AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
A ocho años del Plebiscito por la Paz de 2016, los fundamentalismos no sólo redefinieron el panorama político colombiano con el triunfo del «No», sino que consolidaron un bloque legislativo que ha promovido una ola de proyectos de ley regresivos sobre derechos sexuales y reproductivos. La “ideología de género se constituyó como una “amenaza”.
Danne Arubelmón, activista con experiencia de vida transfemenina y directora ejecutiva de la Fundación Grupo de Apoyo y Acción para Personas Trans-GAAT, es una de las personas que en el país ha estado expuesta a las mal llamadas «prácticas de conversión», procesos que, según explica, buscan «cambiar o corregir nuestra orientación sexual o identidad de género». Su vivencia con estas “terapias” comenzó con una psicóloga que implementó acciones de «exorcismos, terapia hormonal y temas de aislamiento social», las cuales, recuerda, le llevaron a cambios en la comida y de lugares de estudio. Para la activista, los impactos de esta “cura que venden sus promotores” promueven afectaciones a la salud mental, la ruptura de lazos familiares e incluso la imposibilidad de concebirse como personas “LGBT dentro de su propia espiritualidad”, menciona.
El activismo por los Derechos Sexuales y Reproductivos-DSR y la defensa de las diversidades sexuales y de género, a menudo implica un riesgo personal que está inmerso en el debate político electoral. Danne es consciente de esto; menciona que su experiencia siendo víctima de esta violencia y la necesidad urgente de protección le han impulsado a promover junto a varias personas el Proyecto de Ley No Hay Nada que Curar, que tiene la finalidad de prohibir y sancionar las mal llamadas «terapias de conversión», para que “a nadie le pase lo que a mí me pasó”. Sin embargo, dice con algo de indignación que los efectos de la visibilidad les ha puesto en la mira de sectores fundamentalistas y antiderechos, los cuales han empleado estrategias de difamación con el objetivo de «intentar deslegitimar el trabajo que hace la organización».
El activismo por los Derechos Sexuales y Reproductivos-DSR y la defensa de las diversidades sexuales y de género, a menudo implica un riesgo personal que está inmerso en el debate político electoral. Danne es consciente de esto; menciona que su experiencia siendo víctima de esta violencia y la necesidad urgente de protección le han impulsado a promover junto a varias personas el Proyecto de Ley No Hay Nada que Curar, que tiene la finalidad de prohibir y sancionar las mal llamadas «terapias de conversión», para que “a nadie le pase lo que a mí me pasó”. Sin embargo, dice con algo de indignación que los efectos de la visibilidad les ha puesto en la mira de sectores fundamentalistas y antiderechos, los cuales han empleado estrategias de difamación con el objetivo de «intentar deslegitimar el trabajo que hace la organización».
La relación directa de estas prácticas de conversión en centros de coerción ha tenido conexión con el poder legislativo. Lazos de Amor Mariano, la congregación católica a la que llevaron a Danne, es la misma agrupación religiosa que apoya al senador Luis Miguel López Aristizábal y al representante a la Cámara por Antioquia Óscar Mauricio Giraldo, quienes han tenido una postura en defensa de los “valores tradicionales” y en contra de derechos como el aborto, sumándose a la larga lista de políticos que vienen intensificando su posición antiderechos de las mujeres, diversidades sexuales y de género y a las infancias
La fe como estructura de poder: diecinueve años de proyectos legislativos antiderechos
La arena legislativa colombiana, desde 2008, ha sido testigo de una profunda transformación en la estrategia de los grupos antiderechos. Si bien el accionar inicial se enfocaba en hundir proyectos de ley progresistas, a partir de 2010 se observó una proliferación notoria de iniciativas fundamentalistas con menos reservas en proponer retrocesos claros en los DSR.
La arena legislativa colombiana, desde 2008, ha sido testigo de una profunda transformación en la estrategia de los grupos antiderechos. Si bien el accionar inicial se enfocaba en hundir proyectos de ley progresistas, a partir de 2010 se observó una proliferación notoria de iniciativas fundamentalistas con menos reservas en proponer retrocesos claros en los DSR.
