistema de salud colombiano, la responsabilidad de su atención recae sobre la entidad territorial que debe cumplir con lo establecido en la Sentencia T-298/19 y el artículo 4 del Decreto 064 de 2020, que establecen que, mientras se da el proceso de regularización y afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS, la entidad territorial y la institución prestadora de servicios de salud -IPS que se asigne serán las responsables de la atención durante el control prenatal y hasta la sexta semana del posparto, en concordancia con la Ruta Integral en Salud Materno Perinatal. Esta última acción se debe realizar a través de las submesas territoriales de salud sexual y reproductiva de cada departamento.

Para quienes deciden ser madres, existe la Ley 2244 de 2022 de parto digno, respetado y humanizado, que se inclina por una política pública sustentada en factores socioculturales y de género con el fin de prever la violencia obstétrica. Pese a que no se hace referencia de manera expresa al concepto, expone las prácticas que conducen al mismo al “reconocer y garantizar el derecho de la mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto, posparto y duelo gestacional y perinatal con libertad de decisión, consciencia y respeto; así como reconocer y garantizar los derechos de los recién nacidos”.

Este tipo de violencias tiene varias consecuencias legales para el personal médico, las EPS y las IPS:

1. 1. Para el equipo médico: Si cometen violencia obstétrica, pueden enfrentar sanciones éticas (según la Ley 23 de 1981) y también pueden ser procesados penalmente por delitos como lesiones, aborto ilegal, constreñimiento ilegal (forzar a alguien a hacer algo) o injuria (insultar a alguien).
   2. Para las EPS e IPS: Si estas entidades no cumplen con sus deberes, pueden ser sancionadas por las secretarías de salud locales o departamentales, o por la Superintendencia Nacional de Salud.
   3. En conjunto: Tanto el equipo médico como las EPS e IPS pueden ser llevados a la justicia civil o administrativa, dependiendo de si la entidad es pública o privada.

Según el Ministerio de Salud, si una mujer no recibe un trato digno, respetuoso y competente durante su embarazo, parto o posparto, y siente que sus derechos han sido vulnerados, puede presentar sus peticiones, quejas y reclamos ante la institución prestadora de salud, la cual está obligada a atender y resolver estas inconformidades según lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS). Además, las quejas también pueden ser dirigidas a las secretarías de salud municipales y departamentales, o a la Superintendencia Nacional de Salud. 

Es necesario y urgente hacer eco de la violencia obstétrica, porque es una problemática grave que afecta los derechos fundamentales de las mujeres y personas gestantes. Es apremiante reconocer y abordar esta forma de violencia para garantizar que quienes deciden, o no, ejercer su maternidad, reciban una atención médica digna, respetuosa y competente.

Además, tanto los sistemas de salud como la sociedad en su conjunto deben trabajar para eliminar estereotipos de género, asegurar el cumplimiento de normas éticas y legales, y crear entornos donde las mujeres y personas gestantes puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva sin temor a ser maltratadas o deshumanizadas. Solo a través de la educación, la sensibilización y el debido cumplimiento de las leyes es posible erradicar esta forma de violencia y avanzar hacia una atención médica digna, justa y equitativa.