Incertidumbre después de tres meses del falso positivo judicial contra Greissy Perilla

Lo que era una noche apacible se convirtió en el inicio de una pesadilla para Greissy Perilla, su hermana Karla Perilla y todos sus seres queridos.

El 18 se septiembre, Karla se encontraba durmiendo cuando recibió una llamada a las 3:00 de la mañana a su celular “para decirme que me fuera para la casa de mi hermana en La Esperanza, llegó la Policía y que le estaban allanando la casa” explica la joven quien inmediatamente junto a su compañero llegó al lugar, pero no la dejaron entrar, así que tuvo que ver todo el despliegue que significó ese operativo como si se tratase de una gran criminal “había un bus, dos camionetas y un montón de policías”.

Ese día Greissy Alexandra Perilla Vargas enfrentaba una dolorosa realidad, la de convertirse en un nuevo caso de falso positivo judicial, según denuncian su familia y amigos, quienes no entienden cómo pudo haber sido imputada la joven por concierto para delinquir, obstrucción a vías que afecten el orden público y terrorismo, si lo único a lo que se ha dedicado es al trabajo comunitario y a soñar un país con justicia social

Greissy vivía con dos personas más en el apartamento que arrendó en La Esperanza, a quienes intentaron confiscarle sus celulares y computadores, pero como uno de ellos era abogado, hizo respetar el procedimiento; ellos no estaban involucrados, por ende, no tenían porqué confiscarles nada. Sin embargo, la Policía tomó fotos desde a los libros, hasta a los afiches con los cuales los jóvenes decoraban su hogar –como si pensar diferente fuera un delito- y tuvieron que ver con impotencia el allanamiento que le hicieron a su compañera.

Finalizado el procedimiento a las 6:20 de la mañana, Greissy fue transportada a la URI de Villavicencio, por ello su hermana Karla se fue a su casa a recoger algunas cosas para llevarle ante la difícil situación que estaba viviendo, sin embargo, al llegar allí, se enteró que ella ya había sido trasladada a la capital del país “La Fiscalía de Bogotá directamente la mandó a pedir, sólo duró 20 minutos en la URI de Villavicencio”.

sacaron a todos los inquilinos del tercer piso, los pusieron contra la pared y tuvieron que aguantarse todo el accionar que para ellos fue desmedido, porque la Fiscalía no tenía la certeza de en qué apartamento vivía la lideresa

Pero la pesadilla que estaban viviendo las hermanas Perilla, también la tuvo que afrontar su madre, ya que, ante la falta de certeza de la ubicación de Greissy por parte de la Fiscalía General de la Nación, al mismo tiempo que en Villavicencio estaban adelantando el allanamiento, se lo hicieron a su madre en la ciudad de Bogotá. Los Policías de la DIJIN  no sabían ni siquiera en qué apartamento vivía la licenciada, así que todos los habitantes del edificio tuvieron que sufrir traumas psicológicos y hasta físicos, “Donde vive mi mamá rompieron la chapa de la puerta del primer piso a las 3:00 de la mañana” explica Karla. Su madre escuchó el timbre, abrió la ventana y se preparó para abrirles, los nervios la superaron, no encontraba las llaves para abrir la chapa, ya que ella se encierra con llave pues  asegura que el barrio en el que viven es peligroso.

“Mientras ella bajó a abrirles, los policías de la DIJIN rompieron la chapa del primer piso y la puerta del tercer piso. Al realizar el procedimiento no enseñaron en ningún momento la orden de allanamiento” contó Karla. Según el abogado que lleva el caso, el procedimiento fue ilegal y por ello lo denunció en la audiencia de legalización de captura, ya que tanto la madre de Greissy como todas las personas que vivían en el edificio tenían el derecho de saber qué estaba sucediendo y el nombre de la persona a la cual estaba buscando. Además, sacaron a todos los inquilinos del tercer piso, los pusieron contra la pared y tuvieron que aguantarse todo el accionar que para ellos fue desmedido, porque la Fiscalía no tenía la certeza de en cuál de los tres apartamentos vivía la mamá de la lideresa.

Delito 1: Terrorismo y obstrucción a vías públicas que afecten el orden público.

Greissy aproximadamente hace un año se había radicado en Villavicencio, especialmente por el fuerte vínculo que tiene con su hermana karla quien vive desde hace varios años en la capital del Meta. Primero estuvo buscando opciones laborales, y debido a su profesión y trabajo con comunidades, es contratada por la Universidad de los Llanos (Unillanos) en la ciudad de Villavicencio –Meta, como docente investigadora en el marco de un proyecto de cooperación internacional financiado por GIZ, el cual consistía en el fortalecimiento de un observatorio de territorio como contribución y aporte a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en los municipios de Tillava, El Castillo y Lejanías Meta.

