Restrepo es un pequeño municipio ubicado en el centro occidente vallecaucano y fundado en 1913. Cuenta con cerca de 17.000 habitantes, dispersos en proporciones similares entre lo rural y lo urbano. Tiene cinco instituciones educativas públicas, una de ellas con enfoque agrícola. 

Desde hace décadas, el agua ha sido el centro del conflicto socioambiental que  tiene padeciendo a varias comunidades rurales del municipio. Constantemente, las y los niños se ven obligados a faltar a la escuela porque no lograron bañarse o porque no pudieron lavar el uniforme. Incluso, en ocasiones se han suspendido clases por falta del fluido en el colegio. “Es muy triste estar despachando a los niños porque no hay agua, entonces los vecinos que recogen y tienen un tanque más grande, nos dan así sea un balde para, al menos, vaciar los baños”, relata una docente.

Pero no siempre fue así, alguna vez sus pobladores recordaron los paisajes montañosos del pueblo como “Un sueño atravesado por un río”. Eso le dijeron a Gustavo Artunduaga, un profesional en negocios internacionales que se considera campesino porque vive del campo, donde se asentó hace 23 años. Actualmente es activista y se ha dedicado a defender el acueducto comunitario de la zona, y teme que aquel sueño al que atraviesa un río llegue a su fin. 

Claudia Hurtado comparte ese temor. Nació en el municipio de Riofrío, pero su lugar de crianza fue Restrepo, donde llegó junto a su familia cuando tenía dos años de edad y posteriormente se estableció en la vereda Calimita. “Me crié viendo el bosque cafetero tradicional, donde no solo se encuentra café sino plátano, guayabo, cacao”, recuerda. Al crecer se graduó en Administración de Empresas Agropecuarias e ingresó a trabajar en Smurfit Kappa Cartón – SKC, una multinacional dedicada a la fabricación de papel con presencia en 33 países de Latinoamérica y Europa, pero al ver las afectaciones que causaba al ambiente, salió de la empresa y decidió liderar una lucha por la defensa del territorio.

“Gran parte del territorio adolece de agua, de agua de buena calidad”

Generalmente, la administración y distribución sostenible del recurso hídrico en una comunidad suele ser invisibilizada porque el proceso ocurre tras bambalinas. Sin embargo, el reconocer la labor de quienes coordinan y gestionan eficientemente el acceso al agua, asegurando que las personas tengan suficiente para sus necesidades básicas, es vital para generar un sentido de pertenencia y de defensa de un bien común y creado desde, por y para la comunidad, como es el caso de la Asociación de Usuarios de la Red Rural de Distribución de Agua – Acuapaltres, la cual surgió para garantizar el derecho humano al agua potable a las comunidades de las veredas La Palma y Tres Puertas. “Es muy fácil llegar a tu cocina, a tu baño y abrir una llave y saber que el agua está allí pero no nos preguntamos qué está pasando detrás de ese grifo”, reflexiona Gustavo.

Históricamente, y, a falta de vivienda propia, las personas se han asentado en determinados lugares para construir hogar y tejer comunidad, pero ello implica la ausencia de servicios básicos para vivir dignamente, como el agua. Por eso, las comunidades se han organizado a través de la autogestión para construir sistemas de suministro del líquido vital para acceder al derecho que el Estado, en su momento, no logró garantizar.

Acuapaltres, con 40 años de historia, se proyectó para abastecer a 200 personas, obteniendo la concesión en 2002 por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC para el aprovechamiento de aguas superficiales con fines domésticos en las cuencas del Sinaí y La Tobón. Sin embargo, la no renovación de la concesión desde 2012 se atribuye a la presencia de la multinacional SKC, que está establecida en una de las zonas de abastecimiento del acueducto. 

Corría el año 1934 cuando en Irlanda empezaba una empresa dedicada a la fabricación de cajas de papel y embalaje, la cual fue adquirida por Jefferson Smurfit cuatro años después. En 1986 el grupo SKC comenzó la compra de acciones hasta que en 2019 aseguró el control de la compañía con el 97%. Para el 2023 ya contaba con el 99%  de las acciones.

¿Producción nociva?