Pero fue hasta el año 2016 que se evidenció con mayor efecto que la llamada “ideología de género» había generado un punto de inflexión social. Andrés Alba, representante de ACT Iglesia Sueca, cuenta que el proceso y resultado del Plebiscito por la Paz reveló la capacidad de movilización de sectores de iglesias, especialmente evangélicas, pentecostales y megaiglesias. Quienes han contado con una acumulación de poder que ha influido históricamente con su vinculación en la política representativa para instaurar narrativas antiderechos e incidir en las decisiones de los resultados de las contiendas electorales.
El artículo “El rol de las iglesias cristianas evangélicas en la victoria del “No” en el plebiscito de Colombia” evidenció la magnitud del poder de concentración de estos sectores a través de una entrevista a Edgar Castaño, presidente de la Conferencia Evangélica de Colombia (CEDECOL). Al ser consultado sobre la influencia de las iglesias en el resultado electoral, fue directo al establecer la relación entre su feligresía y el capital político, ya que sabe que la representación de votos cristianos son fundamentales para cualquier candidato o candidata, “en Colombia se elige presidente con ocho o diez millones de votantes y nosotros somos diez”, afirmó.
A partir de esos resultados, la oposición a los avances en materia de género dejó de ser atribuida únicamente a sectores conservadores tradicionales y empezó a configurarse como un movimiento fundamentalista con poder de incidencia nacional. Aunque el Plebiscito no fue un proyecto de ley, sí constituyó el acontecimiento que reconfiguró el campo político: la instrumentalización de la fe y del miedo demostró, como afirma Alba, que “lo que pasa por el cuerpo siempre determina todo el cuerpo social”.
Danne coincide con Andrés en que este hito marcó un punto de partida en las narrativas de conspiración global. La Fundación GAAT en sus procesos de análisis identificó el surgimiento de la «Batalla Cultural», ligada a una “supuesta conspiración mundial de la Agenda 2030, para hacer que todo el mundo sea trans»; menciona que esta avanzada es impulsada por una articulación explícita entre la política y la fe.
Sara Victoria Alvarado, investigadora y profesora de la Universidad de Manizales evidenció en el artículo «Del género y otros demonios. Convergencias antigénero en Colombia (2016-2022) cómo la lucha contra la «ideología de género» se transformó en una poderosa herramienta política en Colombia, especialmente después del Plebiscito de 2016 que funciona como una articulador de discursos y sectores que, a primera vista, son distintos, pero que comparten el objetivo de redefinir un «enemigo interno» al centrar la atención en el género como una «amenaza moral», los cuales logran unificar una agenda sociopolítica que desvía la atención de otros debates nacionales y consolida un proyecto político de corte conservador.
El artículo “El rol de las iglesias cristianas evangélicas en la victoria del “No” en el plebiscito de Colombia” evidenció la magnitud del poder de concentración de estos sectores a través de una entrevista a Edgar Castaño, presidente de la Conferencia Evangélica de Colombia (CEDECOL). Al ser consultado sobre la influencia de las iglesias en el resultado electoral, fue directo al establecer la relación entre su feligresía y el capital político, ya que sabe que la representación de votos cristianos son fundamentales para cualquier candidato o candidata, “en Colombia se elige presidente con ocho o diez millones de votantes y nosotros somos diez”, afirmó.
A partir de esos resultados, la oposición a los avances en materia de género dejó de ser atribuida únicamente a sectores conservadores tradicionales y empezó a configurarse como un movimiento fundamentalista con poder de incidencia nacional. Aunque el Plebiscito no fue un proyecto de ley, sí constituyó el acontecimiento que reconfiguró el campo político: la instrumentalización de la fe y del miedo demostró, como afirma Alba, que “lo que pasa por el cuerpo siempre determina todo el cuerpo social”.
Danne coincide con Andrés en que este hito marcó un punto de partida en las narrativas de conspiración global. La Fundación GAAT en sus procesos de análisis identificó el surgimiento de la «Batalla Cultural», ligada a una “supuesta conspiración mundial de la Agenda 2030, para hacer que todo el mundo sea trans»; menciona que esta avanzada es impulsada por una articulación explícita entre la política y la fe.
