AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
Amenazan a líderes comunales en Puerto Gaitán, Meta
En las veredas Matarratón y El Porvenir de Puerto Gaitán, el riesgo para liderazgos comunales continúa siendo evidente. La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello denunció que los presidentes de ambas JAC fueron amenazados mediante mensajes intimidantes y material audiovisual violento, un hecho que se suma a años de disputa por la tierra.
Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal -JAC- de las veredas Matarratón y El Porvenir, en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, atraviesan un nuevo episodio de intimidaciones que aumenta el riesgo para líderes, lideresas y comunidades campesinas en este territorio.
La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello -CCNPB- hizo pública la denuncia Nº 58, en la que advierte amenazas directas, mensajes violentos, material audiovisual con contenido sensible y exigencias de reunión bajo coacción. El caso ocurre en un territorio donde históricamente se han documentado disputas por la tierra, presencia de actores armados y reiterados llamados de alerta por parte de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos.
Mensajes violentos dirigidos a líderes comunales
El presidente de la JAC de la vereda Matarratón, Elkin Salgado, recibió el 18 de noviembre de 2025 varios mensajes intimidantes. En ellos, un presunto integrante armado le ordena asistir a una reunión y se identifica como “Cristian Camilo”. Los textos estaban acompañados de un video que muestra el homicidio y desmembramiento de una persona.
Al día siguiente, continuaron las amenazas: fotografías de un arma de fuego y municiones, nuevas exigencias para reunirse y una llamada de voz que determinaba un lugar específico al que debía acudir con el libro de afiliados de la JAC. En los mensajes aparecía como foto de perfil una mujer uniformada, con un arma larga y una bandera de Colombia con las siglas FARC-EP. Se informó de inmediato a la Administración Municipal de Puerto Gaitán, la Policía y la Fiscalía, según la denuncia publicada.
Un patrón similar vivió Arnulfo Bonilla, presidente de la JAC de la vereda El Porvenir, quien el mismo día recibió mensajes desde el mismo número, con idénticas exigencias y un video de homicidio. Tras la primera comunicación, los archivos enviados fueron eliminados por el remitente para impedir posible registro.
El presidente de la JAC de la vereda Matarratón, Elkin Salgado, recibió el 18 de noviembre de 2025 varios mensajes intimidantes. En ellos, un presunto integrante armado le ordena asistir a una reunión y se identifica como “Cristian Camilo”. Los textos estaban acompañados de un video que muestra el homicidio y desmembramiento de una persona.
Al día siguiente, continuaron las amenazas: fotografías de un arma de fuego y municiones, nuevas exigencias para reunirse y una llamada de voz que determinaba un lugar específico al que debía acudir con el libro de afiliados de la JAC. En los mensajes aparecía como foto de perfil una mujer uniformada, con un arma larga y una bandera de Colombia con las siglas FARC-EP. Se informó de inmediato a la Administración Municipal de Puerto Gaitán, la Policía y la Fiscalía, según la denuncia publicada.
Un patrón similar vivió Arnulfo Bonilla, presidente de la JAC de la vereda El Porvenir, quien el mismo día recibió mensajes desde el mismo número, con idénticas exigencias y un video de homicidio. Tras la primera comunicación, los archivos enviados fueron eliminados por el remitente para impedir posible registro.
Antecedentes de riesgo en Matarratón y El Porvenir
La Corporación Claretiana asegura que estas amenazas se suman a un contexto prolongado de hostigamientos contra líderes y lideresas del proceso de recuperación de tierras en El Porvenir y Matarratón. En el pasado, organizaciones campesinas han denunciado patrullajes de hombres armados en zonas como La Portuguesa y Matarredonda, así como intentos de intimidación en espacios interinstitucionales relacionados con la Sentencia SU-426 de 2016, que ordena la adjudicación de predios a comunidades históricamente vulneradas.
Entre los antecedentes relevantes, la denuncia pública recuerda la desaparición y posterior hallazgo sin vida, en enero de 2022, de Luz Marina Arteaga Henao, médica y lideresa campesina y las denuncias de “limpieza social” y restricciones ilegales impuestas a la población: “las personas de bien no deben estar en la calle después de las 10:00 pm”.
La Defensoría del Pueblo incluso había emitido la Alerta Temprana 017-20, donde se señala la presencia de estructuras armadas herederas del paramilitarismo y de grupos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La organización social recuerda que la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas comunales debe ser una obligación prioritaria del Estado. En su comunicado, señalan que la inseguridad persistente exige medidas inmediatas y coordinadas entre entidades territoriales y nacionales.
Llamados urgentes
Se insta a diferentes instituciones a garantizar la vida y la protección de liderazgos en el marco de cada una de sus funciones:
-A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa, garantizar seguridad en las veredas y establecer un puesto de mando unificado.