La madera que usa SKC para la producción de papeles y cartones proviene de plantaciones forestales comerciales de pino y eucalipto certificadas por el Consejo de Administración Forestal, más conocido por sus siglas en inglés FSC, en manejo forestal responsable. Sin embargo, esta entidad ha sido criticada por parte de diversas organizaciones no gubernamentales debido a fallos sistemáticos que permiten que empresas con antecedentes cuestionables se beneficien de la certificación.

“¡Las empresas devastadoras merecen al FSC y el FSC merece a las empresas devastadoras! Quien no merece al FSC son las comunidades campesinas, sin tierras, los quilombolas (descendientes de esclavos), indígenas, ribereños y los pobladores de los alrededores, impactados por sus plantaciones”, se lee en el artículo “Brasil: duro cuestionamiento al maquillaje FSC de plantaciones de eucaliptos y advertencia frente a su avance en Piauí”, del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, donde denuncian la certificación otorgada por la entidad ambiental a la Companhia Suzano de Papel e Celulose que ha establecido monocultivos de eucalipto en esa zona del vecino país. 

Específicamente, SKC siembra árboles como el pino pátula (Pinus patula) y el eucalipto rosado (Eucalyptus grandis), especies que no son nativas de la zona. En Colombia, a corte de diciembre del 2020, la multinacional cuenta con una base de tierras de 67,276 hectáreas, de las cuales 41,722 son de pino, eucalipto, investigación y áreas en alistamiento, según su Plan de Manejo Forestal 2022-2026. Tiene plantaciones en 33 municipios de seis departamentos de Colombia y suman un total de 63.500 hectáreas (22500 de bosques naturales y 41000 de plantaciones forestales).

Los eucaliptos son conocidos por ser árboles que requieren una cantidad significativa de agua para su desarrollo óptimo, algunas fuentes cifran un consumo de 20 litros/día por eucalipto, lo que suele provocar en determinadas zonas el agotamiento del recurso hídrico. Su cosecha puede tardar entre siete y veinte años, dependiendo de si se cultiva para la producción de pulpa de madera, para madera aserrada o propósitos de conservación del suelo; en los dos primeros casos, los ciclos de cosecha pueden ser más cortos.  

Por su parte, los pinos pueden ser bastante resistentes a la sequía una vez establecidos, pero sus necesidades de agua pueden diferir durante diferentes etapas de crecimiento y en diversos entornos. Hay registros de que los pinos promedio pueden absorber hasta 150 galones al día cuando hay agua ilimitada. En algunas plantaciones destinadas a la producción de pulpa, los pinos pueden cosecharse en ciclos que van desde alrededor de 10 a 20 años.

“Si usted quiere acabar un pantano, siembre eucalipto y verá”, dice Jesús Ortega, quien fue presidente de Acuapaltres y actualmente es el fiscal. Él es uno de los y las que han venido liderando la lucha por la defensa del agua y por ende, del acueducto. Según dice, SKC suele ubicarse en zonas en las que ocurre el fenómeno de neblina, en el cual se condensan pequeñas gotas de agua que están en suspensión en la atmósfera. Esta preferencia puede deberse a que, en áreas donde la neblina es frecuente, se puede proporcionar una fuente adicional de agua para los cultivos de eucalipto, especialmente en épocas secas, pues estas plantas están asociadas a climas húmedos. “Ellos captan esa agua (la de la neblina) pero también se consumen la del suelo”, afirma. No obstante, la multinacional asegura que “la reforestación comercial a diferencia de otro tipo de cultivos agrícolas no requiere de riego, por lo que depende, como los demás árboles indistintamente de la especie, del régimen de lluvias.”

La intensa sequía

En 2015, las y los restrepeños enfrentaron un verano intenso, producto del fenómeno de El Niño que afectó también a municipios como Ansermanuevo, Vijes, La Cumbre, San Pedro, Riofrío, La Unión, Toro, Obando, Zarzal, Roldanillo y La Victoria. Tal situación tuvo graves consecuencias, especialmente en términos de sequías y problemas relacionados con el suministro de agua. 

Durante ese periodo, la región experimentó una etapa prolongada de condiciones climáticas secas y altas temperaturas. Esto afectó los niveles de los embalses y cuerpos de agua, generando preocupaciones sobre la disponibilidad del recurso hídrico para el consumo humano, la agricultura y otras actividades. 

