Por: Lina Cubillos y Alejandra Mayorga.
Ilustración: Cattleya Creativa.
Sin capacidad para recepcionar los casos, infraestructura, recurso económico, condiciones laborales dignas y respaldo de las administraciones municipales, se encuentran las Comisarías de Familia en el Meta.
Oficinas sin puertas, carencia de un baño propio, fallas en los computadores e implementos tecnológicos, sin recursos económicos para insumos como agua potable y papel, y en su momento falta de contratación de personal. “¿Queremos un tinto? Nosotros suplimos esos gastos ¿Queremos ver la oficina limpia?, nos toca coger el trapero y dejar todo limpio para el siguiente turno”, es lo que se ha vivido en las oficinas de la Comisaría Cuarta de Villavicencio, según lo manifestado por una persona que acudió a El Cuarto Mosquetero de forma anónima a denunciar estas y otras situaciones que se han presentado en esta dependencia, que si bien, hace pocos meses tuvo un traslado al barrio Barza, aún persisten falencias que impactan negativamente el servicio, lo cual, sería una constante para el resto de estas sedes en el departamento del Meta.
Villavicencio debería contar con cinco Comisarías de Familia, según lo establecido en el artículo 06 de la Ley 2126 de 2021, donde estipula que por cada 100.000 habitantes debe haber una oficina funcionando. Según la proyección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- indica que para 2024, la ciudad tendría alrededor de 585,858 habitantes, lo cual implica que en este momento la demanda de denuncias sobre Violencias Basadas en Género-VBG, supera la capacidad de atención que podrían proporcionar el personal de la ruta, generando barreras y revictimización en la atención a estos casos.
Para Francy Mocada, docente universitaria y especialista en temas de género, que la demanda supere la capacidad institucional para recepcionar la denuncia, genera consecuencias significativas en la normalización de la violencia y la vulneración de derechos y acceso a la justicia para algunos grupos poblacionales que más frecuentan estas dependencias, puesto que, “si pensamos el contexto en el que estamos normalmente en la mayoría de los casos, las personas que más van a buscar ayuda, orientación, información, protección, espacios de diálogo y concertación, son las personas que están relacionadas con casos de violencia intrafamiliar, los niños y las niñas, el maltrato infantil, las personas adultas mayores, entonces pues ¿qué es lo que pasa si hay tan pocas comisarías para esta cantidad de población?”, agrega que una de las consecuencias a estas falencias, es la revictimización que pueden vivir por las demoras en los trámites.
Ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Cali y la capital del Llano, son los territorios donde la violencia intrafamiliar ha sido más alta en el 2024. Se han registrado 3. 131 casos de violencia de género e intrafamiliar en el Departamento del Meta, de estos 1. 536 se han presentado en Villavicencio, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública.
Ante el panorama de violencia en el municipio, se suma que, de las cuatro comisarías existentes, solo una cuenta con el servicio de 24 horas todos los días, para atender tanto el área urbana como rural. Pese a que, hasta hace poco, las antiguas instalaciones tenían diversas fallas de infraestructura como espacios sin puertas que generaban revictimización y “el psicólogo está abordando a los niños, y todo el mundo está escuchando, no hay un espacio digno para prestar la labor”, esto se ha venido mejorando con la medida de cambio de sede, pero en temas como las garantías laborales y las condiciones para la atención digna y sin barreras, no se han suplido de forma completa como lo estipula la Ley 2126 del 2021.
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Entre las denuncias recepcionadas por El Cuarto Mosquetero, se encuentra el incumplimiento en los pagos de turnos extras, al implicar trabajo nocturno y en días festivos, “nos pagan el salario, pero si estamos en Semana Santa y festivos no hay días compensatorios ni económicos”. Así mismo, expresaron que tienen una sobrecarga laboral, llevando a las y los trabajadores a laborar mensualmente 100 horas de más, lo que les ha implicado interponer derechos de peticiones para solicitar que sus derechos laborales sean respetados.
A través de este medio, se consultó a la Dirección de Personal de la Alcaldía sobre el adeudo con esta y otras comisarías. La respuesta de dicha dirección fue que están al día con los pagos correspondientes a las comisarías primera, segunda y tercera. Sin embargo, indicaron que a la cuarta «durante el año 2023,-fecha de su existencia-, no se le reconocieron los recargos ni el trabajo suplementario». Ahora bien, esta situación persiste para finales del 2024, y aunque aseguran que «esta administración municipal está llevando a cabo las acciones pertinentes» para garantizar el cumplimiento de esa obligación laboral, dichas acciones, no reflejarían la necesidad ni la realidad de las y los trabajadores.