También se desempeñó como docente y tallerista en la Corporación Ecoamen, acompañando a las y los campesinos que de manera voluntaria en la erradicaron de los cultivos de la hoja de coca en el municipio de Lejanías y Uribe Meta, donde se realizó veeduría y acompañamiento al Programa Nacional Integral de Sustición de Cultivos de Uso Ilícito para entender desde la narrativa de las comunidades campesinas cuál ha sido la realidad de su implementación.

Finalmente, en el momento de su captura Greissy trabajaba en la fundación DHOC (Derechos Humanos del Oriente y Centro el Colombia) con sede en el departamento del Meta, como defensora de derechos Humanos y miembro del equipo técnico. Trabajando allí realizó la formulación y ejecución de un proyecto de investigación social cuyo fin es la entrega de un informe final a la Comisión de la Verdad (CEV) sobre mecanismos de afrontamiento, resistencia avances y retrocesos en la ruta de reparación a las víctimas de El Castillo y Lejanías con especial enfoque en el sujeto étnico Nasa en Mesetas- Meta.

Lo que se convierte en el primer interrogante contra las pruebas manejadas por la Fiscalía, de que está implicada en los desmanes que hubo en el marco del paro nacional del #21N en Bogotá, ya que su argumento se basa en que dentro de la banda criminal, Greissy “participa activamente en protestas sociales en Bogotá y maneja actividades delictivas con alias Justo y alias Martín”.

A Greissy en el informe de la Fiscalía del operativo denominado “21N” la identifican como alias “La Pola”, a pesar de que según su hermana Karla, nadie la llamaba de esa manera. Efectivamente la joven licenciada y madre de dos hijos, conocía a las otras personas que están implicadas en la investigación, puesto que en el 2018 los había distinguido cuando realizaron el diplomado “Mecanismos de participación y acceso a la justicia”, dirigido a líderes comunales y población reincorporada de las FARC-EP en la localidad de Kennet en Bogotá, pero su relación no pasaba de una buena amistad.

Sin embargo, el Gobierno Nacional y medios de comunicación como Blu Radio informaron que habían capturado a una gran “célula de terrorismo urbano vinculada a grupos residuales”, en el marco de “Operativos en varias zonas del país contras vándalos que estarían infiltrando la protesta social”. Según sus explicaciones, Greissy sería una de las culpables de que en Bogotá cientos de personas hubiesen estado involucradas en las afectaciones al portal de Transmilenio de Las Américas y la estación de banderas, y en general los desmanes que ocurrieron en esa fecha.

Efectivamente Greissy participó el 21 de noviembre en la jornada de Paro Nacional, pero no en Bogotá, sino en Villavicencio, al igual que las miles de personas que se movilizaron tanto en la capital del Meta como a nivel nacional, exigiendo su derecho a vivir y laborar dignamente. Ella se movilizó desde el Centro Comercial Viva hasta el parque central, pero luego se fue a trabajar, ya que el 25, 26 y 27 de noviembre estaría en Vista Hermosa adelantando unos talleres. Su vida continuó normal, sin imaginar que 10 meses después sería recluida.

Delito 2: concierto para delinquir

Su participación en la supuesta banda criminal radica, en dos encuentros que tuvo con “Rut” en el conjunto donde ésta última residía en Bogotá, la primera el 26 de octubre del 2019 –quizá la reunión más “comprometedora” por ser antes de la fecha de la movilización- y en enero del 2020. Tuvo dos reuniones en el 2020 con “Justo”, primero el 28 de enero en una cafetería y el 25 de febrero con todos, charlando en un parque. Sin embargo, ninguna evidencia más allá de su amistad, que estén o fueran a cometer concierto para delinquir.

Es importante resaltar, que varios políticos e inclusive organizaciones sociales, también han levantado su voz de indignación por la captura de Justo Ernesto Villarraga, líder comunitario y militante del partido Colombia Humana. Este adulto mayor de 73 años quien tiene cáncer, fue acusado de ser quien lideraba la célula terrorista que se supone reclutaba jóvenes universitarios para desestabilizar la protesta social y causar daños a las estaciones de Transmilenio. Él hacía parte activa de la consulta en defensa del metro subterráneo. La mayor prueba contra Justo al igual que Greissy son las llamadas telefónicas que sostenían con alias “Martín”.