La Administración Municipal de ese entonces envió carros tanque con agua para abastecer a la comunidad, pero la cantidad no era suficiente. Había quienes tenían la solvencia económica para comprar extensos tanques destinados a contener el agua del carrotanque que también compraban al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Restrepo por cerca de 150 mil pesos. Pero no todos tenían esa facilidad, en días de suerte, “sacaba uno una canequita, la llenaba uno allá afuera con esa manguera del carro tanque y no más”, recuerda Idalia Tola Astaiza, quien hace más de 30 años vive en la vereda Buenvivir, que es beneficiaria de Acuapaltres. 

Con el cúmulo de calores intensos y la falta de agua -sobre todo en verano-, se vio afectada la vida cotidiana de las y los habitantes de las veredas y disminuyó el valor comercial y la productividad de los predios, impactando la economía local. “Cada quien quería tener servicio de agua y Acuapaltres empieza a subdividirse legal o ilegalmente y comienza a haber una demanda desaforada”, afirma Artunduaga. Con más de 480 usuarios, el acueducto no puede satisfacer la demanda, y la subdivisión de tierras para asegurar el servicio ha exacerbado el problema.

Diálogos sin soluciones

El paisaje cafetero acompañado de otros cultivos agrícolas que extendían su manto verde sobre las montañas de Restrepo se veían a borbotones hace unos 40 años, recuerda Ortega. “Cuando empezó Smurfit Kappa en la zona, contrató gente de acá para arrasar con los bosques bajos. Cantidad de serpientes, de aves, de animales se acabaron. Ellos mismos decían que había agua en distintas partes, hasta humedales”. Hoy en día, añade el fiscal del acueducto, la poca fauna que queda, ante la destrucción de su hábitat, se ha ido desplazando hacia zonas cercanas a las viviendas de la comunidad, incluso se presentó ya un caso en el que una serpiente mordió a una menor en la vereda Calimita. “Se entró a la escuela, la pisó la niña y pum, la mordió”.

En busca de una solución, representantes de Acuapaltres, junto a líderes y lideresas comunitarias del municipio, iniciaron mesas de trabajo para dialogar con la administración municipal, la CVC y multinacional, pero no llegaron a ningún acuerdo. “Mientras Smurfit Kappa, con un acervo probatorio muy fuerte, decía que el impacto en las zonas de producción era nulo; lo que vivía la gente en el territorio era totalmente diferente. Es que no había agua, no había agua”, señaló Gustavo. “No había ni para hacer un tinto”, refuerza Ortega.

La evasiva de la empresa persistía, pero al mismo tiempo resistían quienes defendían el territorio, que con ayuda de diferentes actividades pedagógicas fueron de vereda en vereda socializando lo que la multinacional estaba provocando en el municipio. 

A esta lucha se unió la comunidad de la vereda Calimita, que cuenta también con su acueducto comunitario y que, dado que comparte su zona de abastecimiento en la microcuenca La Tobón con Acuapaltres, también se vio afectada por la falta de agua.  “Empezamos a hacerle ver a la gente toda esta situación y a empoderarlos frente a lo que estábamos viviendo”, mencionó Claudia, quien hizo parte de la junta administrativa del acueducto.

Fue así que una verificación conjunta entre delegados de la empresa y cerca de 300 miembros de la comunidad reveló preocupaciones sobre el incumplimiento de las distancias establecidas en las rondas hídricas, teniendo cultivos a menos de un metro de los nacimientos y del cauce a la bocatoma del acueducto; el uso de pesticidas y herbicidas que podrían poner en riesgo la salud humana, la construcción de vías para proyectos forestales y la calidad cuestionable del agua que llega a Acuapaltres.

A esto se sumó la notable disminución del volumen de agua en las quebradas, la elevada turbidez causada por la desertificación durante el proceso de siembra y cosecha, el uso de caballos en la recolección de los troncos en áreas cercanas a los cauces que contaminaban el agua con sus heces y la poca -o nula- intervención de la CVC, para hacer cumplir las normas y aplicar las debidas sanciones cuando fue requerido. 

La Unidad Ejecutora de Saneamiento de Valle del Cauca ha señalado en varias ocasiones que el agua no es apta para consumo, lo que contribuyó a la no renovación de la concesión.

