AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
El desfinanciamiento se ha convertido en una nueva estrategia para silenciar voces y borrar derechos en Colombia y América Latina. Las organizaciones sociales que trabajan por los derechos humanos con enfoque de género, y que visibilizan los impactos del avance de la derecha en la política electoral, atraviesan una crisis y alertan sobre las implicaciones de los recortes en los fondos globales, especialmente en un año decisivo para las elecciones del próximo 2026.
“Las políticas de género, se derechizaron y volvieron para atrás otra vez”. Gloria Laverde organizadora del grupo Mujeres Constructoras de Paz-GEMPAZ en Colombia.
Gloria Laverde, mujer de fe, ecuménica, crítica de las prácticas fundamentalistas y organizadora del grupo Mujeres Constructoras de Paz – GEMPAZ en Colombia, refleja la preocupación que tienen algunas organizaciones sociales ante los retrocesos provocados por los efectos de los discursos antiderechos en el continente. Recuerda los hitos en avances de derechos sexuales y reproductivos, los cuales, como efecto de la dinámica electoral y la avanzada de sectores conservadores en el terreno político y social, se encuentran en amenaza: “las políticas de género se derechizaron y volvieron para atrás. Por ejemplo, la cooperación internacional está flaqueando precisamente por eso; ya la financiación a organizaciones que trabajan en estos temas de género empieza a escasear”, precisa la activista, quien asocia lo anterior a una intención de silenciamiento y control sobre todo lo relacionado con las mujeres y las diversidades sexuales y de género, lo cual está afectando a los movimientos sociales, sin que aún se conozcan los verdaderos impactos.
Su preocupación no es aislada: varias organizaciones sociales vienen analizando cómo el desfinanciamiento ha propiciado escenarios de incertidumbre, desestabilización y una urgente reorganización de protección y diversificación de ingresos. Investigaciones como ¿Dónde está el dinero para las organizaciones feministas?, realizada por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo – AWID en 2024, dimensionan la desigualdad en la redistribución de recursos. En esta, se expone que tan solo el 1 % del financiamiento filantrópico y de desarrollo ha sido destinado realmente a dotar de recursos al cambio social encabezado por los feminismos, y asocia las causas a un rápido crecimiento de políticas autoritarias, militaristas y a la criminalización de organizaciones sociales, entre otros factores, los cuales han llegado también a través de gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos.
Francy Moncada, docente en género, sociedades y políticas, y activista feminista, coincide con Gloria en que las medidas restrictivas por parte de Estados Unidos han representado un “retroceso económico, político y social”, ya que, según su análisis, estos impactos han intensificado la estigmatización y han privilegiado los discursos de odio en el marco del actual escenario geopolítico.
“Este es un momento de quiebre, ¿Por qué?, Porque se están posicionando discursos antiderechos y antifeministasen diversos espacios digitales como las redes sociales y los medios de comunicación”, señala. Además, agrega que esto tiene una intención de deslegitimar a las organizaciones sociales.
Su preocupación no es aislada: varias organizaciones sociales vienen analizando cómo el desfinanciamiento ha propiciado escenarios de incertidumbre, desestabilización y una urgente reorganización de protección y diversificación de ingresos. Investigaciones como ¿Dónde está el dinero para las organizaciones feministas?, realizada por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo – AWID en 2024, dimensionan la desigualdad en la redistribución de recursos. En esta, se expone que tan solo el 1 % del financiamiento filantrópico y de desarrollo ha sido destinado realmente a dotar de recursos al cambio social encabezado por los feminismos, y asocia las causas a un rápido crecimiento de políticas autoritarias, militaristas y a la criminalización de organizaciones sociales, entre otros factores, los cuales han llegado también a través de gobiernos como el de Donald Trump en Estados Unidos.
Francy Moncada, docente en género, sociedades y políticas, y activista feminista, coincide con Gloria en que las medidas restrictivas por parte de Estados Unidos han representado un “retroceso económico, político y social”, ya que, según su análisis, estos impactos han intensificado la estigmatización y han privilegiado los discursos de odio en el marco del actual escenario geopolítico.