La solución que por ahora le da la comisaría a sus trabajadores es “no trabajar los fines de semana o festivos”, o “tomar días compensatorios”, lo que les ha parecido complejo conociendo que la responsabilidad de suplir la atención de la denuncia en horas nocturnas o fines de semana es de esta sede y que los casos de violencia intrafamiliar no están supeditados a los horarios de oficina, ni se programan de acuerdo a cuando estas dependencias están abiertas, además se preguntan, “¿Si no trabajamos quién presta el servicio?”.
Francy Moncada, señala que al contar con una solo comisaría que recepcione los casos 24 horas expone a una “mayor vulnerabilidad” y promueve la desconfianza institucional, ya que, “hemos visto, por ejemplo, en la ruta de Atención Integral de violencias contra las mujeres, gran parte de los feminicidios estaban en algún lugar de la ruta, entonces, el que solamente haya cuatro y con un horario reducido hace también que las personas sientan desconfianza”, precisa que esa percepción de no acudir a denunciar se da porque las personas en su mayoría mujeres que acuden para ser atendidas, no cuentan con el tiempo, ni con el recurso económico para que las reciban al día siguiente, lo que instala una barrera al acceso a la justicia, “si como víctimas se siente que no hay una respuesta rápida, adecuada, eficiente, por parte de las instituciones la gente se pregunta ¿yo para qué voy a denunciar esta situación?”.
Adicional a la falta de equipamiento, capacidad para la atención y condiciones de remuneración dignas, también se ha sumado, el incumplimiento para garantizar el desplazamiento al equipo interdisciplinario para la atención de casos, argumentan que son escasas las posibilidades para contar con transportes y que “nos ha tocado irnos en moto”, lo cual complica la labor de este organismo y la exposición del equipo de profesionales, así como de a quién se le restablecen sus derechos”, lo que iría en contravía de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 2126 del 2021 donde es específica en señalar qué, las Alcaldías municipales y distritales deben contar con la disponibilidad para, “ofrecer medios de transporte adecuado para el traslado de los funcionarios con el fin de practicar pruebas, realizar verificación de derechos, efectuar rescates, como también para el traslado de niñas, niños, adolescentes, mujeres, y cualquier persona víctima de violencia intrafamiliar a lugares de protección y aislamiento”.
Desde el pasado 22 de agosto, la Comisaría Cuarta se ubica en el barrio La Grama; así lo informó la Secretaría de Gobierno y Posconflicto a través de su cuenta de Facebook, “este cambio busca optimizar la prestación del servicio”. Sin embargo, una de las personas denunciantes, afirma que “no es la instalación que esperábamos” y que “nos trajeron sin servicios de Internet” (…) “estamos luchando por ver cómo hacemos los procesos”. Para este momento, ese servicio ya se instaló en el lugar, sin embargo, los equipos no cuentan con una antena, la cual permitiría conectarlos a la red Wi-Fi. La ley es clara en indicar que las comisarías deben contar con instalaciones que respondan a las necesidades propias del servicio y que garanticen espacios que protejan el derecho a la intimidad, condiciones dignas de trabajo para el personal, dotación adecuada a las necesidades del servicio y la ubicación geográfica, unidades sanitarias habilitadas para el público, dotación de medios tecnológicos por parte del ente territorial, garantizando las audiencias virtuales y un transporte permanente.
A las dificultades anteriores se les sumaba la falta de “personal de apoyo”. Cuando se hallaban en el barzal, no contaban con el equipo interdisciplinario completo, ni con la posibilidad de solicitar practicantes, puesto que “la Alcaldía no permitió el pago de ARL” por lo que no fue posible vincularles. Ahora en la nueva sede, manifiestan que el equipo ya está completo, y que ya les permiten la solicitud de pasantes.
Si bien, algunas medidas han sido tomadas para el mejoramiento de las condiciones de la atención de las Comisarías de Familia, es clara la falta de planeación para garantizar lo estipulado en la Ley, no solo por la administración actual de Baquero, sino también la anterior de Felipe Harman que desde el inicio cuando cortaron un «listón color púrpura» y manifestaron que “inauguramos la comisaría 24 horas, un espacio donde se les atenderá de manera continua en temas relacionados con violencia intrafamiliar”, son falencias que aún repercuten en las barreras de acceso a la justicia y que las mujeres estén más expuestas a que estas violencias escalen y puedan terminar en feminicidio.
