Tras el presunto delito, la familia presentó la denuncia en el casco urbano del municipio, pero las autoridades no habrían atendido el caso con la debida diligencia.
El pasado 23 de abril se viralizó en redes sociales un video que registra un presunto caso de violencia sexual contra una menor de 13 años en la vereda Medellín del Ariari, municipio de El Castillo, Meta. El presunto abusador sería un hombre de la tercera edad, conocido en la comunidad como Nicanor.
El video fue grabado por una mujer que, tras observar que el hombre hacía señas a la menor para que lo siguiera, decidió acompañarlos a distancia. Sospechando de una posible situación irregular, activó la cámara de su celular y confrontó directamente al presunto agresor.
Al parecer, Nicanor habría ofrecido dinero a la menor a cambio de servicios sexuales. Este hecho desató una polémica en redes sociales: mientras algunos intentaron responsabilizar a la niña por haber aceptado el ofrecimiento, otros recordaron que las personas menores de edad son especialmente vulnerables, más aún en contextos de pobreza y exclusión.
Frente a esta discusión, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF ha sido enfático: niños, niñas y adolescentes son susceptibles de manipulación económica, chantaje afectivo, intimidación, amenazas, seducción y engaño. “Afirmar que ellos eligieron ser explotados es ignorar las numerosas formas de violencia y opresión que se ejercen contra ellos. El único responsable de la explotación sexual comercial de niñas y niños es el explotador; por eso, el eventual consentimiento de las víctimas está totalmente viciado y carece de validez”, señala la entidad. Además, aclara que ninguna persona menor de 18 años puede consentir su propia explotación sexual, ni tampoco renunciar a sus derechos.
Lo que más preocupa a la comunidad de la vereda Medellín del Ariari no es solo el presunto caso de violencia sexual, sino también la ausencia del Estado para atender este tipo de situaciones. Aunque la vereda está ubicada a apenas 10 minutos en carro o moto del casco urbano de El Castillo, muchas personas no disponen de vehículo propio y el sector carece de transporte público, dificultando gravemente el acceso a las instituciones.
En este caso, la familia de la presunta víctima se trasladó hasta el casco urbano para iniciar el proceso legal, pero aun así, señalan que no recibieron una respuesta diligente de las autoridades.
Zulma Narváez, lideresa de la vereda, comentó a El Cuarto Mosquetero que “el señor lo vemos por ahí, tranquilo, calle arriba, calle abajo, muy normal, y no se ha hecho justicia.” Según ella, este no sería un hecho aislado. En la vereda se han presentado otros casos similares que, al igual que este, han quedado archivados e impunes, lo que genera desconfianza y desalienta a las víctimas y a sus familias a denunciar.
“Ya son varias veces que ha pasado. Lo que él hace es callar a la gente ofreciendo plata, y muchos se quedan en silencio por miedo a represalias”, afirma la lideresa. El señalado, dice ella, suele identificar a niñas de escasos recursos para luego llevarlas a un lote baldío -el mismo que se ve en el video- donde cometería los abusos.
Ante la gravedad de la situación, la lideresa hace un llamado urgente a las instituciones competentes para actuar con celeridad, proteger a las niñas de la vereda y garantizar el acceso a la justicia. “Ojalá se acordaran que Medellín del Ariari también hace parte del Meta (…) Ya con la evidencia del video es suficiente prueba como para que el señor esté bajo la justicia”, concluye.