“Este es un momento de quiebre, ¿Por qué?, Porque se están posicionando discursos antiderechos y antifeministasen diversos espacios digitales como las redes sociales y los medios de comunicación”, señala. Además, agrega que esto tiene una intención de deslegitimar a las organizaciones sociales.
“Optimizar nuestros recursos para seguir vivos”, Catalina Ruíz, directora de Volcánicas.
Los impactos señalados por Francy se reflejan en medidas como la reevaluación y realineación de la ayuda internacional anunciada por Donald Trump en enero de 2025, que ahora finalizando el año, sigue teniendo efectos en los procesos sociales. Mediante una orden ejecutiva, Estados Unidos congeló los fondos dirigidos a organizaciones que promovían la defensa de derechos y libertades, lo que derivó en un mayor silenciamiento en los espacios digitales y en el fortalecimiento de la prensa tradicional a nivel global. De acuerdo con lo documentado por Reporteros Sin Fronteras, con el nuevo mandato en Estados Unidos “se ha intensificado su ofensiva contra la libertad de prensa, adoptando medidas que amenazan la transparencia gubernamental y la independencia de los medios”.
Este año, Catalina Ruíz, directora de Volcánicas, -medio que hace periodismo feminista en Latinoamérica-, manifestó mediante un video la necesidad de “optimizar nuestros recursos para seguir vivas” tras anunciar el cierre de una de sus secciones. También agregó que los cambios, restricciones y algoritmos en las redes son más adversos cada vez para ellas, esto, derivado de los recortes de empresas como Meta y X en moderación de contenidos y programas de diversidad.
Este año, Catalina Ruíz, directora de Volcánicas, -medio que hace periodismo feminista en Latinoamérica-, manifestó mediante un video la necesidad de “optimizar nuestros recursos para seguir vivas” tras anunciar el cierre de una de sus secciones. También agregó que los cambios, restricciones y algoritmos en las redes son más adversos cada vez para ellas, esto, derivado de los recortes de empresas como Meta y X en moderación de contenidos y programas de diversidad.
«A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino«. Donald Trump en su primer discurso como presidente.
Los mensajes que Donald Trump ha proliferado en varios discursos desde su campaña presidencial, se han basado en la xenofobia, el racismo y la homofobia, como si se tratara de una narrativa global por impartir un orden de los “valores tradicionales”.
En su campaña presidencial de 2024, Trump propuso imponer restricciones a la anticoncepción y, durante su presidencia, emitió un decreto que negó el reconocimiento de identidades no binarias para las personas trans. «A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino«, dejando excluidas a las diversidades sexuales y de género. Personas que, en países como Colombia, representan el 1,3% según el DANE y hasta mayo del 2025 han sido víctimas de 43 crímenes de odio, de acuerdo con lo registrado por el Observatorio de Caribe Afirmativo.
El debilitamiento de las organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos es evidente. Sin recursos filantrópicos sostenibles, resulta casi imposible contrarrestar las narrativas que, históricamente, han vulnerado a los grupos sociales que no tienen control sobre los poderes económicos y políticos en sus territorios. Lo anterior, sumado con la volatilidad y el populismo característico de la época preelectoral — en la que se encuentra Colombia—puede desencadenar un retroceso incalculable en la lucha contra las desigualdades en la región.
En su campaña presidencial de 2024, Trump propuso imponer restricciones a la anticoncepción y, durante su presidencia, emitió un decreto que negó el reconocimiento de identidades no binarias para las personas trans. «A partir de hoy, la política gubernamental de Estados Unidos es que hay solo dos géneros: masculino y femenino«, dejando excluidas a las diversidades sexuales y de género. Personas que, en países como Colombia, representan el 1,3% según el DANE y hasta mayo del 2025 han sido víctimas de 43 crímenes de odio, de acuerdo con lo registrado por el Observatorio de Caribe Afirmativo.
El debilitamiento de las organizaciones defensoras de la democracia y los derechos humanos es evidente. Sin recursos filantrópicos sostenibles, resulta casi imposible contrarrestar las narrativas que, históricamente, han vulnerado a los grupos sociales que no tienen control sobre los poderes económicos y políticos en sus territorios. Lo anterior, sumado con la volatilidad y el populismo característico de la época preelectoral — en la que se encuentra Colombia—puede desencadenar un retroceso incalculable en la lucha contra las desigualdades en la región.
