A un siglo de la lucha obrera en Colombia

Los cambios políticos, económicos y migratorios que acontecieron en Europa entre los siglos XVII y XVIII no solo allanaron el camino para el establecimiento de nuevos derechos en el marco del trabajo, la niñez y el acceso a servicios fundamentales como la salud, sino que, además, establecieron una nueva clase social, una que había estado sumergida en el anonimato y que la industrialización con su frenético ascenso la visibilizó, la clase obrera. Desde allí, los movimientos sociales amparados por documentos como la declaración de los Derechos Humanos en Francia, generaron estallidos promovidos por aquella clase social que poco a poco se abría y se consolidaba.

En Colombia, se puede decir que el germen de los movimientos obreros fue la debacle económica en el país producto de la guerra de los mil días, que terminó indiscutiblemente con la separación de Panamá y con ello, los ingentes reclamos de la ciudadanía a los gobiernos de turno. Pero no se puede dejar por fuera a la lucha de los artesanos en el siglo XIX, que se desarrolló de manera casi aislada en buena parte del siglo, pero que fue un campanazo que advertía que la lucha obrera estaba emergiendo en el país.

Tampoco los esfuerzos de los movimientos sociales como el levantamiento contra ‘los ricos’ en Barrancabermeja en 1879, que buscaba tratos dignos y acceso en igualdad de condiciones a servicios comunitarios. O los gritos de “viva la comuna”, que gritaron los artesanos de Bogotá en 1893, ante las acusaciones por parte de la iglesia y de algunos sectores de la población, en los que los señalaron de inmorales. También, en la organización de trabajadores, como en Manizales, que buscaba socorrer a los trabajadores caídos en desgracia.

A todo esto, se le suman los innumerables levantamientos populares en contra del Gobierno por la separación de Panamá, el acuerdo tripartito por la pérdida de esta última y el boicot de la sociedad bogotana, que se negó por seis meses a usar el tranvía que era administrado por una empresa estadounidense. La huelga de Los Braceros en Barranquilla, en 1910, logrando que se aumentaran los salarios, pero quedando en deuda el debate en torno a la jornada laboral. Y desde luego, los primeros intentos organizativos de la clase obrera, como los llevados a cabo por Unión Obrera Local de Honda, Tolima y el manifesto para la creación del partido obrero, hechos acontecidos en 1925.

Pero regresando el tiempo unos cinco años, específicamente para 1920, y gracias a todos los movimientos, levantamientos, protestas e intentos de organización obrera, las condiciones estaban dadas para escribir un nuevo capítulo en la historia de Colombia. Fue así como Betsabé Espinoza, lideró la huelga general de los empleados de la fábrica de tejidos en Bello, Antioquia. Por primera vez en el país los medios de comunicación, el pueblo y el mismo gobierno, hablaron y empezaron a acuñar la frase: “la clase obrera”.

Este proceso tuvo como protagonista la Primera Guerra Mundial, ya que con el fin de las hostilidades cientos de miles de migrantes con perfiles políticos, sociales y sindicales se movieron por todo el mundo en busca de nuevas y mejores oportunidades. Colombia, no solo recibió a innumerables personas venidas del viejo continente, también adoptó ideas y lenguajes propios de los movimientos obreros europeos. De esta manera, los años venideros fueron de organización en todo el país, la aparición de sindicatos no tuvo marcha atrás y Colombia dio un paso enorme en condiciones laborales y en la generación de políticas públicas para este sector.

 

Imagen de Renovación Sindical.

 

99 años luchando por los derechos de las y los trabajadores

Al movimiento sindical en Colombia se le deben logros poco reconocidos y que han beneficiado a millones de personas. Entre ellos se cuentan la creación del SENA, el ICBF, las cajas de compensación familiar, el Instituto de Seguros Sociales, el establecimiento del salario mínimo, las vacaciones remuneradas, pago de horas extras y dominicales, acceso a servicios de salud, pensiones y la instauración del estatuto docente del Magisterio, entre otras. Aquellos cambios empezaron a gestarse desde la aparición de organizaciones sindicales como la USO en 1923 y de la celebración de los primeros congresos de estas organizaciones, como el celebrado en Bogotá en 1924.

Desde ese momento la expansión se fue acelerando, alcanzando diversos sectores productivos del país, como el petrolero, textil, ferroviario, telecomunicaciones, agropecuario, transporte por carretera, minero y de la industria textil, esta última con mayor presencia en el departamento de Antioquia. Ante su progresión, las voces de rechazo de los sectores productivos y de hasta multinacionales se multiplicaron, desatando violentas represiones por el aparato estatal, alcanzando su punto máximo con la masacre de las bananeras en 1928.

Ya para la década de los años 30 el Gobierno Nacional, y con los antecedentes de violencia, empezó a regular la práctica del sindicalismo, definió algunos límites, aceptó responsabilidades y ordenó que las empresas cumplieran la reglamentación gracias a la emisión de leyes; como la Ley 83 y la 129, expedida durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, que legalizaba la existencia de sindicatos y daba otras disposiciones. Para ese momento, Colombia pasó de tener no más de 30 organizaciones sindicales a más de 114.