Sin atención digna para las mujeres en las periferias
Villavicencio cuenta con diez comunas y siete corregimientos que son acogidos por cuatro comisarías ubicadas en casco urbano -excluyendo a la periferia-. Su atención al público está delimitada a nivel territorial de la siguiente manera:
Lo anterior indica que, si se requiere acudir a alguna de estas dependencias durante el horario de atención, se debe dirigir exclusivamente a la que corresponda a la comuna y corregimiento de residencia. Aunque la denuncia puede ser recepcionada donde a la mujer le sea más fácil y el proceso de restablecimiento de derechos solo puede iniciarse en la jurisdicción correspondiente.
Esto puede generar complicaciones en el proceso, ya que redirigir el caso a la comisaría correspondiente dilata el trámite y deja a las mujeres en una situación de incertidumbre. Al no recibir una respuesta rápida, no se culmina el acompañamiento y ese registro no queda en las cifras oficiales, para Francy Mocada, lo anterior, teniendo en cuenta el acceso a justicia de quienes se encuentran en la centralidad no suple sus requerimientos. Precisa en que, si se tiene en cuenta las variables territoriales, otras personas mantienen desventajas sociales, geográficas y económicas para el acceso a la justicia, “si pensamos en una ciudad como Villavicencio que tiene tantos barrios y zonas periféricas, pues la mayoría de personas, en estos casos, tienen menos recursos, entonces estas personas se podrían ver más afectadas al acceso”.
Como lo indicó en su momento la Veeduría de Mujeres Libres de Violencia, en el departamento del Meta, quienes hacen control social a la implementación en la ruta de atención de la Ley 1257 del 2008 que vela por una vida libre de violencias, “es necesario empezar a planear la ciudad para las mujeres en las periferias, en donde también sufren violencias las mujeres y no hay comisarías”. A su vez, la Ley 2126 de 2021 contempla que se debe garantizar “el servicio de las Comisarías de Familia en los sectores rurales y de difícil acceso de su territorio con presencia de Comisarías móviles para su oportuna atención”, las cuales, hasta el momento, no se han implementado.
En el documental, “Mujeres en las periferias de Villavicencio, sin condiciones dignas para la vida”, realizado desde El Cuarto Mosquetero, refleja las barreras para el acceso a la atención de servicios básicos, la intensificación de la violencia basadas en género y la exclusión territorial que viven las mujeres que presentan casos por esta razón. Algunas de ellas son migrantes que, por los impactos del conflicto armado, se han desplazado a territorios como la capital del Meta, buscando nuevas oportunidades y lo que han encontrado es una ciudad que no garantiza el acceso a la justicia.
En el Meta el panorama no mejora
Desde El Cuarto Mosquetero, realizamos un diagnóstico cartográfico sobre el funcionamiento de las rutas de atención en algunos municipios del departamento del Meta, que si bien tendrá un espacio más desarrollado en una próxima entrega, arroja información importante como que la Comisaría de Mesetas tampoco tiene su personal completo, cuenta con una comisaria y un psicólogo como parte de su equipo, mientras se adelantan los procesos de contratación de un profesional en derecho y otro en desarrollo familiar.
Así como en Villavicencio, se identificó una importante limitación en esta dependencia: la ausencia de un medio de transporte que facilite el desplazamiento del equipo interdisciplinario hacia las zonas rurales. Esta carencia afecta la capacidad de respuesta frente a casos de violencia intrafamiliar y violencia sexual, así como la realización de rescates, la verificación de derechos y actividades de promoción, prevención y seguimiento de los procesos que se encuentran en curso en la comisaría, mucho más teniendo en cuenta que este tipo de municipios no solo son afectados por las violencias machistas, sino por el conflicto armado.
Muchas mujeres han perdido la fé en una atención a tiempo e integral, “son rutas inútiles que en ocasiones no sirven; esperamos que se puedan ejecutar algún día”. También, fue reiterativo en las respuestas que la desarticulación de la institucionalidad impacta de manera negativa sobre la percepción de acudir a las rutas, ya que genera desconfianza y el acompañamiento queda a medias, especialmente en las zonas rurales. Además, destacaron que “en este momento no hay ruta de atención establecida” y que “la ruta que funcionaba era muy lenta, poca atención a las víctimas”. Esta situación implica que las personas cuyos derechos han sido vulnerados deben desplazarse por largas horas hasta la cabecera municipal, ya que en sus corregimientos no existen organizaciones o entidades que activen las rutas de atención necesarias.
Una lideresa de una zona veredal compartió su experiencia al acompañar un caso de violencia que intentó denunciar en el casco urbano del municipio de Mesetas. Sin embargo, la denuncia no fue recibida, ya que argumentaban que no la podían recepcionar sin dar más explicaciones. Ante esta negativa, fue necesario establecer un enlace con la Veeduría Mujeres Libres de Violencia, en Villavicencio, para revisar y gestionar el caso.