Al no lograr ninguna conciliación, se interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca en contra de la CVC, la Alcaldía de Restrepo, el Ministerio del Medio Ambiente y SKC. En el documento, se expuso que las entidades habían violado derechos fundamentales como el goce de un ambiente sano, existencia de un equilibrio ecológico, seguridad y salubridad públicas, así como al acceso a agua potable, salud y vida. 

La Alcaldía, dice el representante de Acuapaltres, no envió delegados ni tomó postura. “La Administración no mandó a nadie a las audiencias, a ninguna de las dos audiencias. Fue neutral, ni pa un lado ni pal otro. No nos apoyó aunque debía apoyar a la comunidad y no lo hizo porque Cartón (la empresa), le da cierta cantidad de cemento cada año. Se dejan comprar por una multinacional. Nosotros acá no les recibimos ni almanaques”, relató Jesús Ortega. 

Además, las y los defensores del agua en la zona, se han encontrado con comunidades de municipios aledaños que también cuentan con acueductos comunitarios y que muestran apoyo a la multinacional, pues esta genera alrededor de 5.000 empleos en el país, aunque tuvo un conflicto laboral con Sintracol que comprometía el cierre de la sede Sacos de Yumbo y múltiples despidos en 2020, sumado a que, con los avances tecnológicos, las operaciones de la empresa están siendo asumidas por máquinas, desplazando a la mano de obra. “Ellos siempre han dicho, no, es que tenemos una maravilla de personal en el municipio. Nos decían que tenían como 300 trabajadores pero iba uno a mirar y no era así, estaban constantemente cambiando al personal porque la gente de Restrepo no es muy dada a ser leñadores o aserradores, sino que era gente del café”, menciona Carlos, llevando a reflexionar sobre cómo las empresas extractivas, no solo destruyen la naturaleza sino también la vocación agrícola de las comunidades rurales. Eso sin dejar de lado que, los empleos ofrecidos a la población del municpio son de nivel inferior e indirectos, es decir, tercerizados.

Con respecto a inversión social, la empresa en ocasiones ha brindado insumos para proyectos comunitarios y en la sede de la vereda Buenvivir se han hecho presente entregándoles a los niños y niñas kits escolares, pero desde hace más de dos años no volvieron a aparecer allá, afirman en el plantel. Además, a comparación de las escuelas y puestos de salud que han construido en otras zonas del país donde tienen cultivos, Carlos considera que lo aportado por SKC al municipio es poco. Por su parte, esta asegura que, sin excepción alguna, “realiza importantes inversiones en todas las regiones donde ejecuta el proyecto de reforestación comercial, lo que involucra al área vecina a las plantaciones forestales en jurisdicción del municipio de Restrepo.”

Los riesgos de la lucha ambiental

“Si el río suena es porque piedras lleva”, dice Gustavo cuando se le pregunta si ha enfrentado intimidaciones o amenazas por su labor en defensa del agua. Si bien, no ha sido víctima de hostigamientos, sí ha escuchado rumores de que la multinacional ha ejercido violencia contra líderes ambientales en otras zonas. 

Tales rumores han llegado a medios internacionales como Mongabay, que en su investigación “Colombia: la lucha de los misak contra una papelera multinacional para recuperar su territorio ancestral”, registró que en 2017, comunidades indígenas Misak, Nasa y Pijao del occidente de Colombia decidieron fortalecer la «recuperación de la memoria colectiva, territorial y ancestral». 

En 2020, comenzaron acciones para tomar tierras como parte de este mandato. La iniciativa, llamada «Recuperar la tierra para recuperarlo todo», se centra en el municipio de Cajibío, donde se encuentra la mayor plantación de SKC con 3,100 hectáreas. En julio de 2021, agricultores locales e indígenas ocuparon las plantaciones, talaron 1,000 hectáreas de pinos y eucaliptos rosados, y las reemplazaron con cultivos de alimentos, estableciendo un campamento en el límite de las plantaciones. 

En comunicado de prensa, SKC expresó su preocupación por la que definió como invasión a sus predios, y advirtió los “impactos negativos para un gran colectivo” y el riesgo para 180 empleos en Cajibío.