El 10 de enero del presente año, Greissy habló vía telefónica con “Martín”, inicialmente sobre si cada cual iba a asistir a movilizaciones que se adelantarían en el país en los próximos meses; a lo que él responde que hace mucho tiempo no volvió a asistir a marchas y ella le cuenta que no sabe si asistirá, porque está muy ocupada y está priorizando solucionar sus problemas económicos. Además, hablan de lo ‘jodido’ que está el país con tantos actores armados, sobre las diversas disidencias, sobre el ELN y el EPL y que hay que hacer algo por mejorar las condiciones de vida de las y los colombianos. Hablan de todo, pero en realidad no generan ninguna conclusión, inclusive mencionaron que tal vez sus llamadas podrían ser monitoreadas. Y efectivamente sí tenían sus líneas interceptadas, pero la licenciada durante los 50 minutos que duró la llamada, siempre habló como quien no teme nada, probablemente sin imaginar que semanas después él sería capturado y ella resultaría involucrada.

Alias Martín fue capturado a comienzo del año por ser el “encargado de la estructura armada y rural (…) recibía órdenes en ese sentido de alias Iván Mordisco y alias Gentil Duarte” informó en su momento RCN. El hombre quien por ahora sigue sindicado de varios delitos y esperando a ser condenado, pero según información publicada por El Tiempo, registró a Justo y a Greissy entre las personas que autoriza a que lo visiten, lo cual quieren tomar como prueba para demostrar la culpabilidad de Greissy, ante la falta de audios contundentes en el material audiovisual que tiene en su poder la Fiscalía.

Entre las pruebas anexadas por la Fiscalía también está el que a ella le hicieron un giro de $46.000 pesos, el 14 de enero de este año sin un destinatario específico, que posiblemente para adelantar su labor delictiva, como si se tratara de una suma destacada. Curiosamente la mayoría de pruebas de Greissy y su relación con las ocho personas a quienes les imputaron estos cargos, son de este año y no de antes cuando aún vivía en Bogotá y estaba supuestamente formando células delincuenciales.

Delito 3: Integrante de célula urbana de las FARC

Aunque en realidad no fue imputada por rebelión, dentro del archivo criminal de Greissy, sí evidenciaron en varias partes que hace parte de células urbanas de grupos residuales, especialmente por las llamadas y encuentros mencionados anteriormente y por ser la “encargada de seleccionar y reclutar el personal para un grupo denominado COLECTIVO”.

Es importante tener en cuenta que, aunque en el “Informe Final del 21N” habla sin mayor profundidad de su labor reclutando jóvenes para el “COLECTIVO”. Sus familiares y amigos sí narran que Greissy desde muy niña se ha caracterizado por su pasión hacia la escritura, la lectura, el dibujo y en general, hacia la enseñanza. Por ello, es docente e investigadora y siempre tuvo claro que su papel para aportar a la sociedad era su rol de educadora “porque para ella la educación es la herramienta que permite conocer la sociedad para transformarla. Para transformar esas condiciones de desigualdad en la que vivimos algunas personas” explica Karla. Quien añade, que precisamente esa sensibilidad de su hermana, la llevó a desde muy joven a trabajar en los barrios populares de la capital del país, realizando preicfes populares y talleres de alfabetización con grupos de jóvenes los cuales se organizaban como colectivos populares y barriales.

Pero su trabajo en los sectores populares de Bogotá no evidencia que tenga entre sus objetivos el reclutar a jóvenes para que hagan parte del frente segundo de las disidencias de las Farc-EP, como evidentemente tampoco pudo ser evidenciado en las pruebas que durante 10 meses estuvieron recogiendo las autoridades, pero que sí fue uno de los grandes argumentos que transmitieron en medios de comunicación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, quienes conocen a Greissy Perilla, solicitan que avance con celeridad la investigación, ya que confían en que ésta evidenciará la inocencia de la lideresa, debido a que, dentro del material probatorio, no hay más argumentos que el de conocer a los implicados en la investigación y creer que desde su profesión puede aportar a los procesos de transformación social en el país.

Mientras tanto, Greissy fue remitida con intramural a la cárcel para mujeres El Buen Pastor, pero debido a la emergencia sanitaria generada por el covid-19, se encuentra recluida en las celdas del DAS en Paloquemao, conversando con su familia, recibiendo su total apoyo y esperando que no tenga que pasar tres años tras las rejas antes de quedar absuelta. “La blindaremos y estaremos más fuertes y demostraremos que mi hermana no es la terrorista que están tildando en los medios de comunicación, que ser líder y defensora de derechos humanos, no puede seguir siendo un delito en este país, y que a diferencia de lo mencionado por el Fiscal en la audiencia de imputación de cargos en donde manifiesta como si fuese una sentencia que “este caso va a dejar un precedente en las protestas sociales del país”, nosotras y nosotros no tenemos miedo porque la protesta social no es un delito, es un paso hacia la libertad y está amparada constitucionalmente” concluyó Karla.

Lina Marcela Álvarez Camargo

Comunicadora Social y Periodista. Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina. Fundadora del colectivo y medio de comunicación alternativo El Cuarto Mosquetero. Desde la comunicación trabaja los temas de género, paz y ambiente.