Sara Victoria Alvarado, investigadora y profesora de la Universidad de Manizales evidenció en el artículo «Del género y otros demonios. Convergencias antigénero en Colombia (2016-2022) cómo la lucha contra la «ideología de género» se transformó en una poderosa herramienta política en Colombia, especialmente después del Plebiscito de 2016 que funciona como una articulador de discursos y sectores que, a primera vista, son distintos, pero que comparten el objetivo de redefinir un «enemigo interno» al centrar la atención en el género como una «amenaza moral», los cuales logran unificar una agenda sociopolítica que desvía la atención de otros debates nacionales y consolida un proyecto político de corte conservador.
“la paz es una narrativa también fundamentalista, pero en el tema de los derechos sexuales y reproductivos hemos identificado que tiene una intención de control del cuerpo de algunas personas”.
Según Laia Beltrán, quien hace parte del Colectivo Malokas, una organización de Barcelona que desde el año 2005 genera acciones solidarias con movimientos sociales en Colombia, “la paz es una narrativa también fundamentalista, pero en el tema de los derechos sexuales y reproductivos hemos identificado que tiene una intención de control del cuerpo de algunas personas”. Lo anterior se reflejó en proyectos de ley que desde el 2011 a 2017 estuvieron enfatizados en proteger la concepción “tradicional” de familia y a limitar la autonomía de las mujeres.
El Proyecto de Ley “Referendo de Adopción” 220 de 2017, por ejemplo, proponía movilizar una acción constitucional para excluir a las parejas homosexuales del derecho a la adopción, basándose en estudios metodológicamente irrelevantes para el contexto social colombiano. En los años siguientes, el concepto de «adopción desde el vientre materno» fue introducido en en el Proyecto de Ley 313 de 2020 y el 094 de 2019, la cual también tenía la intención de incluir al «que está por nacer» como sujeto de adopción, ofreciendo alternativas a las mujeres con embarazos no deseados, reflejando una disputa por el control de los cuerpos basado en la moralidad.
Puede darle clic a algunos proyectos de ley para profundizar de qué se trataron
El Proyecto de Ley “Referendo de Adopción” 220 de 2017, por ejemplo, proponía movilizar una acción constitucional para excluir a las parejas homosexuales del derecho a la adopción, basándose en estudios metodológicamente irrelevantes para el contexto social colombiano. En los años siguientes, el concepto de «adopción desde el vientre materno» fue introducido en en el Proyecto de Ley 313 de 2020 y el 094 de 2019, la cual también tenía la intención de incluir al «que está por nacer» como sujeto de adopción, ofreciendo alternativas a las mujeres con embarazos no deseados, reflejando una disputa por el control de los cuerpos basado en la moralidad.
Puede darle clic a algunos proyectos de ley para profundizar de qué se trataron
Entre 2022 y 2024, los proyectos de ley se caracterizaron por una intensificación de las iniciativas fundamentalistas impulsadas principalmente por partidos conservadores: Centro Democrático, MIRA y Colombia Justa Libres, mostrando una menor reticencia a proponer abiertamente retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos. La agenda legislativa se centró en tres áreas clave: la prohibición o restricción del aborto; el control de la educación sexual, priorizando las convicciones parentales y la limitación de los derechos de las personas trans desde una perspectiva biológica, que desconoce los factores sociales y culturales que construyen a lo largo de su vida las personas.
Laila advierte que la principal tarea pendiente es garantizar que el Estado sea laico, debido a que cada vez está más permeado por mensajes religiosos incluso dentro de las instituciones públicas. Andrés coincide en que el tema de género opera como punto de quiebre emocional y político, y señala que los templos se han convertido en espacios estratégicos para movilizar votantes y reforzar la agenda conservadora.
Efectos de la violencia basada en la fe
Las acciones violentas han escalado con el tiempo por parte de los grupos antiderechos. Danne ha sido víctima de hostigamiento, difamación y uso de su imagen tergiversada con inteligencia artificial para persuadir y deslegitimar su trabajo.
Para ella, las violencias se han vuelto «exageradas» en el marco de los debates de los proyectos de ley, donde las narrativas antiderechos han propiciado múltiples acciones violentas, “desde ubicar el lugar donde vivo y romper los vidrios de mi casa, lanzarme huevos, gritarme en la calle o encerrarme en espacios y amenazas digitales, fotografías que envían de mí o a mi familia o a las personas que trabajan en el equipo de GAAT”, señala.
La violencia basada en la fe también ha afectado a otras personas como Gloria Laverde, quien hace parte del Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz-GEPAZ, la cual se declara como fugitiva de una iglesia fundamentalista. Su fe entró en una crisis cuando empezó a acompañar a otras mujeres y a contar con otra mirada a través del feminismo liberal. A raíz de esto, ella hizo una ruptura con el sistema eclesial y se considera crítica de este, sin apartarse de sus creencias. La manera como los liderazgos eran controlados solo por hombres y sus voces eran silenciadas, le volcó a ver la fe desde otra alternativa.
El cuestionamiento de Laverde sobre la iglesia inicia desde el desarrollo de la teología, ya que menciona que esta es machista y violenta. Lo anterior lo evidenció cuando identificó las relaciones de poder y el control para adoctrinar las decisiones sobre los cuerpos. Ante esto, Gloria afirma: “esas reglas de control y juicio sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo, sobre el deseo, nos quitan el derecho de hablar de nuestras necesidades corporales, físicas, sexuales; es un derecho que es dado a los hombres y eso es una realidad en la que está inmersa la comunidad de fe”.
Ella vincula directamente esta violencia fundamentalista con el panorama político actual, describiéndolo como «cíclico y pendular (…) las narrativas violentas de control religioso son el motor del retroceso político en la garantía de derechos”; esto significa que los logros obtenidos en materia de derechos no son permanentes, sino que tienden a ir hacia adelante y hacia atrás, obligando a las activistas a retomar luchas previamente dadas.
Por su parte, Laia menciona que la forma de contrarrestar la avanzada regresiva de la política basada en la fe requiere de un cuidado colectivo: «juntarnos y poder tener más impacto en nuestras acciones, que permitan buscar herramientas para sostener la resistencia a largo plazo». Considera que es necesario documentar, compartir y «no dejar nada ahí en un cajón, nada que no es importante», ya que la imposición sociopolítica de mensajes que quieren instaurar “verdades” y violencia, escala también en personas de la sociedad civil, muy vinculados a movimientos religiosos.
La violencia basada en la fe no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural que, amparada en el discurso religioso y sus vínculos políticos, busca restaurar las jerarquías morales y de género. La Red de Apoyo y Protección ante los Fundamentalismos documenta en su serie de podcast cómo operan los mecanismos de disciplinamiento social frente a quienes defienden la autonomía y los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). Estos mecanismos abarcan un espectro que va desde el hostigamiento y la difamación en el ámbito digital y social, hasta la persecución directa en espacios públicos y políticos.
Laila advierte que la principal tarea pendiente es garantizar que el Estado sea laico, debido a que cada vez está más permeado por mensajes religiosos incluso dentro de las instituciones públicas. Andrés coincide en que el tema de género opera como punto de quiebre emocional y político, y señala que los templos se han convertido en espacios estratégicos para movilizar votantes y reforzar la agenda conservadora.
Efectos de la violencia basada en la fe
Las acciones violentas han escalado con el tiempo por parte de los grupos antiderechos. Danne ha sido víctima de hostigamiento, difamación y uso de su imagen tergiversada con inteligencia artificial para persuadir y deslegitimar su trabajo.
Para ella, las violencias se han vuelto «exageradas» en el marco de los debates de los proyectos de ley, donde las narrativas antiderechos han propiciado múltiples acciones violentas, “desde ubicar el lugar donde vivo y romper los vidrios de mi casa, lanzarme huevos, gritarme en la calle o encerrarme en espacios y amenazas digitales, fotografías que envían de mí o a mi familia o a las personas que trabajan en el equipo de GAAT”, señala.