El refuerzo a los discursos de odio por el control del cuerpo
“La ideología de género, va en contra de la iglesia” Maria Fernanda Cabal, cofundadora del partido Centro Democrático y senadora colombiana.
Para Laia Beltrán, integrante de la Colectiva Malokas, una organización de Barcelona que desde el año 2005 genera acciones solidarias con movimientos sociales en Colombia, una de las grandes amenazas de los discursos de odio son los efectos en la limitación de actividades cotidianas de las organizaciones defensoras de derechos, ya que, “uno de los objetivos que se plantea desde la violencia sociopolítica es el tema de imponer verdades, y entonces eso también va permeando tu entorno y la gente con la que se trabaja”, menciona la defensora, agregando que lo anterior resulta ser una práctica frecuente de narrativas para las campañas electorales, que en este año en el país, también se están replicando.
La Red de Apoyo y Protección frente a los Fundamentalismos en Colombia, define este fenómeno como “la manifestación de personas e instituciones que buscan imponer sistemas de creencias basados en una interpretación estricta y absoluta de sus valores, principios o doctrinas”. Este acto comúnmente se asocia con contextos religiosos, pero puede expresarse también en ámbitos políticos, culturales y sociales. Entre sus características se encuentran la rigidez ideológica, imposición violenta, deslegitimación de la diversidad, regresión de derechos y manipulación de creencias.
Análisis de narrativas como el realizado por BBC News Mundo sobre: Cómo Milei y Bukele se han convertido en modelos para el nuevo gobierno de Trump indican que estos actores políticos no solo inciden entre sus mismos sectores ideológicos, sino que también sirven de referencia en otras campañas electorales actuales. En estos escenarios, las y los candidatos se presentan como la encarnación de una blanquitud que perpetúa la exclusión de personas racializadas, migrantes y de quienes no responden al modelo binario y heterosexual dominante que se reproduce casi sin control.
Este a,b,c de la utilización de discursos de odio a nivel mundial se refleja en Colombia, con mensajes de senadoras —y candidatas a la Presidencia— como María Fernanda Cabal, que en recurrentes ocasiones ha manifestado su oposición a todo lo que vaya en contra de “la moral y buenas costumbres” establecidas por los sectores que ella representa.
Declaraciones como: «La ideología de género va en contra de la iglesia» y “no les importa desmembrar a un bebé, les da más pesar un toro de 1600 kilos», refiriéndose al derecho al acceso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo-IVE, son muestra de que en este año preelectoral, puede primar la táctica Bukele, Milei y Trump, donde el enemigo son los derechos de las diversidades sexuales y de género, los feminismos y todos los movimientos sociales que luchan por la garantía de los derechos humanos.
Para Dalma Zabala, integrante de la Veeduría Mujeres Libres de Violencias en el departamento del Meta, la ganancia histórica de sentencias como la C-055 de 2022 —que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, un hito regional— no ha pasado del papel a su implementación integral, puesto que “aún persisten demasiadas barreras para que una persona acceda a una IVE”, y esto se profundiza, según la activista, por una carencia de acceso a atención digna, y por señalamientos sociales que hay a causa de una cultura tradicional que va en contravía de los derechos de las mujeres: “los sectores antiderechos han instrumentalizado el derecho al aborto a su favor, construyendo discursos falsos bajo una mirada moralista; además, son los que también se oponen a implementar una educación sexual integral”, señala la veedora.
De forma paralela, Gloria reflexiona sobre el panorama sociopolítico. Si bien reconoce que el momento actual forma parte de un ciclo de reorganización política, insiste en la urgencia de una articulación entre los diferentes movimientos sociales. Para ella, la clave es “hacer un trabajo más colectivo, colectivizar las luchas, para que esto no se acabe”. Así mismo, precisa que, “las que vienen detrás van a vivir una situación muy difícil si nosotras nos dormimos o esperamos que simplemente actúen. Creo que acá el movimiento debe nacer desde las comunidades de base”.
