El pasado 26 de marzo se reportó que integrantes del frente Carolina Ramírez habían reclutado forzosamente a Luis Alberto Matías Capera de la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio Putumayo 3.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombia-OPIAC, señaló a través de un comunicado que no se tenía información del joven desde su reclutamiento, hecho que habría ocasionado temor y zozobra en sus familiares.
La OPIAC informó que la tarde del 15 de mayo, Luis Matías había realizado un escape junto a otros tres jóvenes de la comunidad Murui de Guaquira, quienes también fueron víctimas del mismo hecho. Dos días después de su intento de conseguir la libertad y volver a sus hogares, los cuatro jóvenes fueron asesinados, sus cuerpos fueron hallados en el sector conocido El Estrecho entre Amazonas y Caquetá.
Entidades del gobierno nacional se pronunciaron tras la muerte violenta de los jóvenes. La oficina del Alto Comisionado para la Paz a través de un comunicado rechazó la violenta acción contra los jóvenes y señaló al frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Conjunto-FARC como los responsables. La dependencia recordó que el reclutamiento de menores era un crimen de guerra.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación anunció el domingo 21 de mayo que se adelantarían las investigaciones correspondientes sobre el asesinato de los jóvenes indígenas. La entidad indicó que se había destinado un grupo especial de la institución para esclarecer los hechos que derivaron en los homicidios.
El anuncio del gobierno sobre la suspensión del cese al fuego
En respuesta a lo ocurrido con los jóvenes indígenas, el presidente Gustavo Petro informó a través de un comunicado que se haría una suspensión del cese al fuego en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo. Asimismo señaló que lo ocurrido con los cuatro jóvenes era un hecho atroz que cuestionaba la voluntad del grupo armado de empezar a construir escenarios de diálogo.
El documento puntualizó que la decisión de suspender los efectos del Decreto 2656 de 2022, se tomó luego de una reunión con delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad, donde se reconocieron las graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y agresiones a los que se han visto expuestos los pueblos indígenas. La decisión será efectiva en las próximas horas de acuerdo con lo expresado por el mandatario. El Decreto había estado activo desde el 01 de enero de 2023.
Desde la Presidencia se reconoció que no tiene sentido persistir un cese al fuego bilateral si no es efectivo en determinados territorios del país donde aún se violenta y hostiga a la población civil.
El comunicado finaliza explicando que el gobierno nacional hará público el nombre de los integrantes de la mesa de conversaciones de paz con el EMC-FARC con quienes se iniciaría la fase de diálogos.
EMC- FARC denunciaron un incumplimiento del gobierno nacional
En respuesta a la decisión del presidente Gustavo Petro, el Estado Mayor Central de las FARC indicó que han mostrado voluntad de lograr la paz desde el 22 de septiembre de 2022, cuando anunciaron el cese al fuego contra las fuerzas militares.
El grupo armado señaló que los operativos militares jamás cesaron y agregaron que el anuncio de la suspensión del cese al fuego desatará la guerra.
El EMC-FARC informó que los hechos de los cuales fueron acusados, no fueron verificados; adicionalmente, el grupo puntualizó que en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo no se han registrado combates y extorsiones.
A su vez, el EMC-FARC manifestó que el gobierno no ha mostrado intenciones serias para entablar conversaciones ni se han instalado los mecanismos de Veeduría Monitoreo y Verificación, además de negar la participación del pueblo en la construcción de los diálogos.
Por último, el grupo exigió que el gobierno nacional debe tener una política de paz donde no exista el incumplimiento ni las presiones extranjeras.
¿Qué dicen desde los territorios?
La OPIAC emitió un comunicado donde indica que la suspensión del cese al fuego anunciado por el gobierno nacional podría derivar en una escalada violenta que deje más muertos y heridos, algo contrario a la política de paz total.
La organización hizo un llamado de atención para que se respete la vida y la integridad de los 64 pueblos indígenas que reúne, así como las estructuras organizativas de la Amazonía en medio de los escenarios territoriales de violencia entre la fuerza pública y los grupos armados que hacen presencia en la región.
A su vez, la OPIAC indicó que a través de la Coordinación de Derechos Humanos y Paz se ha hecho un monitoreo de la situación que se vive en los territorios, evidenciando un aumento de los hechos victimizantes en contra de población indígena. La organización afirmó que son las comunidades las que afrontan los estragos de la violencia.
Finalmente la OPIAC aseveró que aún con la implementación del cese al fuego bilateral, se continuaban denunciando casos de violencia. La organización apuntó que se siguen registrando a diario casos de desplazamiento, reclutamiento de menores, amenazas y asesinatos selectivos; además exigieron el respeto y la protección de las comunidades indígenas de los seis departamentos que conforman la Amazonía.
