La Orinoquia frente al Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022 – 2026”

El pasado 19 de mayo de 2023 el Congreso de la República mediante la Ley 2294 aprobó el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, el cual será la guía programática del gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de corte progresista en la historia del país. Este se fundamenta principalmente en la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de las injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio en el modelo de relacionamiento con el medio ambiente y en la transformación productiva.

Los ejes fundamentales del plan están sustentados en el ordenamiento del territorio alrededor del agua, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, transformación productiva, internacionalización y acción climática y la convergencia regional. Este último llama la atención en un país que se ha caracterizado por un centralismo acérrimo y que en la pasada campaña electoral fue una de las banderas del actual jefe de gobierno; el pasar de un país de regiones en el que los ciudadanos y ciudadanas tenga una mayor participación en la toma de decisiones y en la ejecutoria de las políticas públicas.

Desde los Ejes de Transformación se marcan las líneas generales y de cómo el Meta y la Orinoquia se verán beneficiados o impactados por todas las políticas públicas que se desprendan de este documento. En primer lugar, se tiene el de ordenamiento del territorio alrededor del agua, un punto sensible en la región que históricamente ha tenido problemas en el suministro de agua a sus habitantes, como es el caso de Villavicencio y Yopal, dos ciudades rodeadas de fuentes hídricas, pero con acueductos vulnerables.

En el caso de Villavicencio la situación no solo pasa por un acueducto deficiente y por una empresa politizada, también por el plan de ordenamiento del territorio, proceso que gobierno tras gobierno se mueve más hacia el interés de particulares que de la población de una ciudad cansada de los continuos cortes de agua, de la escasa protección de las fuentes hídricas y de una ciudad que ha crecido de espaldas al río Guatiquía, principal proveedor de este líquido en la capital del Meta.

En el eje de Seguridad Humana y Justicia Social se toca un aspecto importante en una de las regiones más golpeadas por la violencia en todas sus formas del país. La Comisión de la Verdad ha revelado impactos enormes en la sociedad llanera, en los niños, niñas y adolescentes, en las mujeres, en el campesinado, en las negritudes y en las poblaciones indígenas que han sido víctimas de la guerra. Este eje plantea el refuerzo de condiciones jurídicas que permitan el goce efectivo de derechos y la transformación de la manera de defender los territorios.

En el Derecho Humano a la Alimentación se plantea que la población pueda acceder en todo momento a comida adecuada. Lo anterior se traduce a disponibilidad, acceso y adecuación, pero con un enfoque diferencial que considere las costumbres locales y la gastronomía de las comunidades. En este contexto la Orinoquía es una fuente importante de alimentos para el país y el mundo, pero al mismo tiempo es una de las regiones menos competitivas del país, (el Meta se ha ubicado históricamente entre los puestos inferiores en el Índice Regional de Competitividad).

La competitividad es muy importante, porque no solo es necesario tierras cultivables, seguridad y mano de obra calificada para cultivar, si el alimento producido no cuenta con escalones para su trasformación y para el transporte de los mismos, la tan anhelada soberanía y cobertura alimentaria no se logrará solo con la base de políticas que no fortalezcan los sectores productivos vinculados en la industria. Este reto enorme cobra mucha importancia en una región en la que se presentan casos de hambruna como en algunas comunidades rurales, como las establecidas en el municipio de Puerto Gaitán, Meta.

La Orinoquía es una de las regiones más vulnerables frente al cambio climático, su ubicación y su rol de transición de ecosistema andino a selva, lo hacen susceptible a los cambios en las extensas temporadas secas y a los periodos lluviosos. En ese sentido el eje de Transformación Productiva, Internacionalización y Acción Climática presenta una oportunidad para la región, ya que, y como se mencionó anteriormente, la productividad es una tarea pendiente. Así mismo, el desarrollo sostenible debe ser una piedra angular que proteja los enormes recursos naturales, como el agua.

Un territorio que es visto desde la centralidad como la última frontera agrícola, energética y hasta habitacional para un país que cada día se hace más chico en sus dinámicas socioeconómicas para generar bienestar a su población, no deja de generar preocupaciones cuando se cree que la Orinoquía es un territorio para dar, pero no para protegerlo.

Esas dinámicas depredadoras con la región ya se visualizan con la explotación de los hidrocarburos que, si bien constituyen un reglón importante para la generación de empleo y de recursos, también lo es para destrucción de ecosistemas y/o para alterar el equilibrio de especies endémicas y vitales para el medio ambiente global. De tal manera, que la propuesta de cambiar el enfoque extractivista es interesante, porque se vislumbra un enfoque de respeto a la naturaleza, pero al mismo tiempo en el departamento del Meta, Arauca y Casanare principalmente, son miles las familias que derivan su sustento de la minería y los hidrocarburos.

Por último, uno de los reclamos históricos de las regiones y sus comunidades ha sido la escasa o nula participación en la toma de decisiones en el país, como por ejemplo de políticas que los tocan a ellos y a sus entornos y que, son debatidas desde Bogotá sin considerar las necesidades o al menos el escuchar las voces de quienes proponen modelos alternativos desde lo local. Esto supone un modelo diferente de administración de lo público, en el que el ciudadano y ciudadana son el centro de su gestión, tomando en cuenta sus necesidades reales y con un enfoque territorial muy fuerte.

Para la Orinoquía estos ejes que son muy globales no solo representan una oportunidad valiosa para lograr las tan anheladas transformaciones, también exige de dirigentes políticos locales enfocados en modelos de planificación y de acción vinculantes con la comunidad, que respeten o prioricen los temas ambientales, la generación de políticas públicas para mejorar la competitividad, fortalecer los procesos locales de concertación y unas administraciones locales eficientes y alejadas de las practicas reiterativas de clientelismo. Un reto tremendo considerando los elevados niveles de corrupción en las instituciones, en donde sobresalen el robo reiterado de la salud del departamento del Meta, la improvisación en el acueducto de Villavicencio y la puesta de la infraestructura de esas administraciones en campañas electorales y de políticas.

Este plan de desarrollo es prometedor, pero al mismo tiempo tiene un reto tremendo y es el modelo político que históricamente ha gobernado al país y a la misma Orinoquía. Las transformaciones no solo serán posibles desde un documento que abarca en líneas generales lo que millones reclaman, también es importante la movilización ciudadana entorno al control político, su participación efectiva y en pleno goce de derechos.