-A la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, cumplir la Sentencia SU-426 de 2016 y asegurar la recuperación material de los predios de El Porvenir.
-A la Fiscalía General de la Nación, investigar los hechos y determinar el origen de las amenazas.
-A la Defensoría del Pueblo, documentar los incidentes y dejar constancia en los informes dirigidos a la Corte Suprema de Justicia.
-A la Procuraduría General, velar por el cumplimiento de los compromisos institucionales.
-A la Alcaldía de Puerto Gaitán, fortalecer las medidas de protección en las veredas.
-A la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acompañar el seguimiento a la situación de los líderes campesinos.
El Porvenir y Matarratón han sido escenarios de tensiones históricas por el uso y la propiedad de la tierra. Las comunidades campesinas reclaman allí procesos de formalización que vienen desde hace décadas, respaldados por fallos judiciales que han ordenado adjudicaciones y restituciones.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, este año han asesinado a 174 líderes y lideresas defensoras de derechos humanos en el país. Esta organización social también alerta por el asesinato de 37 firmantes de paz, los dos últimos en la región: José Giovany Paiva Pérez, quien hizo parte del ETCR Jaime Pardo Leal en Colinas, San José del Guaviare. Actualmente adelantaba su proceso de reincorporación en el municipio de Granada, Meta; y Alberto Rivera Forero en Puerto Concordia.
En este contexto, los líderes y lideresas de las Juntas de Acción Comunal cumplen un papel central para el acceso a derechos básicos y la defensa del territorio. Las amenazas recientes vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes asumen estas vocerías y la necesidad de garantías efectivas para su labor.
Lea también: El hambre silenciosa de comunidad indígena Sikuani en Vichada
La Corporación Claretiana asegura que estas amenazas se suman a un contexto prolongado de hostigamientos contra líderes y lideresas del proceso de recuperación de tierras en El Porvenir y Matarratón. En el pasado, organizaciones campesinas han denunciado patrullajes de hombres armados en zonas como La Portuguesa y Matarredonda, así como intentos de intimidación en espacios interinstitucionales relacionados con la Sentencia SU-426 de 2016, que ordena la adjudicación de predios a comunidades históricamente vulneradas.
Entre los antecedentes relevantes, la denuncia pública recuerda la desaparición y posterior hallazgo sin vida, en enero de 2022, de Luz Marina Arteaga Henao, médica y lideresa campesina y las denuncias de “limpieza social” y restricciones ilegales impuestas a la población: “las personas de bien no deben estar en la calle después de las 10:00 pm”.
La Defensoría del Pueblo incluso había emitido la Alerta Temprana 017-20, donde se señala la presencia de estructuras armadas herederas del paramilitarismo y de grupos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
La organización social recuerda que la protección de la vida y la integridad de líderes y lideresas comunales debe ser una obligación prioritaria del Estado. En su comunicado, señalan que la inseguridad persistente exige medidas inmediatas y coordinadas entre entidades territoriales y nacionales.
Llamados urgentes
Se insta a diferentes instituciones a garantizar la vida y la protección de liderazgos en el marco de cada una de sus funciones:
-A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa, garantizar seguridad en las veredas y establecer un puesto de mando unificado.
-A la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, cumplir la Sentencia SU-426 de 2016 y asegurar la recuperación material de los predios de El Porvenir.
-A la Fiscalía General de la Nación, investigar los hechos y determinar el origen de las amenazas.
-A la Defensoría del Pueblo, documentar los incidentes y dejar constancia en los informes dirigidos a la Corte Suprema de Justicia.
-A la Procuraduría General, velar por el cumplimiento de los compromisos institucionales.
-A la Alcaldía de Puerto Gaitán, fortalecer las medidas de protección en las veredas.
-A la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, acompañar el seguimiento a la situación de los líderes campesinos.
El Porvenir y Matarratón han sido escenarios de tensiones históricas por el uso y la propiedad de la tierra. Las comunidades campesinas reclaman allí procesos de formalización que vienen desde hace décadas, respaldados por fallos judiciales que han ordenado adjudicaciones y restituciones.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -INDEPAZ-, este año han asesinado a 174 líderes y lideresas defensoras de derechos humanos en el país. Esta organización social también alerta por el asesinato de 37 firmantes de paz, los dos últimos en la región: José Giovany Paiva Pérez, quien hizo parte del ETCR Jaime Pardo Leal en Colinas, San José del Guaviare. Actualmente adelantaba su proceso de reincorporación en el municipio de Granada, Meta; y Alberto Rivera Forero en Puerto Concordia.
En este contexto, los líderes y lideresas de las Juntas de Acción Comunal cumplen un papel central para el acceso a derechos básicos y la defensa del territorio. Las amenazas recientes vuelven a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes asumen estas vocerías y la necesidad de garantías efectivas para su labor.
Lea también: El hambre silenciosa de comunidad indígena Sikuani en Vichada