Entre los años 1934 a 1936, y con las constantes huelgas que se extendieron por el país, el Gobierno Nacional dio importantes concesiones para los sindicatos, que protestaban por las medidas ilegales promovidas por empresas como la Tropical Oil Company en Barrancabermeja y las establecidas en el departamento del Magdalena, dedicadas a la explotación de plátano y banano. Entre las medidas adoptadas estuvieron licencias para que los campesinos lograran acceder a la tierra y se le reconocieran títulos de legalidad sobre los lotes baldíos, pero cultivados.

Años después se concretaría la creación del Ministerio del Trabajo, durante el gobierno del liberal Eduardo Santos. Lo que ayudó a apalancar muchos procesos de transformación de las condiciones laborales en el país, y dotó de herramientas jurídicas a los sindicatos para poder presentar y pelear los pliegos de peticiones a los patrones, cerrando parcialmente la oportunidad de la violencia estatal contra el movimiento obrero. Para el año 1947 la actividad obrera de Colombia contaba con más de mil seiscientos sindicatos, lo que era un logro trascendental, considerando los pocos años de reconocimiento de la actividad por parte del gobierno.

La transformación de la actividad sindical, pasando de la tradicional, que era muy dependiente de movimientos políticos de corte marxista, al de hoy, que se caracteriza por la modernidad de sus procesos, por la amplia participación de diversos sectores sociales y de diversas corrientes políticas, empezó a gestarse desde los últimos años del Frente Nacional. La aparición de la CGT es uno de los aspectos más destacados. Durante la crisis fiscal que afrontó el conservador Belisario Betancur, surgió la CUT, organización que se mantiene activa hasta el día de hoy.

En la actualidad, el sindicalismo goza de amplio respaldo legal para ejercer sus funciones y, como lo acotábamos anteriormente, sus logros han sido trascendentales para el bienestar de las y los colombianos. En la Constitución Política de 1991, el trabajo ocupa un lugar importante, reconociéndolo como una obligación social y que debe de gozar de condiciones dignas y justas.  La carta magna recoge casi un siglo de luchas obreras y manifestaciones legitimas en torno a la protección de los Derechos Humanos.

A pesar de lo anterior, y con consecuencia del conflicto armado que se vive en Colombia, la situación de la actividad sindical es crítica en términos de seguridad y bienestar para sus lideres y activistas. Por ejemplo, y solamente en el año 2004, fueron asesinados 42 trabajadores sindicalizados, los cuales, y en la mayoría de los casos, las causas siguen sin resolverse. En el caso del sector docente, y según cifras de Fecode, para este mismo año, 68 profesores y profesoras fueron asesinados, siendo Antioquia y el departamento que concentra más del 15% de los casos, seguido Norte de Santander, Arauca, Cesar y Valle de Cauca. La gran mayoría, eran docentes sindicalizados.

De otra parte, y de acuerdo a cifras de la Escuela Nacional Sindical, 3.300 sindicalistas han sido asesinados entre los años 1973 y 2019. Preocupa que, tras la firma del Acuerdo de Paz, no solo los líderes y lideresas sociales de diversas áreas sean las principales víctimas de la violencia desmedida, sino que, en muchos casos, los objetivos sean personas dedicadas a la lucha obrera. Según cálculos de la misma Escuela, tras la firma, un 20% de los muertos corresponde a sindicalistas.

De otra parte, con la expansión neoliberal que cabalgó en buena parte de los años 80s y toda la década de los 90s, y con la firma de los innumerables TLC que Colombia ha firmado, sumado a la violencia contra la población civil y la represión del Estado; la actividad sindical en el país ha retrocedido a pasos agigantados. De acuerdo a datos de la OIT, mientras en Argentina el 35% del total de los trabajadores se encuentran sindicalizados, en Colombia la cifra no supera el 4%, la más baja de América Latina. De otra parte, el 80% de los sindicatos del país cuenta con menos de 100 afiliados y el porcentaje restante tiene un poco más de 25, que es la cifra mínima para poder constituir una agrupación de este tipo.

Otro de los aspectos que detona el retroceso sindical, es que en el país la informalidad supera el 50%, una de las más altas en el mundo. Lo anterior, significa, entre otras cosas, que más de la mitad de la población en edad productiva no cuenta con un contrato laboral ni con garantías pensionales y de seguridad social. Hoy, 10 de febrero de 2022, al celebrarse los 99 años de actividades de la Unión Sindical Obrera, se reconocen los importantes logros en materia de derechos en el marco de la lucha obrera en el país, pero también queda de manifiesto las urgentes acciones que requiere Colombia para reducir la informalidad, la precarización de los contratos y la garantía efectiva de los Derechos Humanos a sindicalistas y sus familias.

Solo los administradores pueden añadir usuarios.