Las organizaciones sociales de mujeres feministas, de diversidades sexuales y de género son conscientes de la urgencia que resalta Gloria; por ello, han venido luchando de manera histórica contra estas manifestaciones discursivas regresivas. Iniciativas como #NoHayNadaQueCurar o las luchas por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como un derecho en salud pública son un ejemplo de la resistencia frente al retroceso, del potencial del trabajo colectivo y de la voz de la diferencia que no ve el silencio como opción aun cuando la política electoral intensifica su narrativa regresiva.
Ante un panorama que insiste en borrar los derechos alcanzados, resulta crucial analizar e identificar los sectores interesados en promover los fundamentalismos. El segundo capítulo de este análisis investigativo presenta cerca de veinte años de iniciativas y actores del ámbito político y religioso antiderechos en Colombia que evidencian la magnitud de un escenario sociopolítico decisivo.
Análisis de narrativas como el realizado por BBC News Mundo sobre: Cómo Milei y Bukele se han convertido en modelos para el nuevo gobierno de Trump indican que estos actores políticos no solo inciden entre sus mismos sectores ideológicos, sino que también sirven de referencia en otras campañas electorales actuales. En estos escenarios, las y los candidatos se presentan como la encarnación de una blanquitud que perpetúa la exclusión de personas racializadas, migrantes y de quienes no responden al modelo binario y heterosexual dominante que se reproduce casi sin control.
Este a,b,c de la utilización de discursos de odio a nivel mundial se refleja en Colombia, con mensajes de senadoras —y candidatas a la Presidencia— como María Fernanda Cabal, que en recurrentes ocasiones ha manifestado su oposición a todo lo que vaya en contra de “la moral y buenas costumbres” establecidas por los sectores que ella representa.
Declaraciones como: «La ideología de género va en contra de la iglesia» y “no les importa desmembrar a un bebé, les da más pesar un toro de 1600 kilos», refiriéndose al derecho al acceso de la Interrupción Voluntaria del Embarazo-IVE, son muestra de que en este año preelectoral, puede primar la táctica Bukele, Milei y Trump, donde el enemigo son los derechos de las diversidades sexuales y de género, los feminismos y todos los movimientos sociales que luchan por la garantía de los derechos humanos.
Para Dalma Zabala, integrante de la Veeduría Mujeres Libres de Violencias en el departamento del Meta, la ganancia histórica de sentencias como la C-055 de 2022 —que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, un hito regional— no ha pasado del papel a su implementación integral, puesto que “aún persisten demasiadas barreras para que una persona acceda a una IVE”, y esto se profundiza, según la activista, por una carencia de acceso a atención digna, y por señalamientos sociales que hay a causa de una cultura tradicional que va en contravía de los derechos de las mujeres: “los sectores antiderechos han instrumentalizado el derecho al aborto a su favor, construyendo discursos falsos bajo una mirada moralista; además, son los que también se oponen a implementar una educación sexual integral”, señala la veedora.
De forma paralela, Gloria reflexiona sobre el panorama sociopolítico. Si bien reconoce que el momento actual forma parte de un ciclo de reorganización política, insiste en la urgencia de una articulación entre los diferentes movimientos sociales. Para ella, la clave es “hacer un trabajo más colectivo, colectivizar las luchas, para que esto no se acabe”. Así mismo, precisa que, “las que vienen detrás van a vivir una situación muy difícil si nosotras nos dormimos o esperamos que simplemente actúen. Creo que acá el movimiento debe nacer desde las comunidades de base”.
Las organizaciones sociales de mujeres feministas, de diversidades sexuales y de género son conscientes de la urgencia que resalta Gloria; por ello, han venido luchando de manera histórica contra estas manifestaciones discursivas regresivas. Iniciativas como #NoHayNadaQueCurar o las luchas por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) como un derecho en salud pública son un ejemplo de la resistencia frente al retroceso, del potencial del trabajo colectivo y de la voz de la diferencia que no ve el silencio como opción aun cuando la política electoral intensifica su narrativa regresiva.
Ante un panorama que insiste en borrar los derechos alcanzados, resulta crucial analizar e identificar los sectores interesados en promover los fundamentalismos. El segundo capítulo de este análisis investigativo presenta cerca de veinte años de iniciativas y actores del ámbito político y religioso antiderechos en Colombia que evidencian la magnitud de un escenario sociopolítico decisivo.