En el caso de Uribe, Meta, las cifras suministradas por la comisaría de Familia indican que las violencias denunciadas representan el 80% a mujeres y el 20% a niños, niñas y adolescentes, y que cuando se atienden las respectivas denuncias para el restablecimiento de derechos a las víctimas, el transporte con el que se cuenta son motocicletas.
Esta situación es recurrente en varios municipios del sur del Meta. De no ser atendidas las víctimas en sus respectivos territorios, deben desplazarse hasta Granada, que es donde entidades asociadas a la ruta tienen sus sedes, pero de no ser posible la atención, las personas se dirigen al municipio más central, el cual sería Villavicencio. ¿Pero, si esta ciudad no cumple con la población que tiene -una Comisaría por cada 100.000 personas- qué posibilidad hay de atenderles de manera integral?
Aunque instituciones manifiestan implementar estrategias que permitan parar la violencia contra la mujer -entre ellas la Gobernación del Meta-, lo cierto es que, este año, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, la violencia de género en las mujeres representa el 79,7%, un porcentaje que evidencia que lo implementado hasta el momento no ha sido suficiente para garantizar una vida libre de violencias en este territorio.
¿Y los fondos de la Estampilla para la Justicia Familiar?
Como parte de la contribución a la financiación de las Comisarías de Familia, la Ley 2126 de 2021 autorizó a las asambleas departamentales y concejos municipales a crear la «Estampilla para la Justicia Familiar».
En Villavicencio se adoptó, por medio del Acuerdo 600 de 2023, que se recogería el 2% sobre el valor bruto de cualquier contrato y sus adiciones celebrado entre personas naturales y jurídicas con la administración municipal, sus establecimientos públicos y empresas sociales, industriales y comerciales del Estado. Se exceptúan los contratos de prestación de servicios que sean inferiores a diez salarios mínimos legales mensuales y vigentes. El agente recaudador es la Tesorería Municipal. Desde este medio, se solicitó a la tesorería el recaudo hasta el mes de septiembre, el cual reúne alrededor de 870 millones de pesos.
Esto deja evidencia de que los recursos realmente no han sido usados para el fortalecimiento de las comisarías de Familia. Además, el municipio de Villavicencio debía implementar, dentro de un plazo de tres meses a partir de su sanción el 29 de noviembre de 2023, el procedimiento para la asignación y entrega de los recursos provenientes del tributo. En este contexto, se enviaron derechos de petición en abril y nuevamente en octubre a la Dirección de Justicia solicitando claridad. Hasta la publicación de esta nota no se ha dado respuesta.
Es importante mencionar que, recientemente la Administración Municipal, encabezada por Alexander Baquero, presentó el Proyecto de Acuerdo 031 de 2024, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal, “por medio del cual se modifican los acuerdos 515 de 2021, 546 de 2022, 600 de 2023, y se dictan otras disposiciones en materia de estampillas y tasas municipales”. Estos tres acuerdos tienen en común que son tributos que se recaudan, sin embargo, la modificación del acuerdo sobre la Estampilla para la Justicia Familiar le da potestad al alcalde de turno, para reducir las cargas tributarias de las Empresas Industriales y Comerciales del municipio y de esta manera que el recaudo sea menor.
La situación actual evidencia un alarmante panorama para las personas que acuden en búsqueda de justicia a las Comisarías de Familia, ya que, con recursos sin ejecutar para el mejoramiento del funcionamiento de estas dependencias, la falta de condiciones dignas tanto para quienes trabajan en ellas, así como para las víctimas y sobrevivientes a las cuales no se les garantiza la atención oportuna y los ciclos de revictimización por parte del Estado que se profundizan, generan brechas de desigualdad, inequidad y pocas posibilidades para el desarrollo de los proyectos de vida de las personas y el verse expuestas a que las agresiones escalen.
Para Francy Moncada, es importante hacer “un llamado para revisar cómo las políticas públicas en cuanto al tema del acceso a la justicia y que también estamos haciendo frente al tema”, ya que la participación ciudadana y el control social podrían generar una discusión más amplia sobre esta situación.
Este artículo también deja ver los esfuerzos de muchas comisarías por cumplir su función de brindar atención y protección ante el abandono institucional, y también visibiliza que es fundamental para garantizar una vida libre de violencias en Villavicencio y el departamento del Meta el cumplimiento de lo establecido en el marco normativo y escuchar las voces en las periferias, ruralidades y quienes acuden a estos servicios, para comprender e implementar acciones reales de prevención de acuerdo a sus necesidades, y que no se siga naturalizando que este territorio sea uno de los más violentos para las mujeres, niñas y niños.
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