La violencia basada en la fe también ha afectado a otras personas como Gloria Laverde, quien hace parte del Grupo Ecuménico de Mujeres Constructoras de Paz-GEPAZ, la cual se declara como fugitiva de una iglesia fundamentalista. Su fe entró en una crisis cuando empezó a acompañar a otras mujeres y a contar con otra mirada a través del feminismo liberal. A raíz de esto, ella hizo una ruptura con el sistema eclesial y se considera crítica de este, sin apartarse de sus creencias. La manera como los liderazgos eran controlados solo por hombres y sus voces eran silenciadas, le volcó a ver la fe desde otra alternativa.
El cuestionamiento de Laverde sobre la iglesia inicia desde el desarrollo de la teología, ya que menciona que esta es machista y violenta. Lo anterior lo evidenció cuando identificó las relaciones de poder y el control para adoctrinar las decisiones sobre los cuerpos. Ante esto, Gloria afirma: “esas reglas de control y juicio sobre nuestra sexualidad, sobre nuestro cuerpo, sobre el deseo, nos quitan el derecho de hablar de nuestras necesidades corporales, físicas, sexuales; es un derecho que es dado a los hombres y eso es una realidad en la que está inmersa la comunidad de fe”.
Ella vincula directamente esta violencia fundamentalista con el panorama político actual, describiéndolo como «cíclico y pendular (…) las narrativas violentas de control religioso son el motor del retroceso político en la garantía de derechos”; esto significa que los logros obtenidos en materia de derechos no son permanentes, sino que tienden a ir hacia adelante y hacia atrás, obligando a las activistas a retomar luchas previamente dadas.
Por su parte, Laia menciona que la forma de contrarrestar la avanzada regresiva de la política basada en la fe requiere de un cuidado colectivo: «juntarnos y poder tener más impacto en nuestras acciones, que permitan buscar herramientas para sostener la resistencia a largo plazo». Considera que es necesario documentar, compartir y «no dejar nada ahí en un cajón, nada que no es importante», ya que la imposición sociopolítica de mensajes que quieren instaurar “verdades” y violencia, escala también en personas de la sociedad civil, muy vinculados a movimientos religiosos.
La violencia basada en la fe no es un fenómeno aislado, sino una manifestación estructural que, amparada en el discurso religioso y sus vínculos políticos, busca restaurar las jerarquías morales y de género. La Red de Apoyo y Protección ante los Fundamentalismos documenta en su serie de podcast cómo operan los mecanismos de disciplinamiento social frente a quienes defienden la autonomía y los Derechos Sexuales y Reproductivos (DSR). Estos mecanismos abarcan un espectro que va desde el hostigamiento y la difamación en el ámbito digital y social, hasta la persecución directa en espacios públicos y políticos.
Los testimonios de activistas y lideresas religiosas críticas evidencian cómo el control espiritual y político sobre los cuerpos sigue siendo una de las herramientas más eficaces del poder conservador. Frente a este panorama, la resistencia feminista y de derechos humanos requiere fortalecer sus redes de cuidado, memoria y articulación política, no solo para responder a la violencia, sino para disputar el sentido mismo de la fe, la ética pública y la democracia.
En este contexto, el siguiente capítulo de Verificando hechos: discursos antiderechos y su papel en un año preelectoral en Colombia profundiza en cómo los movimientos sociales, las activistas y las redes de protección se reorganizan ante este panorama regresivo tanto en el terreno legislativo como en la opinión pública, articulando estrategias colectivas para enfrentar la instrumentalización política de la fe y defender los avances en materia de derechos de cara también al año electoral del 2026.
En este contexto, el siguiente capítulo de Verificando hechos: discursos antiderechos y su papel en un año preelectoral en Colombia profundiza en cómo los movimientos sociales, las activistas y las redes de protección se reorganizan ante este panorama regresivo tanto en el terreno legislativo como en la opinión pública, articulando estrategias colectivas para enfrentar la instrumentalización política de la fe y defender los avances en materia de derechos de cara también al año electoral del 2026.