En medio de esta situación, las y los habitantes de Cajibío afirmaron ser atacados por trabajadores de SKC y que uno fue ilegalmente arrestado por las Fuerzas Armadas cuando conducía a su casa.

El primer fallecimiento derivado de este conflicto tuvo lugar en agosto de 2021, cuando Huber Samir Camayo, un joven comunero, resultó herido por un disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento con la Policía mientras intentaban desalojar a su grupo de una ocupación en la vereda La Laguna en Cajibío. Otro hecho tuvo como víctima a Juvencio Cerquera, quien perdió la vida el 09 de noviembre de 2022, aparentemente por un disparo efectuado por un trabajador de la multinacional, en el municipio de Sotará.

Lo histórico

Pese a la falta de apoyo institucional la comunidad logró un hecho histórico, la justicia le dio la razón y le exigió a las partes demandadas la reparación de los daños ocasionados y una indemnización, además de las sanciones pertinentes a través de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca emitida el 29 de enero del 2019.

A SKC se le prohibió sembrar plántulas para aprovechamiento forestal en determinadas zonas tras la cosecha forestal. Además, debe cubrir taludes y cunetas sin cobertura boscosa para prevenir vertimientos de sedimentos e informar sobre estas acciones cada dos meses. También se le ordenó seguir los protocolos del FSC en el uso de pesticidas, aplicándolos lejos de fuentes de agua y disponiendo adecuadamente los envases. En este último punto, la empresa asegura que ya no utiliza productos que contengan como ingrediente activo el Clorpirifos (Losrban, Clorpiricol) para el control de hormiga cortadora de hojas; pero que sí usa otro tipo de sustancias, que cuentan con el registro de viabilidad emitido por la autoridad nacional competente ICA.

A la CVC se le exigió, entre otras cosas, la reforestación de áreas protegidas tras la cosecha de SKC, mientras que a la Alcaldía de Restrepo se le ordenó identificar vías públicas sin protección boscosa y sembrar bosque natural en seis meses, así como también verificar la existencia de pozos sépticos en predios rurales y cancelar licencias de subdivisión rural en contravía al Plan de Ordenamiento Territorial en el mismo período.

Después de que SKC cumplió con lo ordenado por la autoridad judicial, la comunidad comenzó a notar una mejora en el suministro de agua. Sin embargo, persisten los problemas de desabastecimiento y, en este contexto, la multinacional apeló la decisión del Tribunal, que hoy está en manos del Consejo de Estado y que lleva más de tres años sin dar la resolución en segunda instancia, que espera la comunidad, sea a favor de la preservación del agua. 

Al menos en el artículo 3 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026: “Colombia, potencia mundial de la vida”, se ve una esperanza a favor del recurso hídrico, pues se plantea el ordenamiento del territorio alrededor del agua, priorizando la protección de los factores ambientales y áreas de especial interés para asegurar el derecho a la alimentación. Propone además procesos participativos de planificación territorial, donde las voces de las comunidades sean escuchadas e integradas. También busca la diversificación productiva mediante el aprovechamiento del capital natural, fomentando energías limpias e innovación, y priorizando el respeto a los derechos humanos y la resiliencia climática.

“Hay que esperar a ver que hacen porque una cosa es decir lo que toca hacer pero otra que no lo hagan”, menciona Ortega sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que constantemente ha mostrado su compromiso con el ambiente. “Seremos un gobierno de la vida que quiere construir a Colombia como una potencia mundial de la vida. Esto consiste en la paz. Segundo, en la justicia social y; tercero, en la justicia ambiental”, afirmó el mandatario en su discurso del 19 de junio luego de conocer los resultados de la segunda vuelta electoral.

En medio de todo, el anhelo de la comunidad sigue intacto. Sueñan con acceder plenamente a su derecho al agua, un agua limpia, un agua saludable, un agua que dignifique su cotidianidad. “Qué dicha que hubiera una solución, que hubiera agua permanente, que uno abriera la ducha y haya agua”, dice Idalia Tola Astaiza, haciendo hincapié en lo esencial de preservar el recurso hídrico porque “El agua en 2050 yo creo que ya va a ser una gota por persona. El agua se va volver artículo de lujo